Uno de los casos más delicados que ha denunciado la Contraloría es que los contratistas de la Gobernación de La Guajira, para 2014 y 2015, son las mismas Fundaciones sin ánimo de lucro que, aun ya habiendo sido cuestionadas por su gestión, se han unido en diferentes consorcios, para monopolizar las contrataciones. Comunidad Wayúu pide ante la Corte Suprema de Justicia que se declare el “Estado de Cosas Inconstitucional”.
Ante la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, 16 autoridades del pueblo Wayúu, diversas organizaciones como la ONIC -Organización Nacional Indígena- y de justicia, solicitaron que el alto tribunal declare el “Estado de Cosas Inconstitucional”, por la omisión sistemática de las autoridades, en lo relativo a la crisis de desnutrición que afecta en especial a los niños del departamento de la Guajira.
Estas organizaciones respaldaron una tutela que interpuso Elson Rodríguez Beltrán contra el Presidente de la República Juan Manuel Santos, seis Ministerios, el ICBF, el Departamento de Prosperidad Social, y diversas autoridades de la Guajira y del orden nacional.
Con la tutela el ciudadano pretende que se ordene al Estado a dar cumplimiento a las medidas cautelares que profirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“En el presente caso, el Estado no ha logrado demostrar que la omisión del derecho se debe a una falta de recursos económicos o a razones más allá de su control (tales como desastres naturales o ausencia de alimento). Del análisis de los factores que contribuyen a la vulneración de derechos fundamentales se desprende que, por el contrario, no solo existen los recursos económicos necesarios para atender la emergencia humanitaria, sino que además existe suficiente comida en el país para enfrentarla. Sin embargo, es la debilidad institucional a nivel departamental y municipal, el desinterés estatal en resolver la situación, y al deficiente control en la ejecución de los recursos, los que han impedido consolidar una política efectiva para atender la crisis. Estas son todas causas imputables al Estado que deben ser saneadas y corregidas por él mismo”, indica la tutela.
Contraloría encontró hallazgos fiscales por $16.792 millones en el PAE y paquetes nutricionales de La Guajira
De acuerdo con un informe de la Contraloría General, lo que más se evidenció fueron pagos de mayor valor por ración alimenticia. También, la entrega de raciones que no cumplen con las condiciones de gramaje establecidas.
El hallazgo fiscal de mayor cuantía es de $11.419 millones y corresponde a un contrato suscrito con el Consorcio Nutriendo Escolares de la Guajira, donde se pagó un mayor valor por ración.
Uno de los hallazgos en la entrega de paquetes nutricionales, es que se encontraron productos de origen venezolano, sin registro del INVIMA ni sanitario y, además, sin certificado de importación.
La contraloría también denunció que sigue imperando la contratación directa para otorgar la operación del PAE, por parte de los municipios del departamento.
Los mismos contratistas y los mismos hallazgos
Durante el ejercicio auditor, se pudo determinar que los contratistas en la Gobernación del Departamento de la Guajira, para las vigencias 2014 y 2015, siguen siendo los mismos y entre ellos conforman consorcios o uniones temporales, con lo se configura un evidente monopolio.
Se trata de las ya cuestionadas fundaciones sin ánimo de lucro, Fundación Kabala, cuya representante legal es María Angélica Araujo Noguera, y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del César (ASOALIMENTARCE) en la que figura como representante legal Ivis Del Carmen Rosado Robles; quienes conformaron el Consorcio Alimentemos Juntos, para la ejecución del Contrato No. 503 de 2014, y Consorcio Nutriendo Escolares De La Guajira, para la ejecución del Contrato No. 194 de 2015, según informó la Contraloría.
Se siguen evidenciando falencias en la ejecución del PAE, aun con otras fuentes de recursos que generan contrataciones de sumas elevadas de inversión de recursos públicos. Retrasos en la ejecución de los programas, y evidentes deficiencias en las labores de vigilancia y seguimiento a la ejecución contractual, fallas en la supervisión e interventoría contratada.
Mientras que para el programa de seguridad alimentaria a través de la entrega de paquetes nutricionales, se evidenciaron hallazgos relacionados con la no efectiva focalización e identificación de las familias beneficiadas, se advierte deficiencia en la supervisión e interventoría, productos de origen venezolano que no cuentan con registro INVIMA, ni con el respectivo registro sanitario y certificado de importación.
Adicionalmente, la distribución de los alimentos perecederos se hace hasta en un lapso de dos semanas, afectando así la calidad del producto y poniendo en riesgo la salud de los beneficiarios.
Sin recursos para ejecutar
Después de conocerse el informe de la Contraloría General, La W conoció que la ex gobernadora Onedia Pinto para el período de 2016 adjudicó contratos dobles ejecutando el presupuesto de este programa para todo el año en menos de 6 meses.
Esto significa que los niños de La Guajira se quedaron sin recursos de la Gobernación para alimentarse los seis meses restantes de este 2016.
Es por eso que el gobernador encargado Jorge Enrique Vélez pidió a la ministra de Educación, Gina Parody, recursos para subsanar esta situación. Desde Ministerio ya se giraron 8.500 millones que serán ejecutados por el mismo Vélez.
Para evitar que los recursos sigan en manos de los mismos el gobernador encargado pasó la responsabilidad de los dineros a la arquidiócesis de La Guajira, lo que está ocasionando discusiones entre los alcaldes de la región y la Gobernación.
En busca de respuestas
La Fiscalía General de la Nación acaba de ordenar una serie de exhumaciones en La Guajira a los cuerpos de menores que habrían muerto por desnutrición.
El motivo es esclarecer si hubo negligencia por parte de los padres de los niños y si efectivamente la muerte se debió a deficiencias en su alimentación.
El ente acusador solicitó 15 exhumaciones pero hasta el momento solo 4 familias han autorizado este procedimiento.
Esta es la primera de varias diligencias que adelantará el ente acusador en el departamento en medio de la investigación por muertes de menores y corrupción tras alimentación escolar.
