Justo cuando estamos en Washington dando inicio a una reunión en la que trataremos sobre el Informe de Alternativas al Encarcelamiento con la Comision Interamericana de Drogas CICAD de la Organización de Estados Americanos OEA, nos llega la histórica noticia del Ministerio de Salud de Colombia de recomendar SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA el injusto, inconveniente y antiambiental programa de fumigaciones aéreas que utiliza de forma masiva hace más de 21 años por todo el país el cancerígeno glifosato producido por la compañía Monsanto. Opinión
La recomendación del Ministro Alejandro Gaviria, acoge la petición de la Corte Constitucional que hace dos años le pidió contemplar el Principio de Precaución en el caso de que no exista evidencia científica que permita deducir que este agrotóxico no causa daño a la salud animal, vegetal o las personas (es decir, campesinos, indígenas y afrodescendientes). En medio de la falta de actuación de las autoridades sanitarias colombianas, apareció el reporte de la Agencia Internacional de la Organización Mundial de la Salud (de la que Colombia es signataria) que estudia los riesgos de cáncer. Esta Agencia elevó a la categoría 2A el químico glifosato considerándolo posible causante de cáncer en las personas y con evidencia convincente de que lo causa en animales de laboratorio.
Ayer, horas antes de que se pronunciara el MInisterio de Salud, el subsecretario de Estado para Latinoamerica William Bronwsfield había dicho que no estaba de acuerdo con que Colombia suspendiera las fumigaciones argumentando que el glifosato es inofensivo y que no hay quejas ni daños que afecten la salud de las personas, lo cual es falso, por cuanto hay múltiples quejas en 21 años de aspersión ininterrumpida (hasta 4 veces en el año, sobre la misma zona), que no se investigaron nunca seriamente, por falta de aprestamiento de hospitales públicos y del Instituto Nacional de Salud. El Sr Bronwsfield, sin embargo, dijo que las fumigaciones no se debían suspender hasta que no se firme un acuerdo con las FARC, lo que muestra que siempre fue cierto que los Estados Unidos impusieron este programa para quitarle finanzas a la guerrilla pero pisoteando los derechos humanos de las comunidades rurales.
Alguien debiera informarle a la Embajada de Estados Unidos y al Departamento de Estado que su fondo de indemnizaciones por los daños colaterales de las fumigaciones (lo que supuso en medio del Plan Colombia que éstas causaban daños) nunca se implementó seriamente y por ello menos del 4% de todas las quejas a nivel nacional fueron atendidas, llegando al ridículo de haber atendido en un departamento como el Guaviare menos de 10 casos en dos décadas. Se debe recordar que las aspersiones acabaron con docenas de cultivos de café de COSURCA en Cauca; que mataron cultivos de piña en Nariño; que afectaron cultivos de caucho en Caquetá y Guaviare y que incluso de aplicaron contra los pequeños plantíos de palma de cooperativas chicas de Nariño, mientras que en Putumayo inversiones de USAID tambien fueron arrasadas por el veneno de las avionetas. Más recien en Anorí y en otras zonas del norte del país han vuelto los reclamos por el uso “indiscriminado” del químico.
Además, la Contraloría General de la República en 2001 con información documentada había pedido el fin de las fumigaciones y varias Univseridades como la Unillanos probaron que el glifosato causa malformaciones en peces. Pero tambien debiera saberse que en el Tribunal de Cartagena actualmente se tramita una acción de grupo por los daños de las fumigaciones a las comunidades del Sur de Bolivar; en el Tribunal de Popayan hay otro caso con casi 35.000 demandas contra el Estado; en La Haya avanzaba la demanda internacional de Ecuador por daños en la frontera; la Corte ordenó consulta previa con comunidades indígenas (y afros) y prohibió la fumigación en parques naturales; y en varias entidades de salud reposan quejas de posibles afectaciones de salud a indígenas y niños, los últimos casos registrados en 2014 en Chocó, Nariño y Cauca, entre otros, a lo que se suma que el Sistema de Población Desplazada (aunque haya cambiado de nombre) recibió y recibe miles de familias que son victimizadas por las aspersiones con la perdida de su seguridad alimentaria.
La decisión del Ministerio de Salud implica a la Agencia nacional de licencias ambientales ANLA la que debería inmediatamente cancelar la licencia ambiental con que cuenta el PECIG, pues compete al Ministerio dar las recomendaciones técnicas al respeto. También el concepto del Ministerio de Salud debe ser acogido por el Consejo Nacional de Estupefacientes, en el que su Secretario Javier Flores quiere continuar la fumigación y del que forma parte la Policía Antinarcóticos cuyo director el General Restrepo tambien quiere mantenerla. Pero el Presidente de la República puede tomar la decisión de suspender el Programa debido al mandato de la Corte, a la recomendación del Ministerio de Salud y a los pedidos nacionales e internacionales de que haga algo concreto para demostrar su compromiso con las reformas de políticas de drogas.
Casualmente, el próximo 7 de Mayo en Nueva York el Ministro de Justicia Yesid Reyes debe participar y quizá liderar el Segmento de Alto Nivel y el dialogo interministerial de Naciones Unidas preparatorio de la Cumbre especial sobre drogas que se realizará en esa ciudad dentro de un año. Colombia ha pedido tomar decisiones centradas en el ser humano y en los derechos de las personas antes que en las sustancias o las plantas, por lo que se avizora que la clasificación de la IARC es oportuna, a pesar de que “existe información divergente”, y le da una oportunidad de oro al Gobierno Nacional de traducir en hechos sus posturas reformistas.
Por último, no sobra recordar que en las negociaciones de paz en La Habana para finalizar el conflicto, las fumigaciones han sido parte de la discusión. A esto se suma que el Presidente Juan Manuel Santos en diciembre anterior había ordenado en Putumayo el adelanto de una experiencia piloto de sustitución integral de cultivos sin el uso de las fumigaciones. Y finalmente, la Cumbre agraria que ayer se reunió con los Ministros del Interior y de Agricultura tambien reclama que se suspendan las fumigaciones de inmediato en el marco de la mesa de concertación que constituyeron con el Gobierno después del último paro agrario del años anterior. El envenenamiento de tierras, aguas y bosques debe detenerse, Sr Presidente, por consideración con la salud de los colombianos, detenga el circulo vicioso de la fumigación, migración, conflicto, resiembra, fumigación.
