Confidencial Colombia presenta un recorrido a través del ‘gris aniversario’ que cumple la sentencia impuesta el 19 de noviembre del 2012 por la Corte internacional de Justicia (CIJ), fecha en la que el país perdió soberanía sobre mar territorial a manos del gobierno nicaragüense, en cercanías con el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Después de un año del fallo, persiste la incertidumbre por acertar las posibilidades que ameriten recuperar control sobre dichas aguas.
Se cumplen 365 días desde que la CIJ elevó la tensión entre Colombia y Nicaragua, tras disponer de un amplio margen de plataforma marítima fronteriza con San Andrés y los territorios aledaños, bajo la soberanía de Nicaragua. El litigio ha tenido marcadas controversias con razón a como las partes han hecho de la diplomacia un constante fuego cruzado, al paso que cada uno alista las herramientas jurídicas que ratifiquen ante el tribunal de La Haya quién es legítimo dueño del tramo marítimo en disputa.
Un recorrido por los momentos claves del litigio – Más de una década de disputa.
Se impone el fallo de la discordia
Aquel lunes 19 de noviembre de 2012, el contencioso de La Haya a través de 15 jueces nominados por el órgano judicial de Naciones Unidas, dictó los límites marítimos entre los dos países tras una demanda impuesta por Nicaragua desde el 2001, en la que exigía control legítimo sobre 200 millas náuticas desde la costa, que comprenden control hasta el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La corte resolvió que Colombia podía continuar ejerciendo soberanía sobre el archipiélago y la plataforma marítima trazada hasta el meridiano 82, al este de la isla.
Por consiguiente, los 531 kilómetros restantes fueron otorgados a Nicaragua, bajo la sanción del derecho constitucional de 200 millas náuticas al que cada país tiene potestad. Asimismo, se dictaminó un radio de 12 millas náuticas alrededor de los cayos de Quitasueño y Serrana para Colombia, rodeados por mares nicaragüenses. Estos tramos, ricos en petróleo, hidrocarburos y pesca, eran explotados por Colombia antes del fallo emitido por el tribunal en cabeza del juez eslovaco Peter Tomka. En total, son 75mil kilómetros cuadrados los que fueron cedidos tras el fallo.
Presidente Santos señala posibilidad de desacatar fallo
El presidente de la República convocó a reunión con los delegados colombianos que asistieron al juicio en La Haya, además de la intervención de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, para discutir los alcances de la decisión de la CIJ y dirigirse a los colombianos en función de declarar un posible desacato al fallo.
“Equivocadamente, en lugar de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el tratado Esguerra-Bárcenas, (firmado en 1928 por Colombia y Nicaragua- Estipula los límites marítimos entre los dos países respecto a la soberanía sobre San Andrés y la Costa de Mosquitos) resolvió extender dicha línea al norte y al sur del archipiélago. No estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el tratado, que ella misma había declarado válido y vigente”, respondió Juan Manuel Santos horas después de conocerse el fallo. Asimismo el mandatario aseguró que no escatimará esfuerzos para “defender los derechos de los colombianos”.
Éxito “inapelable” en Nicaragua
El presidente Daniel Ortega, declaró desde un festejo realizado en la Plaza de la Revolución en Managua, que sus “hermanos sanandresanos podrán desplazarse sin problemas por aguas nicaragüenses” en razón de mandar un mensaje de victoria sobre los mares de anterior control colombiano al gobierno del presidente Santos. Ortega expresó incertidumbre por la posibilidad de que Colombia no reconociera el fallo.
“¿A dónde va a recurrir?, sólo que recurra a la Corte Celestial. Entonces, ¿para qué fueron a la Corte?, ¿para qué admitieron a la Corte?, si no se puede cumplir con lo que manda la Corte porque las leyes internas no lo permiten. La Corte obliga en todo caso a que las leyes internas se ajusten a lo inmediato para que den plena potestad al mandato de la Corte. Con todo respeto al presidente Santos, pero él no es autoridad suprema para venir a juzgar a la Corte en qué se equivocó y en qué no se equivocó. Espero que esto no sea más que un discurso del momento por el impacto que les ha provocado esta resolución, donde sencillamente se le está reconociendo a Nicaragua derechos que les habían usurpado”, indicó el mandatario nicaragüense.
Ausencia de la embajadora
Un nombre que no ha resaltado mucho durante el litigio y que compete un rol fundamental para el desarrollo del asunto, es el de Luz Estela Portilla, embajadora de Colombia en Nicaragua .Hasta el momento, no se ha pronunciado respecto a la tensión con los nicaragüenses.
Confidencial Colombia se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores y desde allí, aseguraron que la única que puede referirse al respecto es la canciller María Ángela Holguín. No obstante, se conoció que nuestra embajadora se encuentra actualmente en Colombia, situación que genera muchas dudas sobre el desempeño de nuestra representante diplomática en este proceso.
Vea: No aparece embajador en Nicaragua.
Las zonas en litigio, algunas de ellas, disputadas también con Estados Unidos.
Serranilla: Contemplada dentro del banco del mar Caribe, señalada también por la UNESCO como patrimonio natural-Biosfera SeaFlower, la isla Serranilla ha sido blanco de numerosas disputas por su soberanía, la más reciente registrada con Nicaragua. En 1999, Honduras reconoció los límites del islote como parte de Colombia; pasó lo mismo con Estados Unidos, con la excepción de que el Gobierno le reconoció a EE.UU., el derecho a la pesca en la zona.
Alburquerque: A 37 kilómetros al suroeste de San Andrés, y 190km de Nicaragua, es reconocido por ser el característico atolón de forma circular de la región. Posee amplia vegetación palmas de coco y presencia de árboles de caucho. La Armada de Colombia patrulla constantemente la zona.
Bajo Nuevo – Islas Petrel: Posee un faro de la Armada colombiana y fue reclamado también por Estados Unidos en 1869. Bajo Nuevo fue punto de administración jurídica colombiana después de un tratado firmado con Jamaica en 1993 donde se establecieron pacíficamente los límites marítimos entre los dos países.
Quitasueño: A 37 kilómetros de San Andrés, el fallo del pasado 19 de noviembre determinó que Colombia es el único que tiene soberanía sobre el cayo, luego de que Nicaragua incluyera en su demanda de 2001 posesión del banco marítimo.
Serrana: Un acuerdo binacional entre Colombia y Estados Unidos, reclamante de la zona en 19732, decidió que el cayo le pertenece a Colombia. La decisión de la corte de La Haya rodeó de aguas nicaragüenses a la zona.
Plan contra “pretensión expansionista” de Nicaragua
En septiembre de este año, el presidente Juan Manuel Santos reveló el plan del Gobierno para hacerle frente a los nicaragüenses. Según explicó el mandatario, el fallo se declaró “inaplicable” debido a que una organismo judicial internacional no puede trazar dichos limites, sin que antes estos sean aprobados por el Congreso de la República del país en disputa. El enunciado “expansionista” emitido por el jefe de Estado se debe a las siguientes razones:
•La denuncia del la Cancillería colombiana que concebía un presunto plan de explotación de hidrocarburos cerca del archipiélago por parte de Nicaragua, el cual ponía en grave riesgo la (reserva) de la Biosfera SeaFlower.
• El gobierno del presidente Daniel Ortega impuso una nueva demanda ante la CIJ en septiembre de este año, en la que refuta la decisión del Gobierno de declarar “inaplicable” al fallo e incluso pide control de aguas cerca de la costa de Cartagena.
• La adquisición de embarcaciones de guerra rusas para la Armada de Nicaragua, con el fin de custodiar los nuevos límites marítimos entre los dos países. Vea: Nicaragua a la compra de barcos de guerra.
A las denuncias del gobierno colombiano, se unen también Panamá y Costa Rica, naciones que a través de una carta enviada al secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-Moon, durante el encuentro de mandatarios en Nueva York, en octubre, denunciaron un “peligroso expansionismo de Nicaragua” en el Mar Caribe, que pone en riesgo las relaciones bilaterales concebidas entre las partes hace décadas.
Raizales y pesqueros artesanales los más afectados
Tras una oleada de críticas por la ejecución de la delegación colombiana en el juicio y la pérdida sustancial de aguas territoriales, el debate se centró en la comunidad pesquera y raizal de la isla, puesto que el tramo marítimo perdido supone sustento vital de pesqueros artesanales. Adicionalmente, los raizales manifestaron total desacuerdo y denunciaron la ausencia de un representante del gremio en la audiencia instalada en La Haya.
Se registran pérdidas millonarias del sector pesquero en la isla e intimidación constante de la armada nicaragüense cerca del meridiano. Confidencial Colombia conoció de primera mano casos de expropiación de navíos y fuertes encuentros entre pesqueros y patrullas nicaragüenses en la frontera marítima, además de la acumulación de denuncias por la falta de incidencia del Gobierno en reforzar el esquema económico de la isla, excluyendo el factor del turismo.
Vea: La independencia de los raizales de San Andrés
¿Qué ha hecho el gobierno de Colombia?
• Declarar implacable el fallo por la ausencia de la delineación de límites marítimos con Nicaragua al interior del Congreso de la República y que de esta manera el tribunal internacional reconfigure la expedición del decreto.
• Declinar el Pacto de Bogotá, tratado que suscribe a Colombia ante el juicio de la Corte Internacional de Justicia.
• Implantar el Plan San Andrés. Constituye un completo orden de infraestructura y financiamiento para el beneficio de la isla.
• El redoble de patrullas de la Armada Colombiana en los planos marítimos en disputa.
• Asegurar el resguardo de la (reserva) de la Biosfera SeaFlower.
• Enviar junto a los mandatarios de Panamá y Costa Rica una carta de protesta a Naciones Unidas donde denuncia la conducta expansionista de Nicaragua.
• Constituir a San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los territorios aledaños como una Zona Contigua Integral.
• Pagar un subsidio de 1millon 800mil pesos mensuales para los pesqueros artesanales afectados tras el fallo. Vea: Pasarela diplomática en San Andrés.
