Con la aprobación del matrimonio igualitario Uruguay se ratifica como un país que insiste por la inclusión social, a pesar de las reiteradas polémicas generadas por el particular modelo de gobierno del Presidente, José Mujica. ¿Será que Colombia logra alcanzar los mismos objetivos?
Este lunes, entró en vigencia la ley de matrimonio igualitario aprobada hace cuatro meses por la Cámara de Diputados de Uruguay e impulsada por el Presidente. La aprobación se produjo por una gran mayoría. El bloque Impulsor de la iniciativa, Frente Amplio, logró sacar adelante la iniciativa con la ayuda de varios parlamentos opositores radicados en la Cámara de Diputados del Parlamento.
La iniciativa afirma que la instauración del matrimonio “implicará la unión de dos contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estos, en los mismos términos, con iguales efectos y formas de disolución que establece hasta el presente el Código Civil en Uruguay”.
A esta enmienda, se le suman la ola de cambios que vienen de la mano del Gobierno Mujica, luego de que en el último año se legalizara el aborto y el consumo de marihuana. De igual manera, frente al punto que especifica la adopción de niños por parte de miembros de comunidades gay, “Uruguay lo mira con reserva y es un aspecto del matrimonio igualitario que polariza puntos de vista”, afirmó Vladimir Hernández, corresponsal de BBC en Buenos Aires.
Para Federico Calderón, miembro de la comunidad LGTBI de Bogotá, considera que el Presidente de Uruguay, José Mujica, es el idóneo para representar las iniciativas de grupos defensores de derechos humanos alrededor del mundo que buscan, desde políticas de inclusión social, posicionar sus peticiones como grandes legislaciones y que se “respete el derecho a la igualdad y al bendito derecho a la vida plena que al parecer se goza en Uruguay”.
¿Necesitará Colombia, como Uruguay, un gobierno más comprometido con la inclusión social y el desarrollo de garantías constitucionales para las minorías?
Según Marcela Sanchez, Directora de Colombia Diversa, “A nosotros nos ha tocado el camino más largo por la cantidad de interpretaciones jurídicas. Definitivamente el peso de una ley o de un partido político como tal simbólicamente es más fuerte y el respaldo de un presidente le da mucha más legitimidad democrática a la discusión. Creo que eso es lo que nos ha faltado en Colombia”.
“Es un compromiso del Estado erradicar la discriminación y generar la igualdad, esto tiene que ser una respuesta pública por parte del Gobierno. (…) Esto no quiere decir que no tengamos influencia y gente activa trabajando por la protección de los derechos humanos de la comunidad LGTBI”, añadió.
Por el momento, en Colombia el último avance que benefició a la comunidad gay del país fue el fallo de la Corte Suprema que reconoce a parejas del mismo sexo como una familia, sin embargo el litigio por la aprobación del matrimonio igualitario continúa en boca de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
