El Tribunal Administrativo de Nariño notificó la sentencia de segunda instancia donde ratifica el fallo a favor emitido por un Juzgado de Pasto que declaró la violación de los derechos fundamentales al debido proceso, consulta previa, participación y acceso a la información, por parte de la Policía Nacional y la ANLA, quienes quisieron imponer una audiencia pública virtual sin considerar las restricciones y limitaciones a los derechos tutelados, en particular de las comunidades que habitan los territorios rurales de los 104 municipios que se verían afectados con esta decisión.
Pese a que la ANLA, Policía Nacional, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Asociación Colombiana de Minería y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI-, habían presentado al Tribunal argumentos de inconformidad contra el fallo de primera instancia, este mantuvo la decisión tomada y adoptó nuevos avances significativos respecto al primer fallo.
En primer lugar, confirmó la obligación de realizar consultas previas para las comunidades indígenas, afro y grupos étnicos. Este derecho ya había sido tutelado, pero no había quedado suficientemente desarrollado. El Gobierno a través de la Resolución 001 del 10 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior, había negado la consulta previa a las comunidades étnicas señalando que sus territorios estaban “excluidos” del “área de influencia” a asperjar. Según lo sostiene esta resolución, es la Policía a quien le corresponde determinar los impactos que tendrá el retorno de las aspersiones, “además de las medidas de mitigación, compensación y reparación que los impactos demandan, y es Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la autoridad administrativa llamada a evaluarlos.”
Es de mencionar que organizaciones como la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC- , el Consejo Mayor Comunitario Del Río Anchicayá, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio De Villagarzón (Putumayo) –Acimvip-, también impugnaron parcialmente el fallo reclamando que por tratarse de la decisión sobre rociar una sustancia tóxica y peligrosa en sus territorios, no sólo se debía hacer una consulta, sino que debía garantizarse el derecho al consentimiento previo, libre e informado.
El Tribunal resolvió validar la obligación de hacer las consultas previas y ordenó asimismo vincular como entidades responsables, además de la ANLA y la Policía, al Ministerio del Interior- Dirección de Consulta Previa; el Ministerio de Salud y Protección Social; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Consejo Nacional de Estupefacientes – CNE. Lo anterior abre el camino, para que las aspersiones áreas dejen de ser vistas únicamente como un asunto de orden público y se alerte sobre las consecuencias sociales del retorno de ese programa a los territorios.
Adicional, el fallo requiere a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, quienes deberán velar e interceder por los derechos de los accionantes dentro del trámite ante la ANLA y se ordena mantener suspendido el proceso hasta tanto se brinden garantías reales y efectivas de participación.
“Celebramos la decisión del Tribunal, pero seguimos advirtiendo que las audiencias públicas, dentro del procedimiento que lleva la ANLA, por sí mismas no garantizan las condiciones de participación reforzada, diálogo genuino deliberativo y en doble vía, rigor, calidad e imparcialidad y observancia de la política pública del punto cuatro de los Acuerdos de Paz, condiciones que según las decisiones emitidas por parte de la Corte Constitucional deben cumplirse dentro procedimiento que decida acerca de la perversa intención del Gobierno de reanudar las aspersiones con Glifosato”, señalaron las organizaciones que presentaron la tutela inicial.
Es de recordar que tres años atrás, la Corte Constitucional había reprochado en la sentencia T-236 de 2017 que la forma de aprobar el permiso ambiental de una actividad de alta peligrosidad como la aspersión con Glifosato, no seguía una estructura razonable que asegurará la imparcialidad en la toma de la decisión. Esto por cuanto, si bien las medidas para el control del riesgo eran aprobadas por la ANLA, estas eran diseñadas y ejecutadas por el mismo Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de Estupefacientes. Por ello la Corte ordenó reforzar la participación y no hacer meras actividades socialización.
“Hemos venido insistiendo que conforme la regulación normativa, la audiencia pública ambiental no es una instancia de debate ni de discusión, el mismo Auto de la ANLA califica estas audiencias como mecanismos de socialización, cuya finalidad se limita a informar sobre los pormenores de la actividad que se quiere realizar. De este modo, la sola celebración de esta audiencia es insuficiente para cumplir con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional”, precisan las organizaciones.
Asimismo, puntualizan que el Gobierno Nacional está en la obligación de ofrecer y concertar verdaderos y adicionales espacios de participación reforzada en cada uno de los territorios en los que se pretende imponer esta peligrosa y dañina actividad, más aún cuando se tiene que los estudios ambientales que se van a “socializar” en la audiencia y que están bajo evaluación de la ANLA fueron construidos sin la participación e información previa de las comunidades que se verían afectadas.
“Las personas, organizaciones sociales, indígenas, campesinas y afrodescendientes a quienes se tutelaron nuestros derechos, seguiremos rechazando la arbitraria pretensión del Gobierno de imponer una dañina práctica que atenta contra la vida, el ambiente y la salud, y a su vez persista en la fracasada e ineficaz política antidrogas en Colombia que aumenta la violencia en nuestros territorios, incumple los acuerdos de Paz y desconcentra los esfuerzos en la desarticulación de la cadena valor y las estructuras criminales y corruptas dedicadas al narcotráfico, incluyendo el lavado de activos”, insisten.
Este es el listado de organizaciones que ganaron la tutela:
- Liliam Eugenia Gómez Álvarez PhD y Postdoctora en Eco-Etología, Investigadora asociada GSM-Insectario de U.N. Presidente Consejo de Plaguicidas
- Rodrigo Negrete Montes, abogado ambientalista
- Ernesto Mosquera Borrero -Personero del Municipio de Novita, Chocó
- Acueducto Comunitario Vereda La Chapa de la Asociación de Acueductos Comunitarios -ASOACTASCO
- Ambiente y Sociedad
- Asociación Campesina del Sur de Córdoba –ASCUSOR
- Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra – ACVC
- Asociación Campesina Inzá-Tierradentro – ACIT Representante Legal
- Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú – ASODECAS
- Asociación Comunitaria Fortaleza de la Montaña, Guasca
- Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón, Putumayo –ACIMVIP
- Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales del Nudo de los Pastos – SHAQUIÑAN
- Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca –ACONC
- Asociación de Desarrollo Integral Sostenible ADISPA, organización representativa de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica –
- Asociación de Productores Agropecuarios de la Zona Alta del municipio de San Pablo, Bolívar
- Asociación MINGA
- Asociación Nacional Campesina José Antonia Galán Zorro – ASONALCA
- Asociación Nacional Campesina -Coordinador Nacional Agrario –CNA
- Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina -ANZORC
- Asociación No a las Represas en el Territorio – ASONARET de Oporapa, Huila
- Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP
- Ciudad en Movimiento – Popayán
- Colectiva Agraria Abya Yala – CAAY
- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR
- Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo – Facultad de Investigaciones de la ESAP
- Colectivo Fusunga
- Colectivo Jóvenes por la Defensa del Territorio -JODETE, Suroeste de Antioquia
- Colectivo Jurídico Popular
- Colectivo Regional de Apoyo a la Vía Campesina
- Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA
- Colectivo Tierra Libre en Defensa del Territorio de Pitalito, Huila
- Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
- Comité Ambiental en Defensa de la Vida y Red de Comités Ambientales del Tolima
- Comité Ambiental Resguardo Inda Sabaleta –Llorente, Nariño
- Comité Ejecutivo del Paro Cívico de Buenaventura – Vocero
- Comité para la Protección del Agua y Páramos de Norte de Santander
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos-CPDH
- Comité por la Defensa del Agua del municipio de Tauramena, Casanare
- Comité por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio del Cauca
- Consejo Mayor Comunitario del río Anchicayá
- Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC
- Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá – COORDOSAC
- Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana- COCCAM
- Corporación Colectivo CreAcción
- Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez
- Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
- Corporación Compromiso
- Corporación CORMEPAZ
- Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas -CORDATEC
- Corporación LA CEIBA
- Corporación Manaba
- Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales
- Corporación Regional Yariguíes – Grupo de Estudios Sociales, Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (CRY-GEAM)
- Corporación Servicio de Defensa a la Niñez – SEDEN
- Escuela Jurídica Popular – ESPORA
- Foro Social Pan Amazónico – FOSPA –
- Fundación Ambiental Grupos Ecológicos de Risaralda –FUNDAGER
- Fundación Colectivo Somos Uno
- Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social FUNDESCODES, Buenaventura, Valle del Cauca Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Colombia-ANUC-POPAYÁN
- Fundación Ecológica Bacatá
- Fundación por la Defensa de los DDHH y el DIH del oriente y centro Colombiano – DHOC
- Fundación WAKI
- Huerta Las Hadas, Colectiva Las Abejas
- Humanidad Vigente Corporación Jurídica
- JAC El Pañuelito, Usaquén
- Jóvenes Reciclando Paz – Cerro Norte
- La Casa de los Colores, La Calera
- Marcha Carnaval Quindío – Escuela de Pensamiento Círculo de Fuego y Unidad
- Mesa Departamental Para la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá
- Mesa Hídrica de Vistahermosa, Meta
- Mesa Técnica de Trabajo Altos de la Estancia –METTRAES
- Movimiento Ambiental del Guavio
- Movimiento Nacional Ambiental
- Movimiento Ríos Vivos
- Movimiento Social y Político Marcha Patriótica
- Organización Regional Indígena de Casanare –ORIC
- Organización Social Ambiental y Sindical –SINTRAPETROPUTUMAYO
- Plataforma Ambiental Juventudes Unidas por la sostenibilidad del planeta
- Proceso Campesino y Popular de La Vega – PCPV
- Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC Cauca
- Programa SOMOS DEFENSORES
- Proyecto Escuela Comunidad
- Red Nacional del Agua Colombia
- Red por la defensa del agua, la vida y el territorio de Inzá, Cauca
- Representante de la Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT
- Sociedad Internacional de Biodiversidad del Escudo Guayanes -Capítulo Colombia
- Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo – USO Subidrectiva Tauramena
- Vamos por los Derechos
