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Por: Julián Espinosa 

La seguridad ha dejado de ser un valor político común y se ha convertido en un instrumento del que se han adueñado sectores políticos para la consecución de sus fines programáticos. Si se habla de seguridad es porque pertenece a los sectores de la derecha y, en cambio, si se habla de ser garantistas con las libertades, es porque son de izquierda. ¿En qué momento la seguridad terminó siendo del discurso de la derecha y relegada de las opciones alternativas de los discursos políticos?

Por supuesto, la asociación directa que se hace de la derecha con la seguridad ha sido la llamada Política de Defensa y Seguridad Democrática de la era Uribe. Hoy sigue siendo un anhelo del uribismo para posicionarse en las elecciones regionales. Por otro lado, está la idea de la seguridad humana de los años 90´s, el enfoque del petrismo que pretende abarcar las dimensiones humanas, más allá de las lógicas del sistema policivo. En ambos casos, sus políticas son necesarias, pero no suficientes. Considero que tanto la una como la otra, en el contexto colombiano, se deben trascender mediante la seguridad vital.

La seguridad vital no implica exclusivamente que la inseguridad se contrarresta exclusivamente con el fortalecimiento de la fuerza pública o atacando las causas sociales que llevan al crimen. No son estrategias excluyentes, por el contrario, se deben complementar. Se necesita de ambas estrategias, pero, a diferencia de la seguridad democrática y la seguridad humana, la seguridad vital, primero, tiene como objeto referente la vida humana y no humana: es biocéntrica; y segundo, propende del fortalecimiento de un aparato de justicia que evite la impunidad.

Frente a esto último, es claro que no se puede ceder en la lucha contra la delincuencia y que no tiene relación con las luchas sociales o la falta de oportunidades. No se puede escudar a la delincuencia. El delincuente debe pagar ante la justicia. Por eso, la impunidad no puede ser la bandera de los procesos de paz ni la de un sistema de justicia ineficiente. Atacar las causas sociales son acciones preventivas y no reactivas, y la Fuerza Pública está para contener la criminalidad. Por eso, hay que fortaleciendo la Fuerza Pública como un complemento para la seguridad vital. No satanizarlas, sino valorarlas y darles su lugar en la construcción de paz.

Por último, para la seguridad vital, en los planes estratégicos sobre seguridad ciudadana es importante construirlos con la sociedad civil y la ciudadanía otorgándoles corresponsabilidad. Es expresar que la seguridad, además de ser un derecho, también implica unos deberes en sintonía con las instituciones territoriales. Por eso, motivé la creación de la ya conocida ChoroAlerta (www.choroalerta.com). Una herramienta que nos permite denunciar y alertar sobre situaciones de hurto, vandalismo, riñas y otros delitos que pasan en nuestros barrios con el fin de fomentar la cultura de la denuncia, la prevención y la corresponsabilidad.

Como apelación final, considero que las nuevas dinámicas del presente histórico nos han puesto frente a sí unas nuevas amenazas que requieren de un esfuerzo interinstitucional y de políticas sociales con la corresponsabilidad ciudadana que pretendan construir paz, pero no bajo los pretextos de seguir desarrollando esa idea de la guerra contra el enemigo interno o de promover la impunidad en nombre de la paz.

 

Columnista

commanager@confidencialcolombia.com

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