Una denuncia nos ha llegado a Confidencial Colombia sobre el polémico artículo de la reforma tributaria que el Ministerio de Hacienda está intentado tramitar en el Congreso de la república. Al parecer, la presión de 75 de los industriales más importantes del país, que se verán afectos por el impuesto a las bebidas azucaras, han hecho mella y posiblemente Cárdenas tomaría la decisión de retirar el articulillo de la proposición.
El impuesto de 300 pesos por litro que fue propuesto por el Ministerio de Salud y que cuenta con el respaldo de varias organizaciones (entre ellas la Organización Mundial de la Salud), está siendo controvertido con una poderosa maquinaria puesta por los industriales en el Congreso. La Cámara de Representantes tiene registrados a 75 lobbistas a nombre de la industria, gremios, consultoras y agencias en contra del impuesto.
En contraste con 5 integrantes de la sociedad civil que están dando la batalla y que se han valido de recomendaciones brindadas por Investigadores de universidades internacionales como Harvard y John Hopkins, y de nacionales como Javeriana y de Antioquia, además de la OMS y OPS. Todos ellos concluyen que es mejor adoptar el impuesto. Pero los contundentes argumentos, parecería, llegan a oídos sordos en el legislativo y en el ejecutivo.
La primera pelea perdida, por la presión -de acuerdo con la denuncia- , fue La campaña publicitaria de Educar Consumidores sobre los efectos nocivos del consumo excesivo de bebidas azucaradas que fue retirada por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en respuesta a una queja interpuesta por Postobón.
En Colombia no es ilegal esta práctica, pero tampoco está regulada, y definitivamente influye en las agendas de los que fabrican las leyes, pero, como ya se han preguntado otros medios de comunicación sobre esta materia ¿hasta dónde estas habilidades comienzan a actuar sobre el poder y el gobierno, para imponer sus aspiraciones o reivindicaciones y perpetúan el hábito de cuotas burocráticas y niveles de corrupción al interior de las ramas del poder público?