La Policía Metropolitana de Bogotá seguirá con su nueva sede sin edificarse. La Alcaldía tan solo adelanta estudios con el fin de reactivar las obras que fueron iniciadas desde 2010, aparte de esto se extendió la suspensión del proyecto hasta el 1 de febrero del 2017.
La construcción de la nueva sede de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue contratada a finales de 2010 en el mandato de Samuel Moreno, y esta debía ser entregada en diciembre de 2012 en el gobierno de Gustavo Petro. Por el momento y sin tener mayor avance, este contrato ha tenido casi 50 prórrogas, siendo suspendido desde finales del año 2014 y su fecha de terminación es un misterio.
Se había estimado que esta obra sería entregada el 15 de marzo de 2016, pero su contrato finalizo y al momento solo están las vigas que le darían soporte al edificio.
Añadido a lo anterior, este proyecto también se afectó, como muchos otros contratos, por la época del “carrusel”. Es por este motivo, que la sede de la Policía de Bogotá está llena de dudas e irregularidades. Actualmente el esqueleto de la gigante estructura esta en continuo deterioro y sigue generando gastos, pues para su recuperación habar que echar mano de otros miles de millones.
El proyecto está ubicado en la carrera 56 con calle 22, en el barrio Salitre Sur. Los diseños establecen con un diámetro de 20 metros de ancho por 128 de largo, 39.000 m2 de área construida, seis pisos y un sótano. La obra se ve afectada primeramente, porque durante la construcción, aparecieron grietas e inconsistencias en los hundimientos de los pisos, y al quedar en duda la estabilidad de la estructura.
Para reactivar la obra, la Secretaría de Seguridad de la actual administración, contrató a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, estos evaluaron las condiciones de la estructura. Existe la duda de, si es mejor demoler lo construido y volver a empezar, o de lo contrario, retirar los trabajos mal hechos para salvar partes de la infraestructura con un reforzamiento.
En el estudio de los ingenieros contratados por el Distrito, se revisaron las placas de concreto de los entrepisos donde se presentaron los hundimientos, así como los muros, los cimientos y las columnas. Aunque indicaron que, en general, cumplen condiciones mínimas, descubrieron que en algunas zonas no se garantiza la mínima seguridad de la estructura.
Luego de conocer el informe de los ingenieros contratados, la Secretaría de Seguridad extendió la suspensión del contrato de obra hasta el 1° de febrero de 2017. Este tiempo se el necesario para llevar a cabo mesas de trabajo junto a la Procuraduría.
