Noticias, Confidencial, Colombia, Cali, Medellin, Bogota, ¿Impunidad o nulidad?

El Senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, presentó un auto en el que solicitó a la Comisión de Instrucción del Senado anular todo lo realizado en la investigación en contra del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt. Por su parte, un grupo de Senadores que se oponen a la iniciativa de Gaviria, propondrá ante la plenaria del mismo ente, acusar al magistrado ante la Corte Suprema de Justicia.

En el documento el Senador afirma que Julián Bedoya, quien presentó las pruebas en contra de Pretelt, habría manejado erroneamente el probatorio y además habría limitado la defensa del magistrado, por lo que él considera que se violó el debido proceso y solicita formalmente la nulidad del proceso que se adelanta:

“El estudio de este expediente me reafirmó en la idea de que la Cámara y el Senado difícilmente pueden estar en condiciones de adelantar un juicio como Dios manda. Las desviaciones procesales y la negligencia en la formación y transcripción de cada pieza que integra el expediente son la constante” dice la carta que fue enviada a Juan Manuel Corzo, Presidente de la Comisión de Instrucción del Senado.

Gaviria señala que el “caso Pretelt” presenta presión mediática por investigar, juzgar, y condenar el Magistrado y anticipa que su postura generará polémica y discusión:

“A quienes exigen al Senado que proceda a condenar al magistrado Pretelt porque tienen la convicción íntima de que delinquió, ha de respondérseles que el Representante Instructor vulneró el principio de legalidad, lo cual constituye una violación flagrante del derecho fundamental al debido proceso. Y que si el Senado no declara la nulidad, por la vía de una acción de tutela terminaría reconociéndosele al magistrado su derecho al debido proceso por parte de un juez constitucional” recalcó el congresista del Centro Democrático.

El Senador también arremete en contra de la manera en que fue redactado el documento y destaca una aparente falta de ortografía y de coherencia conceptual:

“Este expediente -un instrumento del derecho y de la justicia-, es una bofetada a la ortografía, a la morfología, a la sintaxis, a las reglas de redacción. Pero, además, es un monumento a la incoherencia conceptual, a la impericia, a la falta de pertinencia en las preguntas, a la inconducencia de las apreciaciones y a la irrelevancia de las indagaciones.

La incoherencia conceptual, las transcripciones enrevesadas y las sistemáticas fallas ortográficas, hacen que la primera lectura se parezca más bien a la resolución de un complejo jeroglífico”.

Y concluye: “Semejante desgreño gramatical y ortográfico tiene su correspondencia en lo que respecta al estudio de los temas propiamente jurídicos. Aquí, la redacción fue a la gramática y la ortografía, lo que la indagación a la lógica o lo que los autos al derecho penal y al derecho procesal penal”.

Finalmente, Gaviria manifestó que Bedoya tampoco hizo ninguna consulta a un libro de derecho penal, por lo que considera que la decisión fue bastante apresurada, teniendo en cuenta que Pretelt sería el primer personaje con fuero, que sería juzgado por la comisión de acusación.

Senadores proponer llevar el “caso Pretelt” ante la Corte Suprema

Según reveló El Tiempo, el senador por el Partido Liberal Guillermo Santos afirmó que un grupo de senadores propondrá ante la plenaria del Senado acusar al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt ante la Corte Suprema de Justicia.

“Nosotros nos vamos a apartar de esa propuesta del doctor José Obdulio, vamos a hacer salvamento de voto y vamos a llevar nuestra propuesta al seno del Senado de la República y la vamos a defender porque consideramos que tenemos la razón”, le dijo Santos a EL TIEMPO.

El senador agregó que el grupo de senadores lo integran él, Roosevelt Rodríguez (de la U) y Guillermo Prieto (Alianza Verde), los cuales integran también la comisión instructora de Senado que conoció del proceso.

Pretelt fue investigado por la Comisión de Acusación por presuntamente haber pedido 500 millones de pesos para favorecer una tutela interpuesta por la firma Fidupetrol. El caso generó una conmoción en la Corte Constitucional, pues la denuncia fue presentada por el entonces magistrado Mauricio González Cuervo.