En uno de los momentos más importantes de la historia nacional, como el acuerdo del cese al fuego, hostilidades y dejación de armas, Colombia también se apresta para conmemorar, el próximo 4 de julio, el primer cuarto de siglo de la expedición de la Constitución de 1991.
Este doble acontecimiento supondrá nada menos que la verdadera finalización del largo siglo XX colombiano, pues culminará una era marcada por la lógica de confrontación armada.
En tal sentido, la profesora María Luisa Rodríguez Peñaranda, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), considera que son varias las conquistas que se conmemoran con la Constitución. Entre ellas, el énfasis en la dignidad humana, los controles y límites a los estados de excepción que permitieron superar la perversa normalización del estado de sitio. También, la pérdida de investidura para congresistas, el reconocimiento y protección de la diversidad cultural y el acceso al Congreso de las minorías étnicas y afros mediante circunscripciones especiales.
Además, la Corte Constitucional ha sido el principal órgano encargado de la guarda de la Carta Magna y la tutela, herramienta de defensa de los derechos fundamentales.
Garantías para la paz
Sin embargo, ante un nuevo escenario de posacuerdo, para la experta surgen al menos tres grandes desafíos constitucionales. El primero, lograr que ese nuevo pacto para la paz brinde garantías que permitan la libre competencia por el acceso al poder, dentro de las reglas de la democracia, en igualdad para todos los partidos y movimientos, sin el recurso de la violencia.
En su concepto, es urgente aprobar el estatuto de la oposición, consagrado en la Constitución de 1991, pero aún sin desarrollo legal, el cual es considerado como la principal herramienta de los partidos para ejercer la crítica, gozar de presencia mediática y constituirse en alternativa real de poder en el marco de una democracia que proporcione seguridad a los actores políticos.
Para el segundo desafío, es importante tener en cuenta que la vocación de la Constitución ha sido promover los derechos y el litigio incluyente. Respecto a este último, para lograr la eficacia de tales derechos, las personas tienen que hacer uso de acciones constitucionales como la tutela y, de por lo menos, una decena de instrumentos por los cuales es posible reclamar el cumplimiento de las promesas de salud, educación, vida digna, seguridad social y ambiente sano.
Sin duda, considera la profesora Rodríguez Peñaranda, hay un largo trecho entre la Constitución entregada por la Asamblea Nacional Constituyente y la actual, tras casi una cuarentena de reformas. Más que la modificación explícita de su contenido ha sido grandísima la labor impulsada por la Corte Constitucional y luego por la Rama Judicial, espacio donde la Carta Magna ha mostrado su maleabilidad para responder a los reclamos ciudadanos, en aras de mejorar sus condiciones de vida, hacerla más vivible o, lo que es lo mismo, digna.
La tercera gran promesa de la Constitución fue dejar sus ideales homogeneizadores sobre raza, lengua y creencias -población blanca o mestiza, castellana y católica-, que propiciaron la discriminación y exterminio de aquellos que pretendieron conservar sus culturas ancestrales.
El pacto de 1991 pretendió saldar una deuda histórica, para lo cual plasmó un reconocimiento explícito de la diversidad cultural de la Nación, lo cual permitió identificar 87 pueblos indígenas y 67 lenguas ancestrales. Igualmente, determinar la propiedad colectiva de sus tierras, comprender que el derecho de cada uno de estos pueblos es parte del derecho nacional y, por tanto, debe ser aplicado y respetado para su sobrevivencia cultural.
De igual modo, en los principales cuerpos de representación política, como el Congreso de la República, también se abogó por la participación y deliberación de los indígenas y afrodescendientes mediante una circunscripción especial.
Riesgos de los pueblos nativos
Pese a los grandes progresos jurídicos, la realidad política del conflicto armado ha llevado al traste a una buena parte de los grandes logros jurídicos. De hecho, los actores del conflicto usan los territorios indígenas como tablero de juego de sus estrategias militares y de financiación, expulsan a los pueblos y se apropian de sus recursos mediante la minería legal e ilegal, además de contaminar las aguas.
Hasta la fecha, recuerda la académica, no se ha tramitado la ley estatutaria de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la especial indígena. Paradójicamente, en el marco de la Constitución, que inspiró el estado multicultural y multinacional en la región, el riesgo de exterminio de los pueblos wayúu y nukak makú es mayor hoy día.
Tras 25 años de intentar hacer efectivo el Estado Social mediante el litigio, queda definido que mientras el mercado, el Estado y la sociedad no establezcan un nuevo pacto económico con la pretensión de igualdad real, los derechos sociales seguirán siendo posibles solo para aquellos que tengan los medios económicos y el tiempo para litigar.
La paz no se construye sin equidad y la lealtad a un nuevo pacto económico supone un compromiso importante con los derechos, sostiene la profesora María Luisa Rodríguez. Al respecto, considera que el Estado debe asumir los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, deben ser un compromiso por lo público.
El mayor desafío es la construcción de una nueva cultura política que suponga la aceptación real de la otra mitad del país, la rural, la campesina, de escasos recursos. Además, debe facilitar los proyectos vitales diferenciados, que entienda que la paz no es una opción, sino el único destino posible para la realización de los derechos, concluye la analista de la U.N.
