Las multinacionales del petróleo con operación en Colombia anunciaron que el buen ritmo de exploración y explotación de hidrocarburos se podría venir a pique como consecuencia de una serie de iniciativas legislativas que le retarían competitividad a la industria.
Las multinacionales del petróleo con operación en Colombia anunciaron que el buen ritmo de exploración y explotación de hidrocarburos se podría venir a pique como consecuencia de una serie de iniciativas legislativas que le retarían competitividad a la industria.
El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Alejandro Martínez le aseguró a Confidencial Colombia que la preocupación no es para menos toda vez que se contempla al interior del Congreso, gravar con impuesto de Industria y Comercio la producción de hidrocarburos. Con lo anterior vendría un lío grande para la inversión y el desarrollo de nuevos campos.
La iniciativa apunta a incrementar la tarifa de producción en boca de pozo y le da potestad a las regiones para que cobren impuestos a las rentas petroleras, es decir que estas tendrían regalías adicionales en detrimento de la rentabilidad pactada para las asociadas.
De igual manera otra propuesta sugiere unas compensaciones mínimas del cuatro por ciento con lo cual habría un incremento en regalías del 40 al 50 por ciento, haciendo inviable el desarrollo de campos pequeños, es decir de menos de cinco millones de barriles).
Como si fuera poco otro proyecto quiere obligar a las multinacionales a contratar personas o servicios de empresas originarias de la región. Este plan legislativo constriñe a las empresas petroleras a contratar mano de obra no calificada hasta el 80 por ciento. La misma iniciativa exige la entrega de becas para los empleados oriundos de cada región petrolera o con actividad del sector.
Martínez precisó que también se contempla la no deducción de regalías y compensaciones, situación que no tiene precedente en otros países. “Aquí también se castiga el concepto de renta porque la medida a toda vista es onerosa y contraproducente para la competitividad colombiana”.
La Asociación ve con mucha reserva estas ponencias y asegura que no tiene sentido aprobar el cobro de tarifas regionales por fuera del Sistema General de Regalías.
Con las nuevas determinaciones, si prosperan, la participación estatal en la renta petrolera pasaría de 70 a 91 por ciento, reduciendo el porcentaje de las empresas que desarrollan campos en Colombia. En la actualidad dicha participación es de 70 por ciento para el estado y 30 por ciento para las petroleras.
“En algo si queremos ser claros, la industria petrolera no está pidiendo una reducción de los impuestos, lo que espera es que se consolide la estabilidad, nada más”, aseveró el dirigente gremial.
Las transnacionales dicen que un paquete de la magnitud que se espera ingrese al Congreso, resta competitividad y productividad, alejando toda buena intensión de invertir en el país porque se estaría repitiendo la historia de la década de los noventa.
La situación, afirma Martínez, es complicada porque el sector petrolero es el que le imprime mayor aceleración al desarrollo y progreso del país, haciendo viable la equidad y el desempeño social.
Los proyectos amenazan en su opinión, la reinversión en campos y toda la apuesta en tecnología. “Vendría sin duda una declinación de producción en los campos y afectaría el concepto de prospectiva.
Si bien, se habla de proyectos, estos generan expectativa en los inversionistas y en el capital que espera la presentación de la nueva ronda de hidrocarburos.
En 2011 la industria perforó 126 pozos petroleros y se espera que cierre de 2012 la cifra suba a 140. A septiembre los pozos excavados superaron los 90. Aclara la ACP que actualmente hay entre 15 y 18 pozos en proceso de exploración.
El gremio expresó su optimismo por la meta del millón de barriles en 2012 y dijo que solo con condiciones y reglas de juego claras la meta podría darse en 2013.
En La inversión extranjera directa en 2011 fue de 5.125 millones de dólares cuando venía de 500 millones de dólares con las condiciones de los noventa que marchitó la actividad.
Este sector que genera más de 120.000 empleos vio en principio el proyecto de reforma tributaria del que considera fue diseñado pata fomentar más empleo de calidad, reduciendo con estímulos la informalidad laboral.
