La Procuraduría General de la Nación tomó cartas en la discusión que se presentó en Bogotá, tras la decisión de la alcaldesa, Claudia López, de no construir la ALO Norte y en cambio darle paso al proyecto de la construcción de 14.000 viviendas y la principal universidad pública de Suba.
El Ministerio Público encontró falencias técnicas y jurídicas en el contrato que ampara obras de urbanismo y en la que se detectaron inconsistencias en estructuración, desarrollo y ejecución de las mismas.
Cuestiona, además, las variaciones injustificadas y súbitas, el incumplimiento de los términos de referencia y de las pautas del manual de contratación que podrían derivar en eventos violatorios de los principios de transparencia, economía, buena fe, legalidad y vulneración al deber de planeación.
El órgano de control disciplinario pidió a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá -RENOBO- a frenar el proceso de selección ya que se pone en riesgo el patrimonio de la Nación pues es un contrato que asciende a los $ 370.419.000.000.
Al respecto, el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, pidió a la administración saliente atender la petición de la Procuraduría General de la Nación.
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