Un oficial, cuatro suboficiales y nueve patrulleros adscritos al CAI de San Victorino, fueron capturados y judicializados por su complicidad con una red de microtráfico que delinquía en el sector conocido como ‘El Bronx’ en el centro de Bogotá
Un juez de control de garantías legalizó la captura de 14 policías y 17 civiles que estarían relacionados con una red de microtráfico que delinquía en el sector conocido como El Bronx en el centro de la capital de la República.
En la diligencia reservada el funcionario judicial avaló el operativo adelantado en la mañana del pasado domingo en el barrio San Bernardo. Según la investigación los uniformados entregaban protección a los expendedores y traficantes a cambio de comisiones.
Mediante estas acciones permitían que se pudiera comercializar sin problema alguno las sustancias alucinógenas. Entre los detenidos se encuentran un teniente, cuatro suboficiales y nueve patrulleros pertenecientes al CAI de San Victorino.
Los uniformados, capturados por sus propios compañeros y por miembros de la Fiscalía General, se les imputarían los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, financiación de bandas criminales, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, prevaricato por omisión agravado, cohecho propio y concusión.
El ente investigador presentará como agravante el hecho que incumplieron sus funciones y los mandatos constitucionales al aliarse con estas redes de tráfico de drogas que deben combatir. Debido a esto no se descarta que en los próximos días se presenten más capturas.
Según las pruebas recolectadas por dos agentes de la Institución que se infiltraron en la organización delictiva, además de los policías contaban con grupos privados de seguridad al servicio de los administradores de las líneas de distribución de estupefacientes.
Los policías procesados fueron trasladados a la Sala de Capturados de la Sijin, mientras que los civiles a la URI de la localidad de Puente Aranda. La diligencia judicial se reanudará el próximo martes.
Pese a su rango, estableció la investigación, el patrullero Luis Fernando Sosa Celis era el encargado de dar las órdenes dirigidas a proteger la banda dedicada al microtráfico. En 2010 fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y destinación ilícita de muebles o inmuebles.
Por estos hechos estuvo privado de su libertad 8 meses hasta que un juez de la República resolvió un recurso judicial a su favor. En 201 fue reintegrado a la Policía Nacional, situación que es materia de investigación por las autoridades.
