En la ciudad cada día se presentan más casos de violencia e intolerancia entre vecinos, una problemática que parece no tener techo y que escala de forma exponencial. De acuerdo con cifras reportadas por las dieciséis Casas de Justicia y la Personería de Bogotá, en el primer semestre del año se registraron más de 1.600 hechos relacionados con peleas y riñas en conjuntos de apartamentos o edificios residenciales, 8,5 % más frente al mismo período de 2023.
Según la Secretaría de Seguridad, los cuatro conflictos de convivencia más frecuentes, ocurren por el no pago de obligaciones de arriendos o alquileres, por exceso de ruido, por el mal manejo de basuras y por el poco control que se tiene sobre las mascotas, especialmente con el hecho de no recoger sus desechos.
De acuerdo con cifras oficiales (corte a junio de 2023), las zonas de Bogotá en las que se han protagonizado mayores conflictos son: Suba (568), Bosa (198), Kennedy (133), Ciudad Bolívar (115), Barrios Unidos (103) y Usme (99), son las seis localidades de la ciudad que lideran el ranking, seguidas de Fontibón (95), Usaquén (93), Chapinero (82), Tunjuelito (79), San Cristóbal (66), Engativá (37), Los Mártires (36) y Puente Aranda (30).
¿Cómo reportar estos casos a las autoridades? ¡Tome nota!
Luis Carlos Restrepo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, señala que los ciudadanos pueden denunciar este tipo de hechos o conductas de la siguiente manera:
La situación inicialmente debe ser informada a los Comités de Convivencia del edificio o conjunto residencial.
Si se quiere escalar el caso, se recomienda exponer la situación en la Casa de Justicia donde vive el afectado. En este link podrá consultar las direcciones de todas las sedes: https://bogota.gov.co/servicios/guia-de-tramites-y-servicios/que-es-una-casa-de-justicia
También podrá comentar el conflicto a la Policía, reportando la situación en el CAI más cercano o a la patrulla del cuadrante donde vive la persona.
De acuerdo con Restrepo, “otra forma eficaz de alertar lo sucedido, es llamando a la línea de emergencias 123 para informar los hechos y con esto las autoridades actuarán conforme a lo que dicta el Código Nacional de Policía y Convivencia en torno a medidas correctivas, que pueden ser desde imponer multas, sanciones y amonestaciones hasta sellamientos o de ser necesario conducir al agresor a una estación de Policía”.
Para tener en cuenta, si el conflicto está relacionado con exceso de ruido en reuniones o fiestas, que es el caso más frecuente de conflictos entre vecinos según la Policía, esta conducta puede dar lugar a una multa general tipo 3, la cual equivale a 16 salarios mínimos legales vigentes, y a otras acciones sin perjuicio de aplicar más recursos jurídicos, como una querella o denuncia por lesiones personales, amenazas contra la vida o violencia física, en la que ya entrará a actuar la Fiscalía General de la Nación, imponiendo sanciones como ordenar el alejamiento del vecino problemático, restringir las fiestas o reuniones en el lugar donde se excedieron los límites de ruido o también podrá aplicar otro mecanismo como el uso de la fuerza legítima.
Sin embargo, antes de denunciar, se aconseja intentar llegar a un acuerdo amigable con el posible infractor, “ya que, en la mayoría de los casos, la falta de diálogo que da génesis al conflicto, puede ser eficazmente superada, sobre todo con la mediación de terceros imparciales”, agrega.
¿Por qué no se denuncian generalmente estos hechos?
Según una encuesta realizada por el Ministerio del Interior y la firma Cifras y Conceptos, el 67 % de los bogotanos consideran que los ciudadanos no les temen a las infracciones por temas de convivencia y por eso terminan haciendo su voluntad sin importarles el daño que causen a la comunidad. En consecuencia, todos los comportamientos relacionados con situaciones entre vecinos copan las líneas de atención de la Policía, pero no llegan a materializarse en denuncias.
Igualmente, cuestiona Restrepo, es evidente la falta de pedagogía que no permite conocer y entender cuáles son los mecanismos y las acciones adecuadas que pueden emplearse en este tipo de casos y procurar su solución. “Cuando llegan estos conflictos a las inspecciones de Policía, efectivamente se imponen las medidas correctivas, pero muchas veces se acude a la resolución aplicando la justicia por mano propia”.
Actualmente el marco normativo para manejar estos temas es robusto e, incluso, hay un reformulado estatuto de conciliación que facilita distintas opciones para darle solución real y pronta y por regla general gratuita a las controversias que podrían llamarse domésticas pero que en la vida en comunidad son trascendentales.
