El presidente Juan Manuel Santos cumple este domingo su primer año de Gobierno con alta popularidad y una óptima valoración de los analistas, que aplauden sus logros en política interior y exterior, pero alertan de retos pendientes en el combate a la pobreza, desempleo y conflicto armado.2011-08-06 En los primeros pasos de su gestión, sorprendentemente Santos se desmarcó de la senda definida por su antecesor, el ultraconservador Álvaro Uribe (2002-2010) y de quien fue ministro de Defensa.
Sin embargo, “en estos primeros doce meses Santos ha impulsado una serie de temas que han resultado sorpresivos para la mayoría de los colombianos y que constituyen pasos muy importantes para Colombia en el contexto internacional”, dijo a Efe Elizabeth Ungar, analista y politóloga de la Universidad de Los Andes.
Para Ungar, uno de los mayores avances es haber entablado unas “relaciones internacionales multipolares y basadas en el respeto de las normas básicas de convivencia del Derecho” que dejan atrás las tensiones con vecinos como Venezuela, Ecuador y Bolivia, y superan el protagonismo de Estados Unidos en la agenda diplomática.
De fronteras hacia adentro, el presidente Santos ha conseguido “sacar al país de la polarización en el plano político y restablecer las normas del juego institucional” con la persecución de la corrupción, destacó a Efe el analista político Pedro Medellín.
Como fruto de la lucha contra la corrupción se intervinieron el ente que administra los bienes decomisados a los narcotraficantes y el que gestiona la lucha antisecuestro, y quedaron destapados escándalos que ya tienen consecuencias judiciales.
Tal es el caso de la contratación irregular de obras públicas, particularmente en Bogotá, el “recobro” irregular de servicios de salud y la infiltración de una red de defraudadores en la administración tributaria.
Además, Santos ha aportado equilibrio a las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial, muy convulsas en administraciones pasadas y que, según Medellín, están ahora fundamentadas en el respeto mutuo y “en los valores democráticos”.
Es algo intangible como la armonía y “el talante que busca llegar a consensos, que escucha y reconoce al contrario” lo que, a juicio de Ungar “marca una gran diferencia y facilita la interacción e interlocución entre el Gobierno, las instituciones del Estado y la ciudadanía”.
Esa actitud, unida a un planteamiento “sincero y democrático” en materia de Derechos Humanos es lo que ha derivado en el reconocimiento de que el conflicto armado persiste en Colombia y que durante más de cuarenta años se ha perpetrado un “despojo salvaje de tierras”, en palabras del director de Codhes, Marcos Romero.
Para la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la admisión por parte del Gobierno de Santos de estas realidades se materializó en la histórica Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, firmada el 10 de junio con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, como testigo.
Sin embargo, Romero apreció que esta norma, que busca indemnizar a cuatro millones de víctimas y devolver dos millones de hectáreas usurpadas a campesinos por paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes, tiene “fallas” porque se va a desarrollar “en medio del conflicto, lo que pone en riesgo a los nuevos propietarios.
Precisamente, la política de Defensa de Santos ha recibido críticas de algunos sectores que la sienten debilitada respecto a la de Uribe, y entienden que como consecuencia han aumentado las acciones violentas de las FARC, el ELN y las bandas criminales (bacrim), herederas del paramilitarismo.
Pero para Romero, “la percepción de seguridad se está debilitando porque durante la gestión de Uribe se creó una burbuja de seguridad alterada por los medios”, y la línea defensiva de Santos continúa la de su antecesor, aunque no concentra toda su atención.
Y es que la aspiración de Santos es velar por muchos asuntos, y pese a los logros económicos, el presidente mantiene su preocupación por reducir el desempleo “a un dígito”, como prometió en la campaña.
Otro desafío es disminuir los alarmantes índices de inequidad y pobreza, a la manera del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
“Cuando me preguntan qué quiero ser cuando grande, respondo: “yo quiero ser como Lula”. Quiero salir de la Presidencia con el 80 % de popularidad y, sobre todo, habiendo podido rebajar la pobreza en 23 %”, afirmó Santos el pasado jueves en un foro económico, aunque agregó a renglón seguido: “Claro, que yo quiero hacerlo en cuatro años y no en ocho”.
Por el momento, Santos goza de una popularidad del 85 % según la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) y tiene por delante tres años para cumplir todas sus promesas.
