El Ministerio de Defensa de Colombia, mencionando con nombre propio a los militares responsables de la recomendación, anunció oficialmente los 12 Departamentos y 31 Municipios en donde estarán ubicadas 23 Zona Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 8 campamentos en donde las farc se concentrarán y proyectan la entrega o ¨dejación¨ de sus armas. (Opinión)
Tal mapa permite a estrategas militares y a maquinadores políticos, especular sobre lo próximo que vendrá en este compleja negociación cuyos acuerdos firmados el pasado 23 de Junio por el Presidente Santos y alias Timockencho en La Habana, están sellados por el escudo de armas de Cuba y vigilados por Maduro, entre otros.
Los requisitos que se tuvieron en cuenta para para la designación de tales zonas, señalados en el documento oficial, no se cumplen en el terreno. La condición que estuvieran localizadas ¨distantes de áreas de frontera¨, se contradice con la ubicación de las ZVTN en Arauquita, Tame, Tibú, Fonseca y La Paz, frontera con Venezuela, Puerto Asís y Policarpa, frontera con Ecuador y Dabeiba y Riosucio, frontera con Panamá.
El ¨que no estén ubicadas en áreas de cultivos ilícitos y explotación minera¨ es contraevidente pues tanto las zonas de concentración como las zonas campamentarias en su gran mayoría están en áreas de minería ilegal o cultivo de coca, conexas con los pasos fronterizos por donde sale la cocaína hacia los países vecinos. Como no habrá intervención policial ni armada allí, es previsible que estas áreas de economía ilegal continúen sin variación, lo que implica que Colombia seguirá siendo el primer productor de cocaína del mundo, con todas las consecuencias que esto trae: violencia, corrupción y desinstitucionalización. Las farc, durante el proceso de entrega de armas, seguirán implicadas en estas ilegalidades ante los ojos del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU, Comisión que manejará las mencionadas zonas. Otra característica, la de ¨que no estén ubicadas en áreas de infraestructura estratégica ¨ tampoco se cumple ya que Tibu (Catatumbo), Arauquita (Arauca) y Puerto Asís (Putumayo) son zonas de exploración y explotación petrolera e Ituango (Antioquia) de producción eléctrica.
Otro aspecto que llama la atención es la ubicación de algunas zonas de concentración y zonas campamentarias en Chocó, Arauca, Catatumbo, La Guajira, Córdoba y Cesar, áreas de fuerte presencia del eln, el otro grupo terrorista que ha venido fortaleciéndose militarmente y que se proyecta con gran poder, según un análisis de uno de sus ex cabecillas. Esto plantea un reto operacional para las Fuerzas Militares pues las zonas acordadas entre el gobierno y las farc se convertirán eventualmente en santuarios y escudos para los del eln que siguen en guerra, dedicados al narcotráfico y quienes quedarían amparados en territorios en los cuales no se pueden adelantar operaciones militares. Algo similar a las actuales Reservas Indígenas en donde se refugian delincuentes condenados que no pueden ser capturados por el Estado y en donde los indígenas han expulsado a la fuerza a los militares. Esto ha disparado los temores de quienes pronostican una fragmentación territorial del país, especialmente en sus áreas fronterizas.
Una superposición sencilla de mapas entre lo que en su momento las Fuerzas Militares llamaron Zonas Críticas y las ahora anunciadas ZVTN, demuestra una general coincidencia. Las mencionadas Zonas Criticas llevaron a la activación en su momento de las Fuerzas de Tarea que enfrentaron con relativo éxito estructuras narcoterrorista. Por efectos de esta nueva zonificación, tales unidades militares no pueden combatir el narcotráfico, ni la minería ilegal ni al eln lo que sería una desactivación de facto de Unidades de Combate, sin que las farc hayan entregado las armas. Una riesgosa prueba de confianza del gobierno de Santos.
La verificación de estas decisiones es talvez lo más peliagudo. El Estado, que ha permanecido ausente de muchas de las zonas en donde se han aposentado las farc y en donde se concentrarán para la dejación de armas, no tiene los recursos ni los medios suficientes para garantizar un control efectivo de estos espacios, mientras tiene que simultáneamente combatir a los terroristas del eln, las Bandas criminales, los crecientes carteles del narcotráfico, la minería ilegal y los Grupos Armados Organizados.
La movilización por todo el país de sesenta terroristas de la jefatura de la organización, sin cortapiso y escoltados no se sabe por quién, es otro tema polémico que para los pacifistas representa una labor pedagógica de paz y para los realistas una oportunidad única de hacer política en condiciones que los partidos tradicionales no lo han podido hacer por mucho tiempo.
Las campanas se han echado al vuelo muy pronto y el escepticismo sobre el proceso es el principal obstáculo para el asentamiento definitivo de la paz en Colombia. El Vicepresidente Vargas Lleras, consultado sobre la última puesta en escena de la Habana y refiriéndose a las farc dijo: ¨Ojala y cumplan¨, para el senador Uribe la Paz quedó herida, para el ex Presidente Pastrana se está haciendo la paz sobre una constitución rota, para el Procurador General de la Nación ¨La Paz no lo justifica todo¨ y tres hijos de anteriores presidentes han denunciado a Santos por traición a la patria. ¨No puede ser que la paz de Colombia nos la garanticen Maduro y Castro, dos individuos con mínima credibilidad en el país¨. ¨ me dijo un disgustado empresario, ¨Mal augurio, me dijo otro, no queremos convertirnos en otra Venezuela y pareciera que para allá vamos¨. ¨No habrá post conflicto, mejor hablemos de post acuerdo¨ me dijo un militar de la Reserva Activa.
Los que guardan la esperanza de que efectivamente haya paz en Colombia, miran con preocupación al eln y con esperanza a algunos sacerdotes y jerarcas de la iglesia, muy cercanos a este grupo imbuido en la teología de la liberación. Pero sus sexagenarios cabecillas continúan asesinando soldados y policías y dinamitando oleoductos, en el entendido que esto les dará mayor fuerza de negociación, mientras su pie de fuerza aumenta y el narcotráfico se adueña de la organización.
Finalmente, llama la atención un último párrafo de los Acuerdo firmados en Cuba, que sentencia que el Estado perseguirá a todo lo que atente contra el proceso, lo cual ha generado dudas entre opositores y críticos al proceso y hace pensar que se está empezando a prefigurar el Delito de Opinión, de un inocultable sabor a socialismo del siglo 21.
