A través de un comunicado publicado en la cuenta del abogado Abelardo de la Espriella, el magistrado Jorge Pretelt asegura que no hay pruebas en su contra y por lo tanto no se retirará de la Corte Constitucional.
En el documento firmado por Jorge Pretelt el magistrado arremete fuertemente contra su denunciante, sin mencionarlo, asegura que lo quiere separar de su cargo público basado en mentiras y falsedades.
“Lo único que se encuentra demostrado en este momento es que existió un rumor de un abogado y luego apareció una grabación clandestina, adulterada, dirigida y usada de manera ilegal por el Magistrado Luis Ernesto Vargas, donde se narran hechos ya conocidos y otros nuevos, cuya falsedad se ha venido demostrando, entre otros porque está plenamente acreditado que el abogado Víctor Pacheco no fue a mi apartamento el 18 de octubre de 2013” escribe el magistrado.
Además cuestiona a los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio por no exponer inmediatamente los hechos que denuncian en conocimiento de las autoridades.
“¿Por qué los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio no pusieron inmediatamente estos hechos en conocimiento de las autoridades?; ¿por qué se vieron con Víctor Pacheco en la Corte Constitucional?; ¿por qué el Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo negó su amistad de muchos años con Víctor Pacheco, quien además ayudó a financiar el encuentro de la jurisdicción constitucional llevado a cabo en Barranquilla en el año 2012?; y sobre todo ¿por qué coincidencialmente se habló de este tema justamente el día antes de mi elección como Presidente de esa Corporación?. Todo lo anterior debe ser investigado por las autoridades competentes” puntualiza.
Finalmente asegura que “es evidente que detrás de esta conjura hay sórdidos intereses políticos que buscan a como dé lugar, sacarme de la Corte Constitucional. La Corte debe salir incólume de esta situación, pues durante más de 20 años ha sido la principal garante de los derechos de los ciudadanos y en ella descansa la legitimidad de la democracia constitucional en nuestro país”.