Gustavo Petro empezó este martes el proceso de indagatoria ante la Fiscalía General por los posibles errores que se presentaron en los contratos de arrendamiento de los camiones recolectores a Estados Unidos. El mandatario asume la primera de dos investigaciones del ente judicial desde el Palacio de Liévano.
El Alcalde Mayor de Bogotá afronta este martes el primero de los dos procesos penales que tiene en la Fiscalía. La primera diligencia tiene que ver con las presuntas irregularidades que se cometieron en los contratos de arrendamiento de los vehículos recolectores de basura.
Según el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, lo que se busca es que Petro “explique cuáles fueron los motivos que tuvo para hacer los cambios en materia de recolección de basuras” y las medidas que adoptó la administración distrital para “evitar daños ambientales.”
Una vez finalice el interrogatorio, que empezó a las 10 de la mañana en el Palacio para que el alcalde Petro tenga la facilidad de entregar los documentos de las diferentes dependencias, el ente investigador analizará las pruebas y decidirá si se cierra o no la investigación.
Por su parte el secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, dijo que “estamos seguros de que todas las actuaciones que ha surtido la Alcaldía en el tema del aseo son completamente ajustadas a la legalidad.”
Además Asprilla aseguró que la Alcaldía no tiene ninguna obligación de demostrar que los contratos realizados para traer los camiones son legales porque “tiene presunción de legalidad” y que “los que tienen que demostrar que son ilegales son aquellos que impugnan”. Sin embargó le parece curioso que “en este caso específico de impugnación, la acción de la Fiscalía se origina por una denuncia interpuesta por un señor que es del clan de los Nule.”
El secretario de Gobierno del Distrito manifestó que confían en la “providad de las autoridades” y que espera que “den ante la opinión pública y ante la ciudadanía garantías del cumplimiento de las obligaciones que la Constitución Política les establece.”
A la fecha sólo se ha presentado una multa por el tema de los camiones recolectores y fue la impuesta por la filial del Acueducto, Aguas de Bogotá, empresa del distrito que se encarga de la recolección de basuras, hacía la intermediario Unión Temporal de Aseo Districapital, que se encargaría de la entrega de los camiones, por 50 millones 107 mil 500 pesos.
Como la indagación se realizaría el pasado viernes, el Alcalde dijo que “nunca me imaginé que reciclar ocasionara tanto sabotaje” y agregó que no le asusta que lo “amenacen con la cárcel” y que “no nos asusta que la única empresa operadora de aseo que tiene todos los días la visita de la Fiscalía, la Contraloría General, la Contraloría Distrital, la Personería Distrital, la Superintendencia de Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos, la única que reciba todos los días sin dejarnos trabajar, sea el operador público”.
Frente a ese tema el fiscal Montealegre aclaró que “esto no es una persecución política” y señaló que “el Señor Alcalde puede tener absoluta tranquilidad de que tendrá todas las garantías constitucionales. No se trata de un proceso con fines políticos ni para cuestionar su posición ideológica ni cuestionar el modelo de sociedad que tiene el alcalde.”
Sumado al caso de la contratación en los camiones recolectores, Petro tendrá que afrontar otra diligencia ante el ente judicial. Se trata de los posibles daños ambientales que haya sufrido la ciudad por los días en los que no se recogió la basura en la capital. Esta investigación la asumirá la Unidad de Delitos Ambientales de la Fiscalía.
