La reforma tributaria de 2012 fracasó para el analista Aurelio Suárez. Esto explicaría el deficit fiscal de 12.5 billones de pesos anunciado por el Gobierno Nacional. Opinión.
El ministro Cárdenas, al presentar el Presupuesto Nacional para el año 2015, anunció que había un hueco fiscal —una desfinanciación— del tamaño de $12,5 billones. Muchos se sorprendieron y preguntaron: ¿“No habían dicho que el país iba bien”? Sin embargo, no nos asombró a quienes, desde 2012, advertimos que fracasaría la Reforma Tributaria de entonces, la que rebajó impuestos al gran capital rentista y a las transnacionales y los elevó a las clases medias y a las rentas del trabajo.
Las cifras no mienten. De diciembre de 2010 a diciembre de 2012, el recaudo total de impuestos creció de $70,2 billones a $99,27 billones, un 29% en pesos corrientes. Sin embargo, de diciembre de 2012 a diciembre de 2014, con la nueva Reforma ya andando, los impuestos totales, según los valores esperados por Hacienda, subirán hasta $112,9 billones, apenas un 13%. Es la evidencia del fracaso del experimento.
Por su parte, los gastos totales (en compromisos) desde diciembre de 2010 a diciembre de 2012, pasaron de $148 billones a $161,2 billones, 13,4%; y de diciembre de 2012 a 2014, subieron a $203 billones, el 26%. Es decir, mientras que los ingresos tributarios por la Reforma de 2012 empezaron a subir por la escalera, los gastos lo hacen por el ascensor. Y, de estos, es especialmente notorio el del servicio de la deuda. Si en 2011 tuvo su punto más bajo de los últimos cinco años, con $33,7 billones, en 2014 marcará $42,5 billones y en 2015 se disparará hasta $48 billones, es decir, en solo cuatro años crecerá 45%.
El funcionamiento, “mermelada” y burocracia incluidas, también tuvo su cota más baja en 2011, $81,6 billones. Pero en 2015 llegará a $121 billones, 48% más. ¿Qué ha pasado con la inversión pública, tan necesaria para la dinámica en periodos de estancamiento? Creció casi el doble entre 2010 y 2014, de $24,4 billones hasta $46,6 billones, pero para 2015 apenas llegará a $49 billones, limitada por los otros dos grandes rubros nombrados.
Para cubrir la desfinanciación, el gobierno de Santos no corrige donde se causan los males sino que insiste en seguir el derrotero trazado por el error de 2012. Recurre a prorrogar dos impuestos cuyo marchitamiento había prometido. En primer lugar, el gravamen a las operaciones financieras, o 4 x 1.000, que aportará $15,1 billones hasta 2018, asumido por los millones de cuentahabientes.
El otro, el del patrimonio –al que se le cambió el nombre por “impuesto a la riqueza”— afecta principalmente a las personas naturales y a pequeñas y medianas empresas que se desenvuelven en un entorno de mayor competencia. Son los ricos de Colombia, tal como los entiende el doctor Santos. Los oligopolios, que se mueven con posición dominante en sectores como el financiero, las comunicaciones, el arroz procesado y el cemento, para solo nombrar unos cuantos, ajustarán sus precios para trasladarlos a los consumidores finales. Pero hay más, tal como lo ha repetido Juan Mario Laserna, el gravamen se aplicará por el valor en libros, inferior al valor real de mercado, en tanto los poseedores de apartamentos o inmuebles —como en Bogotá, donde el avalúo catastral ya expresa el 85% del valor comercial— recibirán el golpe con todo rigor. Y finalmente, a las firmas con altos valores en equipo e instalaciones pero con resultados negativos en 2014, se les colgará así otra piedra al cuello en medio del naufragio.
Jorge Espitia ha expuesto que el 10% de las empresas más ricas, entre las primeras mil, concentran el 78% del patrimonio y que, entre las personas naturales, ese mismo porcentaje abarca apenas el 35%. Aplicar aquí un tributo sonaría equitativo si no se tuvieran en cuenta las salvedades ya expuestas y enmarcadas en esos rodeos impositivos que al final lo que buscan es evadir el único impuesto verdaderamente progresivo: el de renta.
Podrá aducirse que la sobretasa del 3% en el CREE cumple tal función. No es cierto. Se aplica sobre una base gravable una vez descontados los primeros mil millones de pesos de las utilidades netas. Lo sucedido en 2013 con respecto a 2012, para tres casos estudiados, da una idea: el Banco de Bogotá vio caer sus utilidades en 13,25%; Claro en 13% y Pacific Rubiales en 27%. Aparecen incrementado sus gastos, pues, los ingresos subieron, con relación a 2012, en 8,9%, 7,7% y 17,3%, respectivamente. Sin inferir que se trate aquí de actos de mala fe, se ratifica que el CREE, del cual se destina un monto específico al ICBF, al Sena y a parte del régimen contributivo para salud, es, por decir lo menos, incierto y volátil.
¿Nada por hacer? Sí y mucho. Hay que desmontar el ensayo fallido de 2012 y volver a una tarifa de renta efectiva, especialmente sobre las que provienen del capital. Un buen ejemplo es Dinamarca, cuya tasa sobre este tipo de ingreso es la más alta, hasta 59%, y así ha construido una sociedad altamente equitativa. La OCDE ha mostrado que, cuando se enfoca en el 0,01% más rico de la sociedad, este segmento obtiene sus rentas, provenientes de las ganancias de capital, en un 33% en Estados Unidos; en 58% en Francia y en el 31% en España. En Colombia estas rentas son intocables, en consonancia con la globalización, que le ha impuesto al país tal inviolabilidad. De hecho, la tarifa para los ingresos en los países de la OCDE (dizque “los de las buenas prácticas”) ha bajado, entre 1981 y 2013, de un promedio del 66% al 43%. Los menores recaudos tributarios se compensan con IVA o con tarifas regresivas sobre el consumo.
Pero aquí hay aberraciones aún mayores por corregir. Empezando porque el coeficiente de GINI por ingresos empeora luego de impuestos y están libres las remesas de las utilidades que envían las compañías filiales extranjeras a sus casas matrices y provenientes de inversión directa o especulativa, tanto de largo como de corto plazo. Se rebajó, del 33% al 14%, el tributo que grava los intereses devengados por los fondos extranjeros que invierten en Títulos del Tesoro, TES; se han concedido toda suerte de gabelas y exenciones a mineras y petroleras que, según Guillermo Rudas, se acercan a $3 billones por año; se acordaron contratos de “estabilidad jurídica” con grandes firmas que las vuelven sagradas en varias materias fiscales y se consolidan pérdidas del Banco de la República por más de $3 billones en la operación de “compra de divisas”. La ONG, Justicia Tributaria, ha denunciado un hecho insólito: quien trae las divisas le presta los recursos al Emisor para que se las adquiera.
No obstante, el principal correctivo, acorde con todo lo anterior, es el de la política económica que tiene como variable principal al capital extranjero, un modelo por el cual Colombia importa ahorra externo y exporta rentas internas, una sangría a la economía nacional que la está llevando al traste, con un déficit por financiar en sus cuentas externas cada vez mayor, con el consiguiente déficit fiscal, son los conocidos “déficit gemelos”.
El monto estimado del recaudo para esta Ley de Reforma Tributaria, inicialmente concebida como de financiamiento, al tenor del artículo 347 de la Constitución, es de $53,1 billones hasta 2018. Tal como se ve el panorama y dado que los correctivos no son estructurales, puede ser insuficiente. Ojalá no lo sea tanto como esa otra célebre máquina “tapahuecos”, de la que se dijo que taparía 220 mil en ocho meses y hasta ahora no va ni en el 2%. De acontecer así, sería una catástrofe para la política fiscal.
