Karla Jacinto fue víctima de abusos sexuales por primera vez cuando tenía cinco años. Después pasó a formar parte de una red de trata de personas.
“Él me amaba, me compraba ropa, me daba atención, me traía zapatos, flores, chocolates, todo era hermoso”. Karla Jacinto recuerda el mundo colmado de mimos que un joven de 22 años –diez años mayor que ella– transformó en un auténtico infierno. Aunque desde bien pequeña había sufrido abusos sexualespor parte de un familiar –con tan sólo cinco años ya fue víctima de estos maltratos–, creyó que su vida a cambiar después de haber conocido a este chico: le regaló un caramelo e insistió para que subiera en su magnífico coche. Karla, impulsada por la pésima relación que mantenía con madre, accedió.
Durante las primeras semanas todo iba bien. Sin embargo, poco a poco el joven empezó a dejarla sola en su apartamento largas temporadas, y cuando la mexicana le preguntó el motivo de sus ausencias le confesó que se dedicaba al proxenetismo. “Unos días después me empezó a decir todo lo que tenía hacer: las posturas, las cosas que tenía que hacer con los clientes y por cuánto tiempo, cómo tenía que tratarlos y cómo tenía que hablarles para que me dieran más dinero”, reconoce Karla para la CNN.
Era sólo el comienzo de cuatro años de auténtica pesadilla. Según sus propios cálculos, la chica fue violada un total de 43.200 veces. La llevaron a una de las ciudades más grandes de México –Guadalajara– y la obligaron a prostituirse siete días a la semana con un cupo mínimo establecido en 30 clientes. Así, durante cuatro años. Nada de días libres. Nada de festivos. Cero libertad. “Empecé a las 10 a.m. y terminé a la medianoche. Estuvimos en Guadalajara durante una semana. Hagan cuentas. Veinte por día, durante una semana. Algunos hombres solían reírse de mí porque yo lloraba. Tenía que cerrar mis ojos para no ver qué me estaban haciendo, así no sentiría nada”, recuerda Karla.
También forzada por policías
Un pequeño rayo de esperanza apareció en su vida cuando, un buen día, la Policía irrumpió en un hotel conocido por su trabajo con la prostitución. Los agentes echaron a todos los clientes y cerraron el establecimiento, por lo que tanto Karla como el resto de chicas que estaban con ella creyeron que su infierno había terminado. Nada más lejos de la realidad: los policías las metieron en diferentes habitaciones obligándolas a realizar diferentes posturas mientras las grababan en vídeo y las amenazaban con enviar las imágenes a sus familias si no hacían lo que ellos querían.
“Pensé que eran asquerosos. Ellos sabían que éramos menores de edad. Ni siquiera estábamos desarrolladas. Teníamos caras tristes. Algunas niñas apenas tenían 10 años. Había chicas que estaban llorando. Les dijeron a los agentes que eran menores de edad y nadie les prestó atención”, relata Karla, que por entonces tenía 13 años. Dos años después, Karla fue madre.
El propio padre de su hija –un proxeneta– utilizó a la bebé para amedrentarla aún más: si no cumplía sus órdenes, la mataría. Poco tiempo tuvo para disfrutar de la maternidad, pues el proxeneta se llevó a la niña cuando tenía un mes y no volvió a verla hasta el año siguiente.
Defensora de los Derechos Humanos
En 2006, el calvario de Karla por fin llegó a su punto y final después de que fuera liberada durante una operación contra el tráfico de mujeres en la Ciudad de México. Apenas llegaba a los 16 años y ya había sido víctima de crueles e inaceptables situaciones. Ahora, con 23 años, Karla utiliza su terrorífica experiencia para concienciar sobre el problema de la prostitución obligada y cuenta su historia en eventos y conferencias. El propio Papa Francisco estuvo junto a ella en el Vaticano el pasado mes de julio, y el Congreso de Estados Unidos tuvo la oportunidad de escucharla en mayo.
“Estas menores están siendo secuestradas, atraídas y apartadas de sus familias. No sólo me escuchen a mí. Necesitan aprender de lo que me ocurrió a mí y quitarse la venda de los ojos”, dijo Karla. Su testimonio fue utilizado como muestra a favor de la conocida como Ley Megan, que obliga a las autoridades estadounidenses a hacer pública la información de la que disponen sobre delincuentes sexuales registrados. Estos datos suelen difundirse a través de páginas web gubernamentales propias de cada estado, en periódicos y otros medios de comunicación.
