Susana Muhamad
Esta semana, en un acontecimiento sin precedentes, el Concejo de Bogotá, declaró la Emergencia Climática. Esto significa que todos los partidos políticos con representación en la corporación, reconocieron que el mundo ya traspasó los límites de acumulación de gases efecto invernadero y que por lo tanto estamos en una crisis de la civilización entera, irreversible, estructural e imparable; pues al transformarse los patrones de regulación del clima, se transforman todos los sistemas que generan la vida.
Así mismo, se reconocen los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), en el que más de 6,000 científicos definen, que, para mitigar los impactos de este cambio drástico, y que la temperatura del planeta no suba por encima de los dos grados centígrados, se requiere disminuir los gases efecto invernadero en un 45% al final de esta década y a cero emisiones al año 2050.
Esto significa, ni más ni menos, que nuestra vida completa debe separarse de los combustibles fósiles. Se trata de crear otra civilización y otra cultura, pues la existencia del ser humano contemporáneo depende, hasta en lo más esencial, de esta fuente energética. El 75% de estos gases se producen en las ciudades, Bogotá es la urbe número 39 en tamaño y población, con la declaratoria de esta semana, se convirtió en la primera capital de América Latina que declara esta emergencia, de allí lo significativo de la decisión. El compromiso implica cambiar de fondo varios sistemas urbanos, así como la vida en la ciudad.
Lo acordado también reconoce que hay que proteger a la sociedad, pues ya estamos en medio de este cambio planetario y los efectos de la crisis climática afectan, actualmente, a millones de personas en el mundo. Por lo tanto, el concejo reconoce que son las poblaciones vulnerables las que más sufrirán, esto implica una visión de justicia climática y derechos humanos. Un solo evento de crisis provocado por el clima puede borrar décadas de progreso social y económico. Por lo tanto, ya no se trata de las generaciones futuras, sino del futuro inmediato de la generación que ya nació en este siglo.
Este no es un reconocimiento menor desde la perspectiva política. Se constituye en una aprobación multipartidista, un acuerdo sobre lo fundamental, que define decisiones de cambio concretas. No podemos dar por hecho este evento, solo es mirar la disputa electoral en los Estados Unidos, para saber que la polarización política ha llevado al traste con los avances de adaptación de las sociedades a esta realidad que nosotros mismos creamos.
También pasó en Bogotá, en dónde perdimos una década con la destrucción del primer Plan de Cambio Climático decretado por Gustavo Petro y destruido por Enrique Peñalosa. Esperemos que el acuerdo multipartidista del concejo y la ciudadanía movilizada, quien eligió al grupo de concejales que lo hicieron posible, genere posibilidades efectivas de implementación.
El acuerdo tiene 10 mandatos y más de 50 estrategias para afrontar las vulnerabilidades de este territorio a 2,600 metros de altura, muy cerca de dónde nace el agua. Bogotá, de acuerdo al IDEAM, es la ciudad más vulnerable de Colombia. Esto se debe a su tamaño, a su gran población y a su geografía. La Capital de Colombia, en el futuro, tiene altas probabilidades de sufrir desabastecimiento hídrico e inseguridad alimentaria. Esto sin contar eventos catastróficos como inundaciones, incendios forestales y fallas de infraestructura. A la vez, si conservamos el territorio y cuidamos la estructura ecológica principal, podemos ser más resilientes a las condiciones que se están produciendo. Por eso el acuerdo genera una agenda con medidas audaces, pero iniciales, para esa transformación, la implementación se nutrirá de la experiencia práctica del gobierno y las comunidades, así como de la creatividad de la población.
Algunas de estas medidas son: Dejar de construir sobre los espacios del agua y no intervenir los ríos para que nos protejan de la inundación. Construir un plan a 12 años para recuperar los ecosistemas de la ciudad y su funcionalidad. Generar un sistema de abastecimiento alimentario resiliente al clima, en cooperación con la región central y buscando conectar al campesinado con los consumidores urbanos, avanzando así en la transición hacia la agroecología.
Se busca disminuir el precio de los alimentos, proteger reservas alimentarias como el Sumapaz y la Sabana de Bogotá. Se manda a generar una ruta de cierre del relleno de Doña Juana transformando el sistema de producción, así como el de manejo de residuos. Se pretende avanzar en la transición energética, especialmente en el transporte, en dónde no se podrá comprar flota con base en combustibles fósiles a partir del 2022.
El agua es central en esta transformación, pues se busca generar un sistema en dónde se pueda reutilizar la lluvia, el agua gris y la residual, para lo cual se requiere cambiar la norma de construcción de la ciudad. Además, se define, que hasta que no se transforme el manejo del preciado líquido, no se podrá avanzar en sistemas adicionales de abastecimiento como Chingaza II. Hay un mandato de educación, participación ciudadana y salud. Además, se crea un panel distrital de cambio climático, en el que la academia y los saberes ciudadanos construirán conocimiento para guiar esta revolución.
La ruta está trazada, el camino de exploración empieza y continúa, porque muchos ciudadanos ya están en este proceso de cambio. Y, sin embargo, la falta de acción de años anteriores nos interpela. Esta semana declaramos la Emergencia Climática en Bogotá desde el nivel político, pero la naturaleza nos habla desde los territorios. Amanecemos con el departamento del Magdalena y Cartagena inundados, con el archipiélago de San Andrés y Providencia expectantes por el paso del huracán Iota, después de haber sufrido los estragos de la tormenta ETA, en un 2020 que ha provocado la mayor temporada de huracanes y tormentas en el Caribe, además de tener al Chocó bajo el agua y que en Bogotá se vienen dando aguaceros torrenciales. Diez años después de la última crisis se desencadena nuevamente un fenómeno de la Niña, la última vez se inundó la Sabana de Bogotá y hubo 32,000 familias damnificadas.
Tres emergencias confluyen al tiempo en el territorio bogotano en este mes de Noviembre: El riesgo de inundación, las enfermedades respiratorias agudas de la época invernal y el COVID, con su rezago de pacientes crónicos mal atendidos durante la cuarentena, que hoy empiezan a llenar las Unidades de Cuidados Intensivos. El sistema de salud empieza nuevamente a tensionarse, en medio de la peor crisis socio-económica de un siglo. Los sistemas de respuesta a emergencias también, la capacidad social de resiliencia en vilo.
El gobierno buscará cumplir la declaratoria de Emergencia Climática, aunque estará siempre rezagado frente a los acontecimientos, pues como lo estamos viviendo este año, una crisis se concatena con la otra, generando eventos inesperados. La complejidad de lo que desatamos, ahora se nos devuelve. En medio de este cambio constante, las sociedades son las que deberán aprender y resistir, no será nuestra decisión política la que cambie la situación, será la Emergencia la que nos enseñe y nos obligue a tomar decisiones políticas. ¿Qué tan duro será aprender? De esa respuesta dependen miles de vidas. Bienvenidos al Siglo XXI.
