En medio de una tormenta judicial y política, un fallo de la Corte Suprema ha abierto las puertas a la interrupción legal del embarazo en varios hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires.
Fuentes del Gobierno de Buenos Aires, encabezado por el conservador Mauricio Macri, confirmaron que se habilitaron cinco hospitales públicos para la práctica de abortos en los términos ajustados a la ley, tras conocer la decisión de la Corte Suprema, que anoche instó al Ejecutivo porteño a permitir abortar a la joven que fue víctima de violación.
“Se hizo justicia, primó el sentido común”, dijo hoy Pablo Vicente, abogado de la mujer de 32 años que solicitó interrumpir su embarazo después de haber sido secuestrada por una red de tráfico de personas y violada.
El Supremo dejó así sin efecto una resolución judicial que el martes impidió abortar a la mujer, que ya estaba ingresada en un hospital de la ciudad para someterse a la intervención.
“Tuvimos que esperar esta instancia en la que se ha revictimizado a esta persona”, dijo Vicente al celebrar el fallo del máximo tribunal.
La mujer iba a someterse a un aborto en un hospital público bajo el nuevo protocolo para abortos no punibles aprobado por la Legislatura porteña, pero la asociación Pro Vida presentó una medida cautelar, que fue aceptada por una jueza de primera instancia y suspendió la intervención.
En declaraciones al portal Infobae, el abogado de la mujer dijo que la decisión adoptada por la Corte “ha sido un triunfo de todas las mujeres porque es un precedente para todas aquellas que quieren interrumpir un embarazo producto de una violación sin que exista una aventura como Pro Vida”.
El fallo del Supremo también ha sido destacado por sectores de la oposición al Gobierno de Macri, a quien denunciaron por divulgar datos privados sobre el caso que permitieron la actuación de Pro Vida.
“Es un enorme paso adelante para los derechos de la mujer. Tal como lo exigimos enla calle, en la justicia y en los medios de comunicación, por fin logramos que se concretara una atribución legal para una mujer que ha vivido una pesadilla”, dijo hoy el diputado porteño Alejandro Bodart, de la fuerza de izquierda Proyecto Sur.
Este caso ha desatado una intensa polémica entre grupos antiabortistas y organizaciones feministas, agravada por la decisión de Macri de vetar el protocolo para abortos no punible aprobado la pasada semana por la Legislatura porteña tras un trámite que se prolongó durante cinco años.
Para la diputada por el Partido Socialista Auténtico Virginia González Gass, “si Macri no hubiese vetado la ley, si Macri pudiera entender la necesidad de una ley de aborto no punible, si Macri no hiciera maniobras contra estas mujeres víctimas, la vida de ellas y muchas otras estaría mas protegida”.
“La ciudad necesita la ley de aborto no punible, esa ley fue discutida activa y participativamente por representantes y organizaciones de la ciudad, la sigo defendiendo porque con esa ley casos como el de esta mujer tendrían una solución rápida y menos traumática”, dijo hoy la legisladora.
El Código Penal argentino permite los abortos sólo en casos de peligro para la vida o la salud de la madre, violación o abuso a una mujer discapacitada, aunque el artículo suscita diferentes interpretaciones entre jueces y médicos.
Precisamente, médicos de un hospital de la ciudad de La Plata (60 kilómetros al sur de Buenos Aires) objetaron razones de conciencia para no practicar un aborto no punible a otra mujer que denunció haber sido violada.
El caso derivó en la intervención del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la interrupción del embarazo se concretó hoy finalmente.
“En el servicio de ginecología del hospital, como en otros Servicios, hay objetores de conciencia, pero todos los hospitales saben que hay que cumplir con el protocolo establecido para estos casos”, dijo hoy el director de hospitales del Ministerio de Salud provincial, Claudio Ortiz, en declaraciones a la agencia oficial Télam.
En Argentina se registran cada año, según estimaciones oficiales, alrededor de 500.000 abortos, que en su mayoría son clandestinos.
