Después de un año de la muerte de ocho muchachos y las fuertes heridas de otros tres en el incendio de la Estación de Policía de San Mateo, la Procuraduría inhabilitó a dos policías involucrados en los hechos. A pesar de la importancia de la decisión y de la celeridad del caso, aún quedan asuntos pendientes para satisfacer los derechos de las víctimas.

Desde noviembre de 2020 he insistido en este caso, a pesar de los intentos de silenciarme y de estigmatizarme. Conocí este caso a partir del doloroso relato de las familiares de los muchachos asesinados. Según las madres, hermanas y esposas, el 4 de septiembre fueron a la Estación a visitar a los muchachos que estaban privados de su libertad en la Estación. Les llevaban alimentos y elementos de aseo, tenían ilusión de compartir con ellos. Sin embargo, el comandante de la Estación canceló la visita y los muchachos empezaron a protestar. Uno de ellos encendió una cobija. Los policías, en lugar de apagar el fuego, impidieron que las familiares lo hicieron. Finalmente, ocho muchachos fallecieron y otros tres quedaron gravemente heridos. La versión que difundió la Policía y algunos funcionarios civiles fue señalar que los muchachos intentaron fugarse y las familias, realizando una asonada, pretendían contribuirle en ello ¡Cuánta infamia!

Las investigaciones de la Fiscalía y de la Procuraduría muestran resultados escabrosos. Según estas, al iniciarse el fuego, uno de los muchachos le informó al custodio lo que estaba sucediendo, a lo que este le contestó “quémense” mientras le mostraba las llaves. Pasaron cerca de siete minutos en los que los muchachos clamaban auxilio y las familiares intentaban hacer algo, pero los policías solamente intentaban controlar a las familiares. Según la Procuraduría, fueron siete minutos en los que no se hizo nada para apagar el fuego. Solamente un policía, que no estaba en la Estación cuando empezaron los hechos, decidió hacer algo. Indudablemente, las familias se quedaron cortas, la realidad fue más grave.

Este caso es una radiografía de los problemas de la Policía, una institución a la que la Constitución le encarga “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas”. La falta del más mínimo sentido de empatía y la falta de capacidades para atender un caso complejo son dos características de esta radiografía.

La Procuraduría evidenció estas falencias en el caso y su decisión implica que dos policías –la subcomandante de la Estación y el custodio– son separados de la institución. A pesar del avance que implica esta decisión y de su importancia, es insuficiente para satisfacer los derechos de las víctimas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional han repetido en múltiples casos que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos tienen derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición. La actuación de la Procuraduría contribuye a satisfacer los derechos a la verdad (saber qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó y por qué pasó) y a la justicia (que el Estado investigue, juzgue y, eventualmente, sancione a todos los responsables). Sin embargo, esto no es suficiente. Según ambas Cortes, estos derechos se satisfacen en el marco de procesos judiciales. Aún la Fiscalía está en mora de llevar a juicio a los responsables. Por otra parte, el derecho a la reparación ha estado totalmente ausente. Ni qué decir de la no repetición. La no repetición pasa por reformar a la Policía desde las voces de las víctimas, de las regiones, de las personas racializadas y de las diversidades sexuales.

Aún tenemos mucho camino por recorrer. Debemos reformar a la Policía YA.