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La Administración Distrital debe enfatizar en el recaudo de las deudas al sistema de salud de la ciudad. Las subredes y Capital Salud tienen una cartera crítica, hay que revisar en qué están fallando porque las finanzas no van bien.

La sostenibilidad financiera y la permanencia económica de las empresas, se encuentra estrechamente relacionada con su crecimiento y la mitigación del impacto de los riesgos sistémicos, procesos que se han visto afectados de manera directa y trascendental por la permanente crisis financiera y económica del sector salud y a la que se ven enfrentadas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) a causa de la inadecuada administración de los recursos en salud manejados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) de Salud y la cual pareciera ser un problema imposible de solucionar.

Lo más preocupante de todo es el impacto a que esto conlleva en la calidad de la prestación de los servicios de salud, que continúan en deterioro, demoras en la autorización de procedimientos y medicamentos, trámites engorrosos, falta de integralidad en la atención, largas listas de espera con especialistas y otros mecanismos también llamados “barreras ocultas al acceso” lo que genera una precisa violación al derecho a la salud establecido constitucionalmente y todo esto cuando no hemos superado la pandemia.

La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos –ACESI– denunció que la pandemia ha provocado un aumento alarmante de la cartera adeudada entre las EPS y las ESE del país; evidenció que los hospitales públicos solo recibieron el 17% de los recursos en 2020 exactamente el mismo porcentaje de 2019. Lo que muestra este hallazgo es que la crisis financiera de los hospitales públicos se agravará este año y los siguientes.

Las carteras de las EPS y otros deudores mantienen un crecimiento acelerado, con corte al 2020 la deuda llegaba a los $9.4 billones de pesos, sumado a la deuda que tiene la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES y el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME- que es el responsable de pagar la vacunación de los colombianos y a pesar de que se han destinado más de 24 millones de dosis por parte de los prestadores, los recursos girados no cubren ni el 40% del costo de las dosis que se han administrado y no solo aplica para los prestadores públicos, sino que las IPS privadas también se han visto afectadas, ya que las 5.500 privadas y los 923 hospitales públicos reportaron los peores saldos contables y aumentos en sus carteras en el último año, mientras las EPS arrojaron utilidades netas que superan los $585 mil millones. Así es el panorama actual de la Cartera de cuentas por cobrar de las Subredes en Bogotá:

Tabla que muestra la cartera al mes de agosto 2021 Versus Entidades

El comportamiento financiero muestra que el modelo de la salud en Colombia está diseñado para que las EPS tengan condiciones mucho más favorables que los hospitales, aun cuando atravesamos una de las peores crisis imaginables como la de hoy en el mundo y que los actores directos de la prestación de servicios de salud siguen estando en las peores condiciones laborales, los prestadores de servicios de salud están quedándose sin presupuesto y recargando al personal porque no tienen como reforzar sus equipos para lograr cumplir los objetivos propuestos.

Queda evidenciado, que las entidades deben fortalecer la gestión de cobro y saneamiento de la cartera adeuda, no hay empresa o entidad que funcione sin pagos y el Distrito no se puede hacer el de la vista gorda con la crisis en las finanzas del sector salud que es evidente.

Lucía Bastidas Ubaté

Concejal de Bogotá

Lucía Bastidas

lbastidas@concejobogota.gov.co
Concejal de Bogotá Comunicadora Social y periodista, especializada en Alta Dirección del Estado y Resolución de Conflictos, con maestría en Ciencias Políticas, Maestría en Dirección de Empresas y MBA en Business Administration. Fue asesora de la Gobernación de Cundinamarca y de la Comisión Nacional de Televisión; coordinadora regional de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y directora del Instituto de Participación y Acción Comunal. Antes de llegar al Concejo, fue directora de Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio del Interior.

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