La nueva reforma de Santos II será una más de la larga saga de reformas anodinas, porque esta tampoco contribuirá a resolver problemas estructurales de la economía y la sociedad. [Opinión]
Colombia sigue haciendo reformas cada cuatro años para financiar los faltantes en el presupuesto del cuatrienio inmediato. Entonces, no puede haber reforma tributaria estructural porque el país no tiene proyecto de futuro, sino planes de gobierno, aunque sí tiene economías escondidas para las cuales la DIAN no existe.
La escasa tributación (18 por ciento del PIB frente al 37 y el 39 por ciento en Brasil y Chile, y más del 50 por ciento en países desarrollados) se debe a anomalías institucionales que se han consolidado porque hacen parte de los circuitos de elusión, y no solo a problemas de gestión en el recaudo, que también existen.
De esta manera, las “reformas” tributarias son de corto alcance, hechas para resolver el problema de caja del día siguiente, y recurren a las únicas fuentes seguras e inmediatas: los asalariados y los grandes capitales empresariales formales, porque la mayoría de los pequeños son evasores naturales y la economía informal solo está en el sistema tributario a través del IVA. Entonces la progresividad es defectuosa y limitada a unos pocos y, en consecuencia, tampoco hay equidad tributaria.
Reformas y modelo económico
Colombia tiene una grave fisura estructural: al no haber políticas de Estado no hay proyecciones de las necesidades de largo plazo para lograr umbrales superiores de desarrollo y no hay un sistema tributario que responda a las crecientes necesidades de caja del Estado. En los últimos 25 años la idea fue que prosperara una economía de mercado a como diera lugar en medio de una economía ilegal que se convirtió en cultura ilegal.
Al presidente Santos le dio por decir que Colombia sería el país más educado de América Latina en el año 2025. No midió en sus palabras la realidad del sistema de educación que tiene rezagos enormes de todo tipo y que para superarlos en los próximos 12 años debe hacer inversiones que no es capaz de lograr con los ingresos del Estado, así haya reducción gradual y sostenida del gasto militar.
Le faltan 10 billones en 2015, 47 billones para el cuatrienio, y 133 billones al 2025, según cálculos de la Alianza Verde. Es decir, la reforma que ha pupitrazo límpio se viene aprobando en el congreso, solo alcanzaría para las necesidades en educación de un solo año. Entonces, con reformas tributarias que van por cuatro, ocho o doce billones, y con un nivel de tributación tan bajo, no es posible financiar un proyecto de esa envergadura, cuando, además, la inversión alta en educación solo se justifica si hay inversión alta en investigación y en desarrollo productivo.
Los cambios cualitativos toman mucho más tiempo: Chile lleva 20 años impulsando la educación y aún no logra estándares deseados, siendo un país más pequeño, con continuidad en las políticas, ingreso per cápita más alto que el de Colombia, y con clara estrategia de desarrollo productivo de largo plazo.
Si el mismo ejercicio se hace en otros sectores estratégicos, una economía creciendo al 4 por ciento y algo más, con elevada evasión, elevada informalidad y sin política de desarrollo productivo, jamás a va a tener recursos para asumir los retos del desarrollo.
Política de desarrollo productivo y reforma tributaria
El presidente se pronunció hace dos semanas sobre la política de desarrollo productivo, aludiendo a la necesidad de atender más a la producción y no a nuevos TLC. Veremos cómo consigue impulsar esta política, pues esta tendría beneficios indudables sobre la economía del país:
– Puede jalonar un crecimiento alto y sostenido por encima del 7% durante un largo periodo.
– Puede garantizar un recaudo tributario mayor, y conducir a una alta tasa de recaudación.
– Puede abatir la informalidad de manera sostenida.
– Puede cambiar un modelo basado en las importaciones generador de empleo poco calificado que paga pocos impuestos.
– Puede fomentar el surgimiento de nuevas empresas, atraer empresas que produzcan bienes sofisticados y aumentar la participación de la economía formal de manera sostenida y, por tanto, toda esta dinámica, un pago mayor de impuestos.
– Puede generar condiciones para desarrollar la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación a estándares internacionales.
– Puede garantizar reglas tributarias estables dado que el desarrollo productivo es de largo plazo porque la transformación productiva y la innovación deben ser permanentes, y por tanto no debe haber incertidumbre como ahora ocurre.
Sin embargo, al no haber adoptado esta política, el sistema económico ha crecido atendiendo el día a día, y en esas condiciones no había necesidades ni condiciones para lograr ingresos altos para la Nación.
En un país serio con proyecto de nación, la política de desarrollo productivo es tan importante como una buena política macroeconómica, pues si esta es el respaldo estructural, aquella es el motor, porque a más de jalonar la economía también jalona la educación, la ciencia y la tecnología, el emprendimiento, el desarrollo regional, eleva el ingreso per cápita a tasas más altas, y reduce la inequidad.
En Colombia es a la inversa: por encima de la política macroeconómica no hay nada, y por eso es la única política de Estado realmente importante. Así, el Estado no puede desarrollarse porque no ha impulsado su sistema productivo, de innovación y emprendimiento, y en esas condiciones jamás dispondrá de recursos para lograrlo porque no ha tenido la necesidad de una reforma tributaria estructural.
Una interpretación bien fundamentada en la materia empieza por un cambio en el paradigma de pensamiento en la conducción del Estado. El dilema a resolver es el siguiente: Colombia sigue con un modelo de crecimiento neoliberal espurio, inequitativo, pobretón y dudoso, o cambia de rumbo hacia un modelo de sociedad basado en la productividad el conocimiento, la creatividad, las oportunidades y el bienestar de todos.
Qué hacer
Disponiendo de una política de desarrollo productivo y de innovación se pueden tomar medidas tributarias como las siguientes:
1. Eliminar las excepciones de renta a minería y petróleo para dedicarlas a sectores y actividades estratégicas de la política productiva, en educación y en recursos humanos e infraestructura para investigación básica que complemente las regalías de ciencia y tecnología que están dirigidas a investigación aplicada.
Sectores de futuro podrían ser: industrias de biotecnología, industrias para desarrollar un sector de salud de alta complejidad, educación, militar – aeroespacial, TIC, bienes de capital e intermedios de nueva generación, materiales (cerámicas, plásticos,…) agroindustria, energías alternativas, industrias creativas. Pero esos recursos y la orientación de la política deben ser para desarrollar nueva empresas nacionales y atraer inversión extranjera en los sectores clave y no de enclave.
2. Las regalías deben tener un componente deliberado que también sirva para impulsar polos, corredores, ciudades y regiones de innovación, donde los sectores estratégicos y el emprendimiento de la política productiva y de innovación puedan emerger y consolidarse, y se pueda atraer empresas y centros de investigación. Esto permitiría el surgimiento de grandes plataformas regionales de producción, innovación y emprendimiento.
3. Eliminar impuestos de renta a todos los dividendos, menos de los sectores del cambio estructural.
4. Eliminar excepciones tributarias a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y otros grandes contribuyentes en actividades distintas de las de la política productiva y de innovación, con lo cual habría recursos para impulsar nuevas empresas de alto valor agregado, innovadoras y de impacto en la transformación de la economía y de la sociedad.
Entonces, cabe preguntarse: ¿tiene el gobierno espacio y tiempo para pensar una reforma tributaria para modernizar y transformar la actividad productiva y la sociedad o las urgencias de una caja siempre escasa aplazarán una vez más la reforma tributaria que realmente Colombia necesita? Todo apunta a que será una reforma más porque la política para transformar la producción e incentivar la innovación aún está someramente en la cabeza de Santos y no es todavía una política de estado.
