Las Farc a través de una misiva manifestaron su inconformidad porque el Gobierno Nacional según la organización insurgente, habría dado instrucciones a la delegación que los está representando, en cabeza de Humberto de la Calle, para acelerar la firma del acuerdo final.
El grupo guerrillero señaló que si se llega a firmar el acuerdo final este año como lo “vaticinan algunos comentaristas”, es porque el gobierno cede ante las propuestas expuestas de las Farc.
Asimismo, dicen que la comunidad internacional conoce los mínimos planteamientos sobre el punto de víctimas, el cual es el punto que los separa del acuerdo final, sin embargo advierten que las dificultades son de contenido y no de forma.
Critican que para el presidente Juan Manuel Santos, el proceso de paz solo tiene como prioridad usar la fuerza pública para minimizarlos y no tienen “el menor interés en extender las discusiones”, pues lo que les interesa es una desmovilización y reincorporación de los miembros de las Farc a la vida civil y no analizar las causas del conflicto y las reformas necesarias para acabarlo.
Aquellas reformas a las que según las Farc se refieren, para que la paz sea estable y duradera, son transformaciones estructurales en materia social y política, “con garantías plenas para el ejercicio de la oposición, no sólo para todos los alzados en armas, sino para el conjunto de los movimientos políticos y sociales que luchan por cambios profundos en la sociedad colombiana”.
Finalmente, señalan que el gobierno está promoviendo leyes y reformas en el Congreso que están en contra de lo que hasta el momento la mesa negociadora ha acordado en La Habana, y que esto solo demuestra una mínima disposición para acabar con el conflicto armado.
Otro acto que ve las Farc como problématico para ponerle punto final al conflicto armado es que “ordena diariamente arreciar la confrontación contra la insurgencia, niega su voluntad de restarle intensidad a la guerra. Así resultará difícil llegar pronto a alguna parte”; teniendo en cuenta que desde el 20 de diciembre del 2014 el grupo guerrillero declaró un cese al fuego unilateral indefinido.
Comunicado:
La cantinela según la cual dos años de conversaciones ya son suficientes, equipara la paz a una pretensión susceptible de ganar por simple prescripción o vencimiento de términos.
El Presidente de la República ha expresado tras su retiro espiritual en Cartagena, que la instrucción principal a sus delegados en la Mesa de La Habana consiste en acelerar al máximo la concreción de un Acuerdo Final de Paz, el cual distintos comentaristas vaticinan para los primeros meses del 2015. Algunos hablan ya de inminentes presiones de la realidad política que ninguna de las dos partes en la Mesa podrá esquivar sin sufrir graves efectos.
Si bien las referencias aluden a gobierno y FARC, no puede dejarse de leer que la presión está dirigida a nosotros. Es claro que el Presidente Santos no tiene el menor interés en extender las discusiones, por cuanto siempre las ha concebido como un procedimiento expedit o para materializar nuestra desmovilización y reincorporación a la vida civil, con independencia de cualquier examen de las causas del conflicto y de las reformas necesarias para terminarlo.
Para el gobierno, el proceso en curso tiene como único origen la fuerza aplicada contra nosotros por parte de las fuerzas armadas. En diversas declaraciones públicas ha sostenido que el conflicto, de no producirse un acuerdo ahora, podría extenderse por veinte años, en cuyo caso la inevitable solución consistirá en la aniquilación de la insurgencia. De lo que se trataría ahora en la Mesa, por tanto, es de ahorrarle al país esas dos décadas de sangre.
O como quien dice, rindámoslos de una vez en la Mesa, tras convencerlos de que no habrá ninguna otra alternativa distinta a la militar. En esa idea, el reciente informe del Ministerio de Defensa, elaborado por Asuntos y Estudios Estratégicos, da cuenta de que en los dos años de existencia del proceso, las FARC hemos perdido 8.350 hombres, lo cual indicaría que, según las mismas cifras oficiales, los pocos que restamos seremos extinguidos en meses.
Sorprende que las expectativas del Establecimiento se funden en argumentos así. Antes de iniciar las conversaciones, el propio Ministerio de Defensa sostenía abiertamente que nos encontrábamos reducidos a menos de ocho mil hombres, así que con lo cumplido por las autoridades en los dos últimos años, lo que quedaría de nosotros es la Delegación que se encuentra dialogando en La Habana, conclusión que el mismo informe mencionado niega.
Nuestros principales campamentos, según el informe, se hallan en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía, Norte de Santander, Guajira, Arauca, sur del Tolima, Córdoba y Putumayo, lo cual, si se lo mira bien, constituye más de la mitad del territorio nacional. La utilización del término principales campamentos, necesariamente implica que existen unos secundarios, cuyas ubicaciones evita enunciar el informe comentado.
Las solas lecturas de prensa indican además presencia nuestra en Caquetá, Antioquia, Chocó, Huila y otros a los que no vamos a referirnos aquí. Todo lo cual significa que el sesgo reduccionista con el que se están presentando los hechos ante la opinión pública tiene fundamento en bases más bien endebles. Cuentas de esa índole recuerdan a los más de 50.000 paramilitares desmovilizados tras la llamada ley de justicia y paz, cuando la cifra oficial de sus integrantes jamás pasó de 20.000.
Otras consideraciones encaminadas a presionarnos señalan que la declaratoria unilateral de cese el fuego ordenada por el Secretariado Nacional de las FARC-EP, pone a nuestra fuerza en una situación de no combate, lo cual necesariamente apunta, de mantenerse en el tiempo, a una paulatina descomposición de nuestras estructuras por causa ocio al que se verán compelidas. Quienes se apresuran a afirmarlo, olvidan que responderemos si somos atacados.
En todo caso, si esa fuera la argumentación, bien valdría considerar la firma de un cese el fuego bilateral o la suscripción de un armisticio, eventualidades que nos abocarían de modo material a la situación que imaginan los comentaristas. Evitar la segura desnaturalización de nuestra fuerza guerrillera debería en tal caso movernos a llegar a un pronto Acuerdo Final. Así las cosas, carecería de sentido la negativa del gobierno a acceder a nuestras propuestas en esa dirección.
Del mismo modo se emplea la presencia de la mayoría del Secretariado en La Habana. Con una distancia superior a los dos mil kilómetros, se asegura que resulta imposible mantener la cohesión de todas nuestras estructuras en Colombia, lo que sumado a lo anterior, necesariamente nos obligaría a precipitar la firma del Acuerdo Final. Semejante presunción desconoce nuestra organización vertical en Estados Mayores de Bloques y Frentes que continúan funcionando.
Lo verdaderamente importante para la firma de un pronto Acuerdo Final es la disposición del gobierno nacional para ceder ante nuestras propuestas claramente expuestas en casi todas las materias pendientes. También el país y la comunidad internacional conocen nuestros planteamientos mínimos en materia del punto de las víctimas, de donde se desprende que lo que nos separa de un arreglo final son evidentemente cuestiones de contenido y no de forma.
Las presiones derivadas de elucubraciones adjetivas como las comentadas atrás, evaden asuntos claves para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. No nos cansaremos de proclamarlo a los cuatro vientos ni de sostenerlo en la Mesa. La anhelada solución política al conflicto social y armado existente en nuestro país, ha sido de la esencia de las FARC desde su mismo nacimiento en Marquetalia y no el producto de supuestos fracasos militares.
Y se relaciona con reformas estructurales en materia social y política, con garantías plenas para el ejercicio de la oposición, no sólo para todos los alzados en armas, sino para el conjunto de los movimientos políticos y sociales que luchan por cambios profundos en la sociedad colombiana. La cantinela según la cual dos años de conversaciones ya son suficientes, equipara la paz a una pretensión susceptible de ganar por simple prescripción o vencimiento de términos.
Un gobierno que promueve en el Congreso de la República proyectos de ley y de reformas que van en abierta contravía de lo acordado parcialmente con las FARC en la Mesa de Conversaciones, no está demostrando la mínima vocación de poner fin al conflicto. Del mismo modo que un gobierno que ordena diariamente arreciar la confrontación contra la insurgencia, niega su voluntad de restarle intensidad a la guerra. Así resultará difícil llegar pronto a alguna parte.
Montañas de Colombia, 11 de enero de 2015.
