Operación contra el mayor enemigo de Dilma Rousseff y otros políticos por el caso Petrobras. Agentes irrumpieron en las residencias oficiales del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, y dos ministros.
Gran operación contra el mayor enemigo de Dilma Rousseff y otros políticos implicados en el caso Petrobras. Agentes de la Policía Federal irrumpieron este martes en las residencias oficiales del presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha; de dos ministros del Gobierno de Rousseff y de otros políticos, en una operación para obtener pruebas sobre las corruptelas en la estatal Petrobras.
Además de la casa de Cunha, fueron registradas las de los ministros de Ciencia y Tecnología, Celso Pancera, y de Turismo, Henrique Eduardo Alves, así como las del senador Edison Lobao y del diputado Aníbal Gomes, todos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, quien en las últimas semanas se ha distanciado de Rousseff, que a su vez puede ser sometida a un proceso con vistas a su destitución por unas maniobras fiscales irregulares en los balances del Gobierno.
Las operaciones fueron ordenadas por el magistrado Teori Zavascki a petición de la Fiscalía, que investiga desde hace meses denuncias sobre la supuesta participación de políticos en la red de corrupción en Petrobras, que, según la propia petrolera, se apropió de forma ilegal de 2.000 millones de dólares entre 2004 y 2014.
Las autoridades policiales informaron de que también realizaron operaciones similares en la residencia particular de Cunha, en Río de Janeiro, y en sus oficinas en la Cámara de Diputados. El senador Lobao fue ministro de Minas y Energía durante el primer mandato de Rousseff y también había ocupado ese cargo durante la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de la mandataria.
Según sostiene la Fiscalía, Cunha recibió de la red de corrupción en Petrobras al menos unos 5 millones de dólares y mantenía ese dinero en unas cuentas secretas en bancos suizos, cuya existencia ha negado pero que ha sido comprobada por la propia Justicia helvética.
Como jefe de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó iniciar el trámite para un juicio político contra Rousseff, fundamentado en unas irregularidades fiscales en las que ha incurrido el Gobierno para maquillar sus resultados. La oposición sostiene que esas maniobras suponen un “delito de responsabilidad”, que es una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario.
El Congreso someterá a juicio a su presidente
El proceso contra Rousseff comenzó la semana pasada en la Cámara de Diputados, pero fue suspendido por la Corte Suprema tras atender una demanda oficialista que solicita esclarecer la forma en que será realizado el trámite. Por las acusaciones que la Fiscalía ha formulado en su contra, Cunha responde también a un juicio político en el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, que aceptó hoy a trámite el proceso con vistas a la pérdida del escaño de Cunha tras la operación policial.
La votación en el Consejo de Ética se postergó con diversas maniobras de diputados afines a Cunha, que obstruyeron durante seis sesiones una votación que hoy finalmente concluyó con once votos a favor del proceso y nueve en contra.
El todopoderoso presidente de la Cámara brasileña rompió oficialmente sus relaciones con Dilma a mediados de julio y, desde entonces, se ha declarado “opositor al Gobierno”, librando una guerra abierta contra la primera presidenta del país dentro y fuera del Parlamento.
De hecho, el presidente de la Cámara acumula hasta 60 casos judiciales contra sus acusadores en su afán de defender su honor. Es una tarea ardua, ya que, según la prensa brasileña, la reputación de Cunha estaría manchada por, al menos, 22 denuncias de presunta corrupción.
Cunha es conocido por ser un político hábil que se levanta pronto, se acuesta tarde y responde a los diputados y periodistas a cualquier hora del día o de la noche. Este parlamentario ya fue líder de los tres partidos por los que ha pasado (PPB, PP y PMDB), y consiguió llegar a la presidencia de la Cámara sin contar con el apoyo del Gobierno.
También fue tesorero en la campaña electoral de 1989 del expresidente Fernando Collor de Mello, considerado el político más corrupto de Brasil. Es el único, hasta la fecha, que ha sido alejado del poder por impeachment tras causar la mayor crisis económica de la historia reciente del país tropical.
El Gobierno exige explicaciones
La Presidencia brasileña no ha tardado en reaccionar. Ha afirmado que espera que se “aclare a la mayor brevedad” la nueva operación policial y que “se establezca la verdad”. En un breve comunicado, la Jefatura del Estado señala que “todos los investigados” deben tener la oportunidad de defenderse dentro del marco legal y subrayó su deseo de que “ese proceso fortalezca a las instituciones brasileñas”.
