La Contraloría denunció que el desfalco de la Refinería de Cartagena ha sido el más grave daño fiscal que ha experimentado el país en mucho tiempo, el detrimento asciende a los $8.5 billones de pesos una cifra que supera con creces el robo al sector de la salud.
Edgardo Maya Villazón, jefe del ente de control, informó que fueron 36 hallazgos fiscales que totalizan esta escandalosa suma de dinero. Fueron seleccionados 177 subcontratos en los que se encontró que de los 2.879 millones de dólares de sobrecostos, unos 943 millones de dólares, el 32 %, corresponden a posibles irregularidades en contratación.
Esta auditoria se realizó entre el 28 de enero y el 30 de septiembre de 2016, en donde los casos de gestión fiscal ineficiente detectados en la construcción de la refinería son numerosos y ocupan varias páginas del informe.
Se destacan, por ejemplo, el incremento por servicios de andamiaje. Este contrato inicial era de 23 millones de dólares, pero hubo un incremento de 775 por ciento, por lo que se tuvo que pagar 135 millones de dólares. También el pago de la llamadas telefónicas y costos de minibar no justificados por USD$7.947 millones de dólares por parte de CB&I, a pesar que dichos ítems se tenían como gastos no reembolsables y por tanto no tenían dentro del clausulado normativo contractual-soporte alguno para su reconocimiento y pago.
La obra tuvo retraso de 27 meses en la ejecución, ya que el proyecto debía ser terminado en 2012 y no en 2015.
