Esta semana se aprobó el “Plan de rescate social” propuesto por la Alcaldía, mi voto a este proyecto fue negativo, considero que en términos técnicos se cometió un error tanto económica como jurídicamente. Ni se recuperan los empleos perdidos, ni los ingresos de los hogares bogotanos, y se envía un pésimo mensaje a la ciudadanía.
En 1940 Keynes publicó “¿Cómo pagar la guerra?” un libro donde describía una estrategia económica para garantizar una aventura bélica, tres de los principales lineamientos planteados allí eran la necesidad de ocupar toda la capacidad productiva del país, garantizar los ingresos de los hogares y generar mecanismos de redistribución. Por estas conclusiones es que algunos economistas trajeron esta publicación nuevamente al debate, cuando se empezaron a discutir las estrategias para superar la crisis económica producto de la pandemia de la Covid-19.
La idea fundamental para traer a colación la publicación de Keynes, es que a diferencia de otras crisis económicas donde la demanda agregada en general se estancaba como parte del ciclo económico, a lo que nos enfrentamos con la pandemia de la Covid-19 fue a algo similar a una guerra, un choque por fuera del ciclo económico que bloqueó el comercio internacional, extinguió los ingresos de los hogares y frenó las expectativas de ganancias que alientan la inversión.
Durante los debates sobre el cupo de endeudamiento, así como del presupuesto, realizados ambos el año pasado, y de forma similar durante el reciente debate sobre el proyecto de “Rescate social” he insistido, junto con otras tantas voces, que frente a una crisis como la actual no podíamos asumir las mismas recetas, no son suficientes los subsidios a la nómina, ni los certificados de capacitación para jóvenes y mujeres. Con una inversión baja, con altos niveles de incertidumbre, con grandes niveles de deuda acumulada por los hogares y por las pequeñas empresas, el rol del Estado debe ser crucial, y el interés colectivo debe primar por encima de cualquier negocio particular.
Hemos estado en guerra durante más de un año, pero el enemigo no son los migrantes, ni mucho menos los jóvenes que exigen cambios sociales, el enemigo principal es la Covid-19, y las diferentes condiciones que han hecho que la desigualdad se exacerbe cada vez más.
En este reto contra la Covid-19 y la desigualdad es claro que el actor con más capacidad es el Gobierno Nacional, pues administra los principales recursos del país; no obstante, los gobiernos regionales, y en especial, el gobierno distrital ocupa un lugar de mucha responsabilidad, no solo porque maneja grandes recursos, sino que de su administración depende, en parte, los resultados de cerca de un cuarto del PIB nacional.
En un momento de crisis económica y social, cada peso público es sagrado, de ahí la importancia de los diagnósticos y de las apuestas para superar esta etapa. Creo firmemente que la ciudadanía tiene mucho que aportar, y que sus exigencias durante el Paro Nacional deberían ser una hoja de ruta para la planeación y administración de los recursos que se destinan para la reactivación económica y el rescate social.
Lastimosamente ni los diagnósticos, ni las soluciones que han dado las administraciones a nivel nacional y distrital parecen identificarse con lo planteado por Keynes cerca de 80 años atrás. Ni los recursos de inversión social garantizan los ingresos de millones de colombianos y bogotanos, ni la estrategia de reactivación económica recuperará de manera rápida los empleos perdidos.
Hace pocos días se aprobó el denominado “Plan de Rescate social”, que destina a Transmilenio más del 61% de los 1,8 billones de pesos aprobados, y que emplea parte de los recursos del cupo de endeudamiento, aprobado para la reactivación económica y gasto social, para garantizar las tasas de ganancia de los operadores del sistema. Mi voto a este proyecto fue negativo, considero que en términos técnicos se cometió un error tanto económica como jurídicamente, sin embargo considero que el principal error fue el mensaje que se transmitió, en medio de una crisis económica y social se priorizó el interés de los operadores por encima de la recuperación de empleos, y de ingresos para muchos de los hogares bogotanos.
