El bicicarril de la Calle 13 en Bogotá, que ha sido motivo de polémica entre la Alcaldía y el Concejo de Bogotá, vuelve a estar en el ojo del debate, esta vez por cuenta de un informe de la Personería de Bogotá, quien encontró improvisación e irregularidades en su construcción del bicicarril.
Para la puesta en marcha de esta obra, se invirtió un valor superior a los $2.757 millones. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) primero contrató, el 29 de mayo 2020, por un valor total de $1.511 millones, de los cuales se ejecutaron, $899 millones, para la instalación de barreras de segregación en concreto tipo New Jersey.
Además, la Secretaría Distrital de Movilidad realizó una inversión de $479 millones para el control semafórico y señalización del tramo, con una inversión total de más de $1.378 millones. La obra terminó en diciembre de ese año.
Un mes después, en enero de 2021, ante la grave afectación en la movilidad vehicular en el sector, ordenó quitarlos y direccionó de nuevo la construcción, ahora con andén y sobre una zona de reserva vial al costado de la calzada existente, con la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), por $1.378 millones. El Distrito planteó construir la obra desde la Avenida Boyacá hasta la carrera 135, sin embargo, sólo la realizó a partir de la carrera 97.
Un tramo de la obra podría ser construida en 2023, si el Distrito decide prolongar Transmilenio por la calle 13, de la carrera 50 hasta la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), según contrato de consultoría para una solución definitiva al problema de movilidad del sector.
Para la Personería Distrital, esta aparente falta de planeación, que no tuvo en cuenta los diseños existentes y ejecutó el proyecto en dos oportunidades, con la consecuente pérdida de recursos públicos, podría ser constitutiva de una falta disciplinaria y haber ocasionado un detrimento patrimonial. Por eso, el Ministerio Público Distrital inició una indagación preliminar para determinar si los hechos señalados tienen incidencia disciplinaria e identificar a los posibles responsables, asimismo enviará copia a la Contraloría de Bogotá para la investigación fiscal correspondiente.
