La Fiscalía General de la Nación judicializó a un coronel, un intendente, dos subintendentes y dos patrulleros adscritos a la Policía de Tránsito, tras inferir que estarían implicados en el secuestro de un hombre el pasado 29 de abril.
De acuerdo con lo establecido en el proceso, la noche de los hechos, la víctima estaba frente a su residencia en el barrio San Bernardino de la localidad de Bosa, cuando presuntamente fue abordado por cuatro hombres y una mujer, vestidos de civil, quienes se presentaron como miembros de la Policía Nacional, al parecer con una orden de allanamiento falsa, en el marco de una supuesta investigación que le adelantaban por los delitos de hurto y receptación.
Aparentemente, dos de los uniformados investigados realizaron el allanamiento y encontraron $1’490.000 en efectivo y lo tomaron como posible elemento de prueba, mientras que otros habrían subido a la víctima a uno de los dos vehículos oficiales en los que se transportaban, indagándole por unos elementos hurtados en la vivienda de un oficial.
Se conoció que el hombre afectado fue retenido por varias horas y trasladado al municipio de Cucunubá (Cundinamarca), donde se presume que los hoy procesados lo torturaron, lo golpearon y lo amenazaron de muerte.
Según los elementos materiales probatorios recaudados, la primera vez que la víctima intentó escapar, presuntamente, fue amenazado con un machete por sus captores y posteriormente, en un recorrido sin rumbo fijo, esta logró saltar y huir, siendo auxiliado por unos campesinos del sector.
El 6 de julio último, con apoyo del Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá, se hicieron efectivas las órdenes de captura en contra de:
- Coronel Gavino Humberto Gamboa Correa
- Intendente Johnathan Giraldo Aguilar
- Subintendente Jhon Fredy Velandia Mesa
- Subitendente Sandra Liliana Martínez Chacón
- Patrulleros William Eduardo Pérez Roncancio
- Patrullero Juan Diego Gañan Castaño
En audiencias preliminares, la Fiscalía les formuló cargos a estas personas, en calidad de coautoras, por los delitos de secuestro simple agravado, tortura, falsedad material en documento público agravada por el uso, hurto calificado y agravado, violación de datos personales agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, y peculado por uso. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad.
El juez 71 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá acogió la petición del ente acusador e impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de los seis imputados. La defensa apeló esta decisión.
