Tras una visita a las fincas Mandinga y Marlengo, ubicadas en el municipio de Cáceres (Bajo Cauca antioqueño), escenario del reciente paro minero que afectó durante varias semanas el orden público en la región, el el Fondo para la Reparación de las Víctimas, junto con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Minas, la Alcaldía de Cáceres, la Personería y la Procuraduría, constataron que se había tramitado una licencia de manera irregular en el predio de Mandinga para actividades de extracción minera.
En el recorrido se evidenció que no se trata de minería artesanal sino de minería con maquinaria, con excavaciones profundas que deja un balance de daños físicos y ambientales muy grande en el predio.
En Marlengo se presenta una ocupación ilegal de alrededor 1.000 unidades habitacionales para casi 5.000 personas, según datos de la Alcaldía de Cáceres, lo que ha generado una problemática social muy amplia que se revisará en conjunto con varias entidades locales.
El Fondo para la Reparación de las Víctimas solicitó la presencia del Ministerio de Minas, lo mismo a la procuraduría delegada al seguimiento del proceso de paz, la Secretaría de Ambiente de Antioquia, la Policía y el Ejército para frenar la actividad.
