El Plan Colombia, con quince años a cuestas, ha incidido en la vida política, militar y social de Colombia. Una iniciativa que después de más de una década deja un balance agridulce y lecciones valiosas para entender cómo debe asumirse la cooperación internacional en el marco de un posconflicto.
La, en su momento, nueva estrategia de las FARC derivada de la Octava Conferencia de 1993 hizo que este grupo guerrillero pasara de una clásica guerra de guerrillas, atacar y retirarse, a una guerra de copamiento del territorio, una guerra de posiciones.
Bajo esta nueva premisa, las tomas guerrilleras a cabeceras municipales y bases militares llevaron a que en su poder quedaran varios cientos de militares capturados en combate y cientos de bajas entre los miembros de las fuerzas armadas.
Así mismo, el narcotráfico campeaba en Colombia convirtiéndolo en el principal productor y exportador de cocaína en el mundo y uno de los principales productores de heroína en el hemisferio. Todo esto dado en la dinámica de la guerra contra el narcotráfico declarada por Estados Unidos.
Como respuesta a esta crisis el gobierno de Andrés Pastrana recibió de Estados Unidos, en el año 2000, la promesa de un plan que permitiera dotar a las fuerzas armadas colombianas de mejores posibilidades para la lucha contrainsurgente. Un plan pensado a seis años que se extiende por más de una década.
Fueron casi 20 billones de pesos que se destinaron a equipamiento militar, programas sociales y de lucha contra el narcotráfico. Con esta partida presupuestal Colombia se convirtió en el segundo país que más ayuda militar recibe de Estados Unidos, después de Israel.
Durante quince años el plan fue implementado en Colombia. El balance tres lustros después es agridulce, a pesar del optimismo con que el Gobierno Santos lo ha mostrado.
En primer lugar, en materia de equipamiento y capacitación militar se logró un avance sustancial. Un ejemplo de ello es el número de helicópteros de las FF.AA. que pasó de 4 a 240, que es la cifra actual. La posibilidad de aumentar la flotilla de aviones y poder echar mano a bombas inteligentes que permitieron quitarle la ventaja estratégica a la guerrilla de las FARC.
También, de acuerdo a cifras del SIMCI, Sistema Integrado de monitoreo de Cultivos Ilícitos, se logró una reducción significativa de las áreas sembradas con coca, y por ende de la producción de cocaína en el país. Entre 2000 y 2008 hubo una reducción de 61% en la producción de la droga. Pero se vio un aumento sostenido de 44% entre 2013 y 2014, sin llegar a los niveles al inicio del Plan. Igualmente, las hectáreas cultivadas con esta planta pasaron de 145 mil en 2001 a 48 mil en 2013. Sin embargo, esta misma área creció hasta 69 mil en 2014.
El plan buscaba que a través de programas de inversión social la población se alineara con los principios rectores de esas políticas tendientes a debilitar el narcotráfico desde su base productiva y a quitarle influencia a la insurgencia en el campo al ofrecer oportunidades.
Sin embargo, la erradicación obligada y la aspersión de glifosato llevaron a que los campesinos cocaleros vieran al estado como un enemigo y se instalaran en zonas remotas de la geografía nacional, a la par que buscaban la protección de los actores armados ilegales. Esto generó una mayor implicación de los grupos guerrilleros en las dinámicas económicas del narcotráfico y llevó a que la guerra se extendiera en el tiempo y en el espacio colombianos.
Igualmente, ha sido duramente criticado por organizaciones como el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Considerados de Uso Ilícito, el uso de glifosato en las aspersiones sobre este tipo de cultivos. En primer lugar se considera que estas sustancias tienen consecuencias más graves de lo que se anunció en un principio, no en balde la OMS ha considerado que ese pesticida puede ser cancerígeno. Igualmente, se ha denunciado que solo está permitido el uso de esa sustancia de una marca específica producida por una empresa determinada, a pesar de existir ofertas diferentes en el mercado. También se ha cuestionado el hecho de que para estas aspersiones se utilizan pilotos estadounidenses, que deben ser pagados con dineros de ese plan.
A lo anterior se suma el viraje internacional, incluso de algunos estados de la Unión Americana, en cuanto a política antidrogas. La posibilidad de usar recreativa y terapéuticamente drogas como la marihuana dejan ver que la guerra frontal contra las drogas es algo que ha arrojado resultados bastante dispares de los esperados.
Uno de los puntos que no dejan satisfechos a muchos sectores sociales y políticos colombianos fue el fortalecimiento, en muchos casos, descontrolado de las fuerzas armadas, lo cual, según investigaciones del equipo Nizkor, redundó en graves violaciones a los derechos humanos en muchas zonas del país.
Una de las críticas más duras que se han hecho al Plan Colombia es la desigualdad en la inversión de dinero para la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia. Mientras Estados Unidos ha invertido cerca de 7.3 billones de pesos, Colombia ha tenido que poner 12.3 billones. Un ejemplo de cómo se hizo esa inversión dispar es que en 15 años la inversión de Estados Unidos en modernización del ejército fue de 10 mil millones de dólares, mientras que los colombianos invertimos 120 mil millones. Como en el caso de las aspersiones con glifosato, el equipamiento militar de las fuerzas armadas colombianas estaba comprometido a empresas estadounidenses sin que pudiera haber posibilidad de aprovechar la libertad de mercado.
Así las cosas, el arma más contundente para cambiar la correlación de fuerzas entre el estado y la insurgencia y el narcotráfico fue la cooperación internacional. Cooperación expresada en un plan de inversión que muchos sectores ven como la panacea y otros consideran un esfuerzo que pocos frutos a arrojado.
Es bajo esta óptica que el gobierno Santos buscará plantear un nuevo enfoque de ayuda de Estados Unidos en la nueva fase histórica que se avecina y en la que la construcción de paz y garantías de participación social y política de los sectores anteriormente al margen de la ley es el reto que debe encarar Colombia.
