Por: Hugo Acero Velásquez
En América Latina las cárceles son una renta más para los delincuentes y corruptos. No son parte de la solución para enfrentar los problemas de violencia, delincuencia e impunidad, hacen parte de los problemas que hay que enfrentar y solucionar.
La amenaza de la cárcel no disuade la acción de los delincuentes, estos la convirtieron en el sitio más seguro desde donde pueden seguir delinquiendo, las controlan y las convirtieron en otra fuente de recursos que comparten con algunos servidores públicos corruptos, en medio del “todo vale”. En Colombia lo mínimo que un interno o interna debe pagar a los crimínales y corruptos para poder vivir “más o menos” en las cárceles son cinco millones de pesos mensuales. Igual sucede en las demás cárceles de la región.
Colombia, según el informe “El triste panorama de las cárceles latinoamericanas”, publicado por El Tiempo https://www.eltiempo.com/amp/mundo/latinoamerica/carceles-latinoamericanas-triste-panorama-793515, Colombia tiene uno de los niveles más bajos de hacinamiento, pero no reportó la situación más inhumana y violatoria de los DDHH de la región, cerca de 23.000 personas viven todos los días en un hacinamiento que supera el 250% y en algunos casos el 500%
En estaciones de policías y Unidades de Reacción Inmediata -URI- de la Fiscalía de Colombia estas 23 mil personas están “viviendo” todos los días, las 24 horas del día, en menos de un metro cuadrado, algunos llevan meses y años en esa condición infrahumana, sin que hasta el momento se haya hecho algo para solucionar este grave problema, salvo las acciones que han emprendido las ciudades de Medellín (2018) y Bogotá (2020).
El Gobierno Nacional dirá que este es un problema que deben resolver las alcaldías y departamentos. Este es un problema de Estado donde debe participar activamente el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y el Congreso de la República porque hacen falta recursos para reconstruir el sistema carcelario y penitenciario que es obsoleto, más del 80% de las cárceles tienen más de 50 años de construcción y su gobernabilidad siempre ha estado en entredicho por el control delincuencial y la corrupción que han tenido algunos servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-.
Aquí se requiere un Plan Maestro de Equipamientos Carcelarios y Penitenciarios que involucre a los alcaldes y gobernadores, un Plan que contemple cuatro áreas estratégicas:
- Una, nueva infraestructura carcelaria que actualice las cárceles viejas y obsoletas.
- Dos, profesionalización y mejoramiento laboral del personal administrativo y de guardia que mejore su gestión y disminuya la corrupción.
- Tres, fortalecimiento de los sistemas de seguridad, disciplina y control, que el Estado recupere el control de las cárceles y
- Cuatro, un modelo pedagógico de resocialización y desarrollo de los internos e internas.
Sin recursos y decisión política, el sistema carcelario y penitenciario de Colombia y de la región, seguirá siendo otro problema de violencia, delincuencia e impunidad.
