Se trata de una ponencia que cursa en el Consejo de Estado que busca tumbar la sanción disciplinaria que existe en su contra. La Sala Plena evaluará si el ex ministro del Interior y de Justicia podría volver a ocupar cargos públicos. La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó en 2004 por abuso de autoridad y conflicto de intereses. De fallar en favor del ex ministro ¿Será esta la ficha a jugarse el Centro Democrático?
Una ponencia en el Consejo de Estado pide anular la sanción de 15 años de destitución e inhabilidad que la Procuraduría General de la Nación le impuso al ex ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, por realizar gestiones a favor del consorcio italiano Recchi, del que fue apoderado, haciendo uso de sus facultades como ministro.
El 16 de noviembre de 2004, la Procuraduría emitió un comunicado en el que informaba que “por realizar gestiones a favor del consorcio italiano Recchi, del que fue apoderado judicial, haciendo uso de sus poderes como Ministro del Interior y de Justicia” era sancionado con destitución e inhabilidad de 15 años.
En el fallo la Procuraduría consideró que el ex ministro incurrió en conflicto de intereses y usó abusivamente su autoridad como segundo hombre más importante de la República después del Presidente.
El alto tribunal en pleno deberá decidir si la Procuraduría vulneró o no el derecho al debido proceso de Londoño. El argumento que usó el Ministerio Público en su momento sustentaba que “la falta disciplinaria fue cometida a titulo de dolo, pues por sus condiciones personales y profesionales el señor Londoño Hoyos tenía conocimiento de la normatividad y actuó así pese a que “debía dar el máximo ejemplo de moralidad, transparencia e imparcialidad”.
El ex ministro que fue jefe de cartera en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez se habría desempeñado como abogado de un consorcio que tenía un contrato con el Estado para la ejecución de un tramo de la vía Bogotá-Villavicencio, en este se presentó un conflicto de interés que terminó en una sanción por valor de 13.958 millones de pesos, por tal razón el Invias expidió la resolución 5257 para el pago de la multa interpuesta luego de que el ex ministro interviniera ante esta entidad.
Esta sanción ya se estudia en el Consejo de Estado, pues según el magistrado ponente, el ex funcionario pretendía proteger los bienes de interés público.
