Después de que el Presidente de la República intentara bajarle la temperatura a la polémica generada por la operación de inteligencia conocida con el nombre de “Andrómeda”, se conocen nuevas revelaciones sobre la misma y sobre sus agentes. Una operación que empieza manchar el nombre de movimientos políticos y de actividades informáticas.
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos anunció que el centro de espionaje ubicado en el barrio Galerías, de Bogotá, había sido instalado de manera legal y que la obtención de la información es una necesidad estatal, pero lo que es condenable, según el mandatario, es el uso indebido de esa información.
Con esta declaración, que no se detuvo en la legalidad o ilegalidad de la obtención de la información, el Presidente intentó bajarle la temperatura a una polémica que cada vez más abre interrogantes por doquier.
Confidencial Colombia pudo contactar a una fuente, que pidió reserva de su identidad y que reveló la manera en que comenzó el funcionamiento del centro de espionaje y la forma en que fue utilizada la estructura del Partido Pirata colombiano.
Después de una iniciativa para crear el Partido Pirata de Colombia, con sede en Medellín, la iniciativa del mismo se traslada a Bogotá, alrededor de Corpiratas. Esta nueva iniciativa buscaba organizar a los simpatizantes de la causa pirata sin necesidad de recolectar firmas para lograr tener personería jurídica.
Dos nombres surgen al momento de investigar sobre la constitución de Corpiratas. Juan Carlos Mejía, secretario general de la misma y otra persona, nombrad apor la misma fuente. Ambos deciden tomar en sus manos la iniciativa política y desarrollarla. Es así como en septiembre del pasado 2013 aprueban los estatutos de la corporación y al día de hoy no se ha adelantado nada tendiente a cualificar el movimiento.
La fuente consultada por Confidencial Colombia asegura que Juan Carlos Mejía, al que la investigación actual ha presentado como un supuesto sargento del ejército y que fue encontrado en el allanamiento realizado a Buggly el pasado 25 de enero, era uno de los dueños del negocio que funcionaba como fachada del centro de espionaje.
“Mejía decía ser de Santander pero tenía acento antioqueño, algo que me empezó a inquietar y que después se vino a sumar a sospechas sobre su negocio, ya que él tenía la tarea de adelantar la iniciativa del Partido Pirata y además era socio de ese restaurante-centro de tecnología que no producía ganancias pero que nunca dejó de funcionar. Sitio en el que al parecer también vivía. Además, alguna vez dijo que era militar y que tenía negocios con un hermano militar, negocio que tenía como tarea atrapar criminales. Eso es algo gravísimo ya que si es militar activo no puede hacer parte de una iniciativa tendiente a crear un partido político”.
También señala la misma fuente que “Juan Carlos Mejía y otra persona viajaron a Medellín el año pasado al Campus Party, acompañados de otras dos personas para empezar a reclutar jóvenes interesados en hacking y manejo de protocolos de seguridad informática, fue algo parecido a los ejercicios de reclutamiento que hacen algunas empresas en los encuentros de hackers en centros académicos europeos… la otra persona era quien ponía la asesoría técnica de la operación y Mejía era quien ponía el dinero. Este último siempre andaba con grandes sumas de dinero a pesar de que se quejaba que Buggly no arrojaba ganancia alguna”.
A propósito del origen del centro de espionaje, la fuente declaró que “Mejía y la otra persona aprovecharon la experiencia del segundo en hacktivismo y su tarea en la cualificación del Partido Pirata para lograr atraer gente con conocimientos informáticos. Mejía fue encargado de montar la fachada y el centro tecnológico, además de manejar el dinero de esa estructura. Alguna vez Mejía dejó traslucir que la información no se conseguía de manera indiscriminada o que era una operación privada, o que eran una rueda suelta. Él dejó entender que el ejército respaldaba la operación financieramente y que se hacían los encargos para conseguir los datos interceptados ilegalmente…Imagínese, si el Ministro de Defensa usa como chivos expiatorios a dos generales de la República quiénes estarán detrás de la operación y qué tan grave será la información que manejan.”
“Puedo señalar que en una ocasión Mejía anunció que se dirigía a un sitio igual a Buggly en Fontibón, que esa era otra sede de su negocio. Un sitio conveniente ya que los aeropuertos de El Dorado y Catam quedan muy cerca de esa zona…lo más preocupante del asunto es que los 12 o 13 activistas que hacen parte de la iniciativa del Partido Pirata están siendo estigmatizados y vinculados a una operación de la que tal vez ninguno tenía conocimiento y que utilizó esa iniciativa política como fachada en el mundo del hacktivismo así como uso un restaurante para enmascararse”.
Así las cosas, quedan varios interrogantes por aclarar ¿Si la operación estaba enmarcada dentro de las operaciones legales de inteligencia del ejército, porque la obtención ilegal de información de personalidades como los representantes del gobierno en el proceso de paz?, ¿Hasta qué punto es lícito utilizar como fachada para una operación de inteligencia a un movimiento político como el Partido Pirata?, ¿Cuántos centros de espionaje como el que se desmanteló, existen en la ciudad y en el país?
Por el momento la Fiscalía General de la Nación adelanta la investigación pertinente, mientras que los activistas y hackers que visitaron Buggly están preocupados por la estigmatización y acusaciones de servir a iniciativas ilegales del ejército.
Confidencial Colombia intentó comunicarse con Juan Carlos Mejía y en diálogo con un miembro de su familia pudo conocer que se encuentra en libertad (a pesar de haber estado en el sitio allanado y figurar como socio) y que “se acercará a las autoridades en el momento pertinente para dar sus declaraciones”.
