En días pasados el secretario general de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas -ACCE-, Alcides Gómez, durante la instalación del foro La corrupción en Colombia y las propuestas para su eliminación, organizado en conjunto con el Colegio Máximo de las Academias de Colombia -COLMAC-, y el Instituto Anticorrupción -IA-, hizo la presentación histórica del problema de la corrupción, remontándose hasta la colonia.
Presentó algunos fragmentos tomados del libro Corrupción: metáfora de ambición y deseo de Hermes Tovar Pinzón (Ediciones UniAndes, 2014) que nos llevan directamente a las raíces del problema más sofocante que tenemos, que es a su vez causa de la mayoría de los demás problemas que sufrimos, que no solo no nos deja avanzar sino que nos mantiene anclados al subdesarrollo y sin esperanza de salir de la pobreza y mejorar la desigualdad.
Las tres instituciones que nos trajo la colonia fueron la encomienda, la alcabala y la iglesia católica. El recorrido por estos fragmentos nos da una repasada sobre cómo estas instituciones forjaron una cultura de corrupción muy arraigada que fomentó la pobreza, la desigualdad, el racismo y la injusticia. Son hoy, esos resultados con los que nos ha tocado vivir.
Por considerarlo de gran importancia para la comprensión real del problema mayor de los colombianos, comparto los fragmentos de la conferencia (en una adaptación libre) que permiten visualizar aquella época infortunada:
La colonia tuvo una historia de poder, de familias poderosas y caciques locales que cayeron en la tentación de la corrupción y el fraude. En la sociedad colonial, funcionarios estatales, líderes religiosos y gamonales utilizaron lo ilícito para enriquecerse, generando malestar social. Las relaciones de poder se basaban en conveniencia, amiguismo, parentesco y prejuicios, lo que permitía el acceso a tierras, negocios y cargos mediante prácticas corruptas.
Durante la colonia, burocracia, empresariado e iglesia explotaron y dominaron la sociedad, incluyendo a indios, negros y mestizos. Esta “Santa Trinidad” creó sistemas de opresión, soborno e injusticia, con tribunales propios para castigar y torturar. Se unieron para controlar la tierra, ingresos fiscales y todas las estructuras de poder, afianzando su hegemonía e inmoralidad.
A lo largo del tiempo, se estableció la exclusión social y el racismo como formas de marginar y establecer una nueva estructura de castas en las colonias. Surgieron sistemas que limitaban las oportunidades de desarrollo para unos pocos. Se forjaron los pilares para mantener la impunidad y reprimir a aquellos que desafiaban su poder y privilegios en busca de libertad, democracia y derechos fundamentales. Los que controlaban el poder público ignoraron que, si el costo de la ley supera sus beneficios, la ley se incumple y se consolida la ilegitimidad.
En el mundo colonial, se aceptaron y promovieron conductas de despilfarro, violencia e impunidad, lo que dio lugar a una cultura de saqueo arraigada en el Estado colonial y posteriormente en la República, aún bajo los estandartes de libertad y orden. A pesar de los controles fiscales y restricciones comerciales, el desfalco, robo y evasión de impuestos fueron comunes, al igual que el contrabando de diversos bienes, respaldado por las autoridades aduaneras y militares de puertos y ciudades pequeñas.
La ilegalidad y la informalidad se afianzaron con el respaldo de funcionarios de alto y bajo nivel, así como de personas interesadas en beneficiarse de estas prácticas opacas de la economía. Desde mercaderes hasta oficiales reales, gobernadores y hasta obispos, todos se vieron involucrados en la corrupción, como se decía en la época alrededor de 1630.
Estas conductas operaron como la principal forma de acumulación de capital y riqueza para algunos en la época colonial, mientras que para otros eran medios de supervivencia. La escasez de oportunidades económicas impulsó el enriquecimiento de grupos que se establecieron en ciudades, villas y poblados, a través del uso de recursos públicos, la sobre explotación de los tributos y la evasión de impuestos. Esta ambiciosa economía de codicia y corrupción llevó a los menos favorecidos a imitar a predicadores de normas y leyes sobre el orden y la moral.
Los gobernantes, quienes debían promover la honestidad, equidad y equilibrio social, no fueron un buen ejemplo para los grupos subalternos que siguieron sus prácticas éticas. Un ejemplo de esto fue el fiscal de la audiencia de Panamá en 1608, quien reportó grandes fraudes en las aduanas durante la llegada de las flotas a Portobelo (Panamá) pero culpó a personas pobres de Sevilla (España) por dejarse sobornar.
Alrededor de 1620, los oficiales reales en Cartagena de Indias dejaron de inspeccionar los navíos a cambio de sobornos para permitir la introducción ilegal de negros y otros bienes de contrabando. Aproximadamente la mitad de los negros introducidos entre 1618 y 1620 fueron contrabando, y las autoridades recibían un tercio de los impuestos recaudados, que se repartían entre el teniente Gobernador, el tesorero y el contador. Un grupo de subalternos y colaboradores facilitaban el funcionamiento de estos sistemas corruptos, donde la inequidad en los ingresos y la impunidad en la justicia se consolidaron como los principales pilares de la corrupción desde el siglo XVII.
Durante la primera mitad del siglo XVIII, el contrabando se convirtió en un modo de vida que unía a políticos, funcionarios militares y comerciantes en una poderosa y persistente camarilla de contrabandistas. Incluso el virrey Villalonga fue acusado de extorsión y destituido debido a su complicidad con el gran grupo de contrabandistas establecido en Cartagena.
Después de 1830, quienes lideraron la construcción de la República heredaron los antivalores y corrupción del pasado, considerando legítimo mantener el dominio sobre cabildos, gobernaciones y aparatos estatales, así como los recursos públicos, sin los controles impuestos desde la metrópoli colonial. Estos herederos de la cultura de la venalidad y el cohecho establecieron una ética republicana basada en sus antiguos vicios y privilegios. Aunque ya no pagaban por los cargos burocráticos, utilizaron los recursos públicos para enriquecer a sus allegados.
Casi todas las guerras civiles buscaron intereses burocráticos más que fines políticos, ya que el botín estaba en las rentas públicas, utilizadas para recompensar a sus seguidores con pensiones, bienes y cargos oficiales. Los partidos luchaban por obtener el control de la administración pública para favorecer a sus allegados y familiares. Al ser denunciada la corrupción, los grupos en el poder respondieron con represión y violencia para silenciar a los críticos.
Esta dimensión humana de la corrupción y su evolución histórica se encuentran registradas en archivos históricos de Europa y América Latina. El impacto económico y los costos sociales de este desfalco han sido devastadores para el crecimiento y desarrollo de las regiones y de la nación colombiana.
Que legado tan funesto. Los 500 años de experiencia en todo tipo de prácticas corruptas explican nuestra cultura tan fuerte al respecto, y nos deja con la necesidad de ser más agudos y ácidos en la auto reflexión, en la reflexión conjunta y en el diseño de soluciones, desde puntuales hasta generalizadas, desde individuales hasta colectivas, desde legales hasta éticas, que nos permitieran tener al menos la esperanza de que algún día podríamos mejorar.
Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz
