La Asamblea número 43 de la Organización de los Estados Americanos, que se celebra en la ciudad guatemalteca de Antigua, se enfocará en las políticas sobre el control de drogas en América. De acuerdo con esto, Human Rights Watch, exhorta a los gobiernos a desarrollar políticas en materia reglamentaria y de salud pública que no tengan carácter penal.
La ONG señala que las sanciones penales para el consumo personal de drogas atentan contra derechos humanos fundamentales y asegura que se deberían adoptar medidas destinadas a reducir las graves consecuencias para los derechos humanos de las políticas actuales sobre producción y distribución.
Por eso cree conveniente, como principal paso, “reformar las prácticas de las fuerzas de seguridad relativas a la aplicación de la ley y evaluar alternativas de reglamentación legal que reduzcan el poder que ejercen actualmente violentas organizaciones delictivas”.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, explicó los efectos negativos que la ‘guerra contra las drogas’ ha traído para la región: “la ‘guerra contra las drogas’ ha tenido efectos nefastos en las Américas, que incluyen desde matanzas perpetradas por despiadadas organizaciones de narcotráfico hasta abusos aberrantes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad que las combaten”.
Respecto al consumo personal, HRW indicó que el aplicar sanciones penales para el uso particular de drogas, “cercena” el derecho a la privacidad. A su vez, recordó que este derecho se encuentra totalmente reconocido por instancias judiciales internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Otro tema en el cual estipula que hay que modificar, es el de la producción y distribución de drogas. Su penalización ha incrementado la rentabilidad del comercio de drogas ilícitas, así como mantienen financieramente a organizaciones al margen de la ley como los paramilitares y las guerrillas del país.
El expresidente César Gaviria Trujillo ha sido uno de los principales promotores de no criminalizar el consumo de sustancias ilícitas, además de afirmar que el Estado adopte una política en la que asuma el problema como un asunto de salud pública.
Gaviria deja claro que el no criminalizar el consumo, no tiene nada que ver con que se acaben las sanciones para los consumidores que cometan contravenciones penales o incurran en algún delito.
Así mismo recalcó que de la mano de la no criminalización, es necesario promover mecanismos de prevención, tratamiento y rehabilitación de los adictos.
Por último, dejó la puerta abierta, dentro de estas nuevas políticas despenalizadoras, para poder proporcionar droga legal en casos particulares: “Colombia podría dar un paso que no ha dado ningún país de América Latina, pero que sí han dado países Europeos, de poder proveer de droga legal, dentro de un marco regulatorio estricto y en algunos casos bajo prescripción médica o en centros especiales, para evitar que la gente tenga que acudir a las organizaciones criminales, porque eso engendra enormes cantidades de violencia y de corrupción”.
