El drama de los páramos de Cruz Verde y el Verjón en la frontera entre Bogotá y Choachí pareciera que es de nunca acabar . A los reiterados intentos por adelantar exploraciones mineras en su suelo se suma el hecho de que un fallo del Tribunal Superior de Bogotá pidió proteger esa zona ha sido ignorado desde 2010.
A las denuncias hechas por la comunidad de la vereda Agua Dulce en la nota ya publicada por Confidencial Colombia se suman los nuevos intentos de la empresa Cosargo S.A.S. de explorar en zonas que los campesinos consideran vulnerables.
La semana pasada, el jueves 5 de febrero, una retroexcavadora intentó subir por un antiguo camino real de más de cien años de antigüedad para empezar labores de exploración.
La entrada de la maquina generó la destrucción de una parte del camino, como lo denunciaron varios pobladores de la vereda. En las fotografías tomadas en el lugar de los hechos se puede observar como la retroexcavadora empezó a destruir la vía de acceso de los campesinos a las partes altas de la vereda, única manera de ingresar a sus predios y de sacar los productos agrícolas que cultivan.
La acción de los pobladores redundó en la detención de las acciones de la empresa minera hasta el día de hoy. Sin embargo, este tipo de situaciones están generando un mayor descontento entre los campesinos. Para el próximo 14 de febrero se tiene programada una asamblea en la que se socializarán las principales problemáticas y posibles líneas de acción para evitar que los dos páramos terminen siendo víctimas de los afanes mineros de la empresa.
Por otro lado, Confidencial Colombia tuvo acceso a un fallo de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en el cual se protegen estos dos páramos, de la acción humana y se obliga los pobladores que allí se han asentado y, consideran que el área es propiedad privada, a que cesen actividades que sean incompatibles con la protección de esa reserva.
Este fallo obedece a una acción popular instaurada en contra de varias personas que han considerado este páramo como propiedad privada generando conflictos por esas tierras entre algunas familias, lo cual desembocó en el asesinato de la abogada Jackeline Amaya el pasado mes de diciembre. Entre los accionados se cuentan Víctor Julio Sabogal Mora, Noel Petro, Álvaro Pava Camelo y Rafael Amador Amaya.
Además, los predios en los que se encuentra asentada la familia Sabogal, que corresponden al Parque Matarredonda, han sido señalados de ser usados para sacar el agua con que se están realizando las perforaciones con las que la empresa minera está explorando el subsuelo de las inmediaciones del páramo. A esto se suma que en el fallo del tribunal se señala que en la zona de páramo Víctor Julio Sabogal ha utilizado la tierra para sembrar papa y para criar cerdos. Estas actividades atentan contra la destinación específica de las áreas protegidas. También, señala el fallo que los accionados deben reforestar con especies nativas para recuperar esa zona de reserva.
El fallo también es claro en ordenar que las autoridades deben abstenerse de emitir licencias urbanísticas o títulos mineros en el área protegida. Sin embargo, existe un título minero a favor de Cosargo S.A.S. para explotación de material de construcción en la zona de páramo.
Así las cosas, a pesar de las decisiones judiciales, como la del Tribunal, o de las advertencias de los entes de control, como la contraloría sobre el título minero expedido, el páramo de Cruz Verde y el del Verjón siguen corriendo peligro poniendo en riesgo la provisión de agua de los municipios de Choachí, Ubaque y la misma Bogotá ya que el parque Matarredonda sigue siendo considerado propiedad privada sin que exista un control sobre el agua que genera esa parte del páramo.
