Una sorpresiva decisión de la Fiscalía General de la Nación prendió las alarmas entre los implicados en el Carrusel de la Contratación. El embargo y extinción de dominio a varios bienes de 9 implicados, entre concejales y exconcejales de Bogotá, promete acelerar los procesos que se siguen en contra de quienes se beneficiaron de ese cartel de contratos.
El carrusel de la contratación se mantiene latente a pesar de la dilación en los tiempos judiciales y de que pasados cuatro años de que se hiciera público aún no se conocen los detalles completos de la situación. Sin embargo, de vez en cuando existen decisiones de los entes de justicia que indican un avance en algunos de los procesos.
Es así como el anuncio de que la Fiscalía aplicará la figura de extinción de dominio sobre cerca de 177 bienes pertenecientes a 9 implicados en el Carrusel de la Contratación abre una nueva luz en un caso que encierra uno de los mayores escándalos de corrupción en la capital del país. El avalúo catastral de los bienes excede los 19 mil millones de pesos, suma que puede crecer al hacerse un avalúo comercial de los mismos. Además, se embargaron cuentas bancarias y títulos valor. La Fiscalía también anunció que tiene en la mira bienes fuera del país.
El ente acusador también ofreció beneficios para aquellos implicados que decidan colaborar y no opongan resistencia al embargo y a la labro de extinción de dominio de los bienes.
El esquema de corrupción en la capital, que alcanzó dimensiones nunca antes vistas, contaba con la participación de los entres de control, las cabezas de las principales secretarías distritales e institutos y llegaba hasta el mismo alcalde Samuel Moreno Rojas. Incluso, algunos testigos y colaboradores de la Fiscalía han señalado la cercanía de algunos congresistas con los contratistas, entre los que se destacaban los hermanos Nule, que estaban incursos en ese tipo de actividades.
Una de las piedras angulares de ese cartel de contratos fue el exconcejal Hipólito Moreno. El excabildante condenado por la comisión de los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos ha sido el testigo estrella en contra de sus excompañeros en el Concejo de Bogotá.
Moreno, quién pagará en su casa los seis años y medio de prisión a que fue condenado por el Tribunal de Bogotá debido a una enfermedad catastrófica que lo aqueja, había comunicado a la Fiscalía General de la Nación la estructura del Carrusel de la Contratación con nombres propios.
Sobre los 5 concejales y 4 exconcejales a los que el ente investigador les aplicó extinción de dominio sobre sus bienes, Moreno dijo en qué entidades distritales tenían intereses.
Rafael Alberto Escrucería, quien tuviera pensado lanzarse a la Alcaldía de Bogotá, habría sido beneficiado con contratos en las empresas de acueducto y de energía de Bogotá. Se le embargaron 5 bienes por valor de 1.000 millones de pesos. Fue concejal por el Partido de Integración Nacional, PIN.
Orlando Parada Díaz ha sido relacionado con el contratista Manuel Sánchez, uno de los más importantes involucrados en el Carrusel. Es un acérrimo crítico del actual alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, quien señaló su cercanía con el contratista. Le fueron embargados 23 bienes por valor de 6 mil millones de pesos. Fue concejal por el Partido de la U.
Julio César Acosta es hijo de Julio Acosta, exgobernador de Arauca detenido por vínculos con grupos paramilitares. Se le investiga por haberse beneficiado con contratos en el Acueducto de Bogotá. Le fueron embargados 31 bienes por valor de 1.200 millones de pesos. Es concejal actualmente por el partido Cambio Radical.
Jorge Ernesto Salamanca ha sido señalado de tener injerencia en millonarios contratos en el sector de la salud en el distrito. Le fueron embargados 57 inmuebles por valor de 1.900 millones de pesos. Es concejal actualmente por el Partido Liberal.
Édgar Torrado ha sido señalado como parte del “Grupo Torrado”, integrado por varias empresas registradas como cooperativas. Este grupo incrementó su contratación, durante el Carrusel, con el Distrito en más del mil por ciento. Le fueron embargados 40 bienes por valor de 7 mil millones de pesos. Fue concejal por el Partido de la U.
Omar Mejía Báez ha sido señalado de ser parte del grupo de concejales, del que hizo parte el mismo Hipólito Moreno, que arregló la entrega de los contratos de las ambulancias de la capital. Se le embargaron 7 bienes por valor de 250 millones de pesos. Es concejal actualmente por el Partido Conservador.
José Fernando Rojas Rodríguez. Le fueron embargados 3 bienes por valor de 180 millones de pesos. Fue concejal por el partido Polo Democrático Alternativo.
Fernando López Gutiérrez ha sido señalado de beneficiarse con contratación del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. Le fueron embargados 4 bienes por valor de 800 millones de pesos. Es concejal actualmente por el partido Cambio Radical.
Javier Palacio ha sido señalado como el concejal que tenía a su cargo la contratación del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. Se le embargaron 7 inmuebles por valor de 1.300 millones de pesos. Es concejal actualmente por el Partido de la U.
El embargo preventivo, procede para evitar que los bienes sean traspasados a otras manos, mientras se lleva a término la investigación correspondiente. Si los investigados logran probar el origen lícito de esos bienes volverán a sus manos, de lo contrario quedarán en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes que se los utilizará para reparar a las víctimas, esto es a la ciudad, del Carrusel de la Contratación.
Al respecto el concejal Javier Palacio trinó en su cuenta de Twitter que “Los trinos de los cancerberos del régimen dejan claro q (sic) detrás de todo esto hay una persecución política por denuncias contra @petrogustavo”.
Por el momento las investigaciones continúan mientras que la concejal María Fernanda Rojas pide que quienes estén inmersos en algún proceso penal por cuenta del Carrusel de la Contratación se aparten del cargo hasta tanto no se defina su situación jurídica.
