El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias concluyó que Julian Assange ha sido arbitrariamente detenido, no solo refiriéndose a los tres años que lleva asilado en la Embajada ecuatoriana en Londres.”Es una decisión legalmente vinculante”, afirmó Assange por videoconferencia durante una rueda de prensa, tras conocerse la decisión.
También se estima que el fundador de WikiLeaks ha sido injustamente tratado desde su detención, en diciembre de 2010, y su reclusión durante diez días en la prisión de Wandsworth.
Assange, quien presentó su caso a ese órgano de la ONU en 2014, se encuentra refugiado desde mediados de 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, adonde huyó para evitar su extradición a Suecia. Assange buscó refugio en la legación cuando el país escandinavo lo reclamó para interrogarle por tres acusaciones de acoso sexual y una de violación. Solo esta última pervive, las otras tres han prescrito.
En un comunicado, los expertos de la ONU han pedido a Suecia y Reino Unido que evalúen la situación de Assange “para garantizar su seguridad e integridad física, facilitar el ejercicio de su derecho a la libertad de movimientos y garantizar que goza plenamente de sus derechos garantizados por las normas internacionales sobre detención”. Asimismo, solicitan que termine su detención y exigen su “derecho de compensación”.
El Grupo de Trabajo creado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU considera arbitrario el arresto de Assange, a pesar de que este no está técnicamente detenido porque fue el australiano quien se refugió, voluntariamente, en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, una vez agotados los recursos que interpuso en suelo británico. Sin embargo, estima que Assange “ha sido sujeto de varias formas de privación de libertad”, desde su detención inicial en la prisión de Wandsworth, seguida de un arresto domiciliario y de su confinamiento en la Embajada. Además, los expertos de la ONU creen que otro de los argumentos que avala que la detención fue arbitraria es que fue recluido en una celda de “aislamiento durante la primera fase de su detención y por la falta de diligencia de la Fiscalía sueca en su investigaciones”.
Durante una rueda de prensa ofrecida en Londres horas después de conocerse la decisión de la ONU, Julian Assange, que ha intervenido a través de videoconferencia, ha defendido que “la decisión es legalmente vinculante”. “Esta decisión es una vindicación”, ha señalado el editor australiano, que ha lamentado el tiempo que lleva recluido: “Hecho de menos a mi familia”.
El exjuez Baltasar Garzón, abogado de Assange, afirmó que “es una de las decisiones más contundentes de la historia del Grupo de Trabajo”, y ha defendido, al igual que Assange, que la decisión del grupo de expertos de la ONU es legalmente vinculante: “Reino Unido es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Solo por ese hecho está obligado a cumplir las decisiones de ese grupo de trabajo”, ha añadido Garzón, quien ha afirmado que “cualquier prolongación de la detención se convierte ahora en tortura y malos tratos”.
El Gobierno británico ha rechazado el dictamen, poco después de conocerse, y ha confirmado que elaborará una respuesta formal a las conclusiones del panel de expertos. “Esto no cambia nada”, dijo en un comunicado a través del Foreign Office. “Julian Assange nunca ha estado arbitrariamente detenido”. El ministro de Exteriores británico, Philip Hammond, a ido un paso más allá y ha tildado de “ridículo” el dictamen de la ONU y ha asegurado que Assange es “un fugitivo de la justicia”.
La decisión del grupo de expertos, integrado por cinco especialistas en detenciones ilegales que no son funcionarios de la ONU y presidido por un surcoreano, ha sido tomada por tres de sus miembros. Una experta, de nacionalidad australiana al igual que Assange, se recusó a sí misma, mientras que otro de los miembros consideró que la situación del fundador de WikiLeaks “no es de detención”. El grupo de expertos analiza al año unos 400 casos. Se ha pronunciado en detenciones como las del presidente de Maldivas Mohamed Nasheed o el periodista de The Washington Post Jason Rezaian.
El equipo legal del editor de Wikileaks recurrió a esta instancia de la ONU planteando el caso del australiano como el de un refugiado político cuyos derechos no estaban siendo respetados. Aunque no está detenido, en la práctica no puede abandonar la Embajada ecuatoriana sin arriesgarse a que la policía británica le detenga.
