El país pierde cada vez más la capacidad de abastecerse de sus recursos naturales por las prácticas de extracción que han afectado el suelo de manera significativa. Esto hace necesario la formulación de nuevas políticas públicas.
De acuerdo con el mapa mundial de justicia ambiental, Colombia se ubica en el segundo puesto entre los países con mayor cantidad de conflictos ambientales reportados, gran parte de estos derivan de las actividades de extracción mineroenergética.
Según explicó Santiago Malaver, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), el país en los últimos años ha basado su discurso de desarrollo económico en la locomotora mineroenergética, donde básicamente se cambia el modelo económico de uno agroindustrial a uno extractivista comercial.
Sin embargo, ante esta locomotora extractiva también se han presentado resistencias por parte de las comunidades afectadas. Esto ha generado bastantes y recurrentes movilizaciones de la ciudadanía para oponerse a tal modelo.
Por ejemplo, los campesinos de Valparaíso (Caquetá) marcharon para rechazar la explotación de petroleó a través de fracking en su municipio.
En Colombia desde el año 1961 ha decrecido la biocapacidad, es decir, la capacidad de un área biológicamente productiva de generar un abastecimiento de recursos y absorber los desechos resultantes de su consumo. Debido a esto, se han cuestionado las implicaciones de la locomotora extractivista que, según los expertos en medioambiente, desde que en el país aumentó la minería, los efectos ambientales por la extracción de estos materiales son irreversibles.
Entre las consecuencias más devastadoras se encuentra la contaminación de las aguas y el aire, la pérdida del suelo y la biodiversidad y la generación de grandes cantidades de residuos.
A eso se suma, según el investigador Malaver, la deuda ecológica, entendida como la deuda acumulada por países industrializados respecto a países del tercer mundo, afectados por el saqueo de recursos, los daños ambientales, la ocupación de espacios para depositar desechos, entre otros.
Asimismo, resaltó la importancia de generar conciencia desde lo micro, en la que participarían sujetos, familias y pequeñas organizaciones que deben identificar qué aportes aumentan la sustentabilidad y propenden por mantener un uso de recursos moderado.
La necesidad de una política de suelos
En el libro Derechos ambientales en disputa: algunos estudios de caso sobre conflictividad ambiental, editado por Gregorio Mesa, docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, explica que los principales conflictos ambientales sobre el suelo se deben a la descoordinación y desarticulación de las acciones alrededor del manejo de este en el país.
Frente a esto, se propone formular una política pública para la Gestión Ambiental de Suelos (GEAS) que defina límites a las acciones humanas, las cuales hasta ahora han generado degradación y contaminación de los suelos.
Para esto, es necesario crear planes, programas y proyectos que, teniendo en cuenta la vocación de cada tipo de suelo, planteen las actividades para satisfacer las necesidades básicas humanas, de tal forma que se minimicen los conflictos derivados del uso y manejo inadecuado y las consecuencias que ello trae.
“Hasta ahora el suelo es usado y apropiado sin las limitaciones y restricciones ambientales que son necesarias para su conservación o eventualmente para su preservación. Por tal razón, se hace necesario identificar los aspectos que requieren reglamentación y regulación para que sean desarrollados de forma sistémica, coherente y armónica, mediante la formulación de políticas públicas”, concluye la investigación.
