Presidente Juan Manuel Santos, explicó cómo funcionará la justicia transicional con los civiles involucrados en el conflicto armado. Por su parte, las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC se han declarado en sesión permanente con el propósito de llegar a acuerdos lo antes posible.
El Mandatario dijo que los civiles que aparezcan en investigaciones de la justicia ordinaria por haber interactuado con guerrilleros o paramilitares, con ocasión del conflicto interno, deben dar su testimonio de la verdad, para que cese todo procedimiento y el Tribunal Especial lo considere cosa juzgada.
Durante su intervención en un foro empresarial del Diario La República, precisó que se considera actores del conflicto tanto a los agentes del Estado, como a la guerrilla, y a los civiles que hayan intervenido.
El Jefe el Estado afirmó que si, por ejemplo, “un empresario aparece en un expediente que el paramilitar tal o el guerrillero tal lo menciona: ‘es que estuvimos en una reunión con fulano’. Aparece ahí. Esa persona hoy ya es sujeta de un proceso en la justicia ordinaria y tarde o temprano la van a llamar y le van a decir deme explicaciones, la justicia ordinaria, por qué usted estaba en esta reunión o por qué usted pagó esta plata”.
A renglón seguido, el Presidente señaló que “ese empresario o esa persona que aparece en ese expediente puede ir a decir: mire yo estuve allá, efectivamente, estuve allá porque me estaban extorsionando, me obligaron, o porque yo estaba pensando que si yo contribuía con plata me podía proteger mejor”.
Aseveró que esas personas “con su declaración, con su testimonio de la verdad, quedarán simplemente sujetas a que les eliminen su proceso y entonces cesa todo procedimiento en contra de ellas y será cosa juzgada”.
Indicó que quienes colaboraron con la guerrilla o con los paramilitares porque fueron extorsionados o amenazados no tienen por qué temer.
“No tienen que temer absolutamente nada, porque van a ser tratadas exactamente con el mismo criterio, incluso más generoso, que aquellos de los otros dos actores (guerrilla y agentes del Estado) que no cometieron crímenes de lesa humanidad”, aseguró.
Consideró el Mandatario que se trata de “una muy buena noticia” porque “hay más de 12 mil expedientes (en la Fiscalía General) donde se mencionan terceros. Pues todos ellos, si tienen algún temor, pueden ir y aclarar su situación y ya eso es cosa juzgada ante este Tribunal Especial”.
Tribunal Especial
Igualmente, el Mandatario sostuvo que “solamente serán juzgados por el Tribunal Especial aquellos que hayan cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Esos deberán ser objeto de juzgamiento y sanción por parte del Tribunal para la Paz”.
En ese orden de ideas dijo que el Tribunal Especial solo juzgará a civiles cuando “haya existido participación determinante en la comisión de los delitos más graves y representativos”.
Especificó que el Tribunal Especial actuará contra un tercero civil si éste, “sea empresario o no empresario, tuvo que haberse reunido con el paramilitar o con el guerrillero, y que juntos planearon una masacre, vamos a desaparecer a este pueblo, vamos a cometer esta atrocidad”.
“Solamente en esos casos un tercero podrá ser objeto de sanción por parte del Tribunal Especial”, puntualizó.
Polos opuestos
El Presidente Santos también reiteró, una vez más, que el hecho de que la justicia transicional vaya a aplicarse tanto a los agentes del Estado como a la guerrilla, no significa poner en pie de igualdad a militares e insurgentes.
“A la guerrilla la juzga bajo la premisa de que todo lo que ha hecho la guerrilla durante todos estos años ha sido ilegal, o sea se presume culpable. En cambio a los miembros de nuestra Fuerza Pública porque cometieron algún error porque cometieron algún crimen, relacionado con el conflicto, se presume que todo lo que han hecho ha sido legal”, precisó.
“Son dos polos totalmente opuestos, o sea que no sé por qué algunos siguen repitiéndolo que estamos tratando de equiparar a los unos y a los otros”, añadió.
Recordó, por último, que desde el principio él prometió a los miembros de la Fuerza Pública que no iba a repetirse la situación en la que “un guerrillero se mete a destruir una institución del Estado y ese guerrillero sale libre y es elegido. Y el soldado que defiende esa institución le clavan 40 años de cárcel. Eso no lo voy a permitir”.
Sesión permanente
Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP se han declarado en sesión permanente con el propósito de llegar a acuerdos lo antes posible.
Durante los próximos días trabajarán por separado en el análisis de las propuestas sobre cese al fuego y de hostilidades, dejación de armas, garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales, responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.
Las características y funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación que se desprende de la resolución 2261 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Los negociadores destacaron los importantes acuerdos alcanzados estos días con relación a la seguridad jurídica del Acuerdo Final y la salida de menores de los campamentos de las FARC-EP, acuerdos vitales para la seguridad de todas las partes involucradas en el conflicto y medidas de confianza para la sociedad.
También anunciaron que en los próximos días se espera puedan ser concretados los protocolos y plan transitorio de acogida que permitan el regreso de los menores de 15 años.
El martes 31 de mayo se reunirán en la Mesa para continuar las discusiones.
