La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá hoy su fallo sobre la demanda de Nicaragua contra Colombia para redefinir la frontera en el mar Caribe entre ambos países, que también se disputan la soberanía de seis cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas aguas son de gran valor económico.
Nicaragua considera que la actual frontera a la altura del meridiano 82 no es justa porque su plataforma continental se prolonga más allá de esa línea, sobrepasando la ubicación del Archipiélago de San Andrés.
Las principales islas de ese archipiélago, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son de soberanía colombiana, lo cual para Managua no debe se ser un impedimento para prolongar hacia el este su actual frontera.
Nicaragua planteó a los jueces que para solventar esa cuestión se “enclave” a las islas en un área de 12 millas marítimas a partir de su costa, y de 3 millas en el caso de los cayos a los que se conceda soberanía a Bogotá.
Colombia rechaza esa visión y considera “sin base legal” el desplazamiento hacia el Este de la frontera marítima de Nicaragua.
Bogotá estima que a la hora de definir su frontera con ese país centroamericano se tiene que tomar como punto de referencia costero de Colombia las Islas más occidentales de San Andrés, que está situado a 220 kilómetros de Nicaragua y 775 kilómetros de las costas colombianas, y no la más alejada costa colombiana.
Colombia propuso a la CIJ que se trace una línea equidistante entre las costas de esas islas y la nicaragüense, con lo que resultaría un trazado en tramos norteños algo más al este del meridiano 82 y más al oeste en la parte sur de la actual frontera.
La CIJ también decidirá sobre la soberanía de los cayos más pequeños del archipiélago, que ambos países reclaman para sí.
El área marítima en disputa es una zona no sólo de belleza paisajística sino también de gran riqueza pesquera y petrolífera.
En 2002, Bogotá ya chocó con Nicaragua por la convocatoria nicaragüense de una licitación internacional para otorgar concesiones petroleras en aguas caribeñas bajo jurisdicción colombiana.
La CIJ no tocará las fronteras de países vecinos como Honduras y Costa Rica, que recibieron esa garantía de la Corte de la ONU les denegó en 2011, su petición de participar en la tramitación del contencioso.
Soberanía, pesca y crudo, valores en juego en litigio de Nicaragua y Colombia
El histórico litigio por los límites entre Nicaragua y Colombia, que mañana dirimirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, no solo pone en juego la soberanía sobre media docena de cayos y cientos de millas de mar, sino también un importante caladero y un yacimiento de crudo sin explorar.
Y es que esas aguas del mar Caribe son una despensa de langostas, caracol y pescado para las comunidades de las islas colombianas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; al tiempo que albergan más de 3.000 millones de barriles de petróleo, según estudios oficiales.
Los alegatos de ambos países ante el tribunal reivindican la soberanía sobre los siete cayos en discusión, y mientras Colombia pide un límite que mantenga bajo su dominio el archipiélago, Nicaragua solicita enclavar las citadas islas con una reducida proyección marítima para quedarse con el resto de las aguas.
El politólogo e internacionalista Andrés Molano, de la Universidad del Rosario de Bogotá, dijo a Efe que Colombia es quien más tiene que perder si el fallo no le es favorable, pues durante dos siglos ha ejercido la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de sus cayos adyacentes.
Sin embargo, apuntó que los grandes perjudicados serían los isleños y no tanto el Estado, pues son quienes a diario se desplazan a los cayos de Quitasueño y Serrana para pescar y garantizar su supervivencia.
La pesca tradicional es, junto con el turismo, la actividad económica más importante para los habitantes de este remoto archipiélago, ubicado a 190 kilómetros de Nicaragua y a 775 de la Colombia continental.
“Nicaragua es el que no tiene nada que perder, y máxime si tenemos en cuenta que es uno de los Estados más pobres de las Américas, al que le vendría muy bien el hecho de poder acceder a recursos pesqueros y de petróleo”, agregó Molano.
El país centroamericano ya manifestó en 2002 su interés en explotar la riqueza en hidrocarburos de esta zona, cuando convocó a una licitación internacional para otorgar concesiones petroleras en aguas caribeñas.
Este desafío, que tuvo lugar un año después de que Nicaragua demandara a Colombia ante la CIJ y reclamara todas las islas, motivó una enérgica protesta del país andino al detectar una violación de su jurisdicción.
Mientras tanto, Colombia no propició la exploración y explotación de este yacimiento hasta 2010, cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sacó a subasta dos bloques ubicados en San Andrés, que fueron adjudicados a la hoy disuelta hispano-argentina Repsol-YPF y a la estatal Ecopetrol.
Pero el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó en octubre de 2011 la suspensión de estas concesiones y prohibió la extracción de gas y petróleo en el archipiélago porque acoge un “importante” patrimonio ecológico, social y cultural que debe preservarse con cuidado.
Este archipiélago, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en el año 2000, cuenta con uno de los arrecifes más extensos de América que se ve cada vez más amenazado por el efecto del turismo masivo, la construcción indiscriminada en las costas de las islas y la superpoblación.
El “mar de los siete colores”, como reza el acertado reclamo turístico del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es también un objeto codiciado por su ubicación estratégica.
Y así lo demuestran los constantes decomisos de cocaína que hace la Armada (marina) colombiana en las inmediaciones de las islas a lanchas de grupos narcotraficantes que han escogido esta ruta para sacar la droga de Colombia y llevarla a países centroamericanos en su viaje hasta Estados Unidos.
Por si pudiera contribuir a la decisión final de la Corte, el equipo colombiano ha defendido su “experiencia” y “resultados” en la lucha contra este flagelo en el archipiélago, según reconoció en una entrevista con El Espectador la embajadora de Colombia ante la CIJ, Sonia Pereira.
