Juan Luis Castro
Los últimos han sido quizás los días más difíciles para la sociedad colombiana en mucho tiempo. Sin temor a equivocarme las imágenes de esta semana son fruto del descontento y la indignación que genera la desconexión del Estado y sus instituciones con la realidad que viven los millones de ciudadanos y ciudadanas que componen esta nación.
La confrontación que se ha vivido en varias ciudades del país ha causado mucho dolor. No quisiera continuar este escrito sin antes expresar públicamente mi solidaridad con las familias de quienes perdieron la vida en este absurdo. Nada ni nadie justifica el abuso de la fuerza pública y sus nefastos efectos.
¿Para quién se Gobierna? ¿Para quién se legisla? ¿A quiénes se defiende?
La respuesta, en el papel, siempre es la misma: para la ciudadanía. ¿Qué explica entonces las atroces imágenes de esta semana y las atroces decisiones a lo largo de la pandemia? Revisemos en retrospectiva.
Colombia entró en el necesario periodo de aislamiento en medio de una tensa calma social. Recordemos que el final del 2019 estuvo marcado por el levantamiento de varios movimientos ciudadanos exigiendo la defensa de los derechos humanos y la redistribución de la atención (y el presupuesto) del Gobierno Nacional. Los reclamos por la vida de los líderes y lideresas sociales, por una reforma tributaria justa y equitativa, una mejora del sistema de salud, la garantía del acceso a la educación de calidad, entre muchos otros, no son nuevos.
Con tal agitación atenuándose en medio de la virtualidad y el distanciamiento social, los problemas se fueron recrudeciendo. Los asesinatos siguieron en aumento, cientos de miles de pequeñas y medianas empresas quebraron, los trabajadores de la salud prestaron sus servicios sin los elementos de bioseguridad necesarios, miles de familias perdieron sus ingresos y por ende muchos jóvenes vieron afectada la posibilidad de seguir estudiando u optar por hacerlo; y como por si fuera poco los auxilios que estaban destinados a los más necesitados estaban cayendo en los bolsillos equivocados.
Todo esto ante los ojos de un Gobierno sordo, estático y errático, cuyas decisiones apuntaron (y apuntan) en dirección opuesta a la satisfacción de las necesidades del grueso de la población. El Gobierno rechazó la distribución masiva de tapabocas, la inclusión de los elementos de protección como antibacterial y alcohol en la canasta familiar, la ampliación del impuesto a los ultra-ricos, la eliminación de exenciones tributarias a la gran empresa y la puesta en marcha de la Renta Básica.
Nuevamente las y los colombianos vimos con asombro la seguidilla de metidas de pata y eufemismos con los que Iván Duque y su gabinete planearon y planean mantener a flote el sistema de salud del país, fortalecer paulatinamente la economía y hacer frente al malestar generalizado que ha causado su desgobierno.
El constante privilegio a la banca privada y recientemente a Avianca, que con facilidad se lee como una inyección de dinero a las cuentas de los mismos y las mismas avivó aún más el rechazo y la indignación en los hogares.
En ese contexto el país se estremeció con un nuevo caso de abuso de autoridad, el homicidio de Javier Ordoñez. La chispa que prendió la mecha que error tras error se encargaron de construir.
La confianza en las instituciones no ha sido tan débil en la historia de Colombia como lo es hoy. Resulta totalmente comprensible que un amplio sector de la población sienta que se ha fracturado el contrato social y se manifieste.
Lo que se conoce de la investigación que adelanta la fiscalía sobre este caso, es un ejemplo más de cómo la función pública ha sido permeada por una lógica criminal. Pareciera que las ‘manzanas podridas’ son transversales a la acción del Estado colombiano; desde los déspotas procedimientos policiales, pasando por la impunidad, hasta el nepotismo y los egoístas casos de corrupción.
Colombia necesita erradicar esa lógica mafiosa que le suelta rienda a la conducta criminal tanto al interior de las instituciones como en la protesta. Con la destrucción y la zozobra seguimos perdiendo todos los que creemos y trabajamos por un país más justo.
Es normal sentir rabia y desasosiego con lo acontecido. Descalificar el sentimiento de los manifestantes es también desconocer los errores y atropellos que en un principio fueron las causas del estallido. No hay menos honra en agachar la cabeza y tender un puente a la reconciliación.
Hace 20 años la respuesta de la ciudadanía no hubiera sido la misma, la atomización de la información ha traído consigo una generación mucho más activa política y socialmente. Su agencia beneficiará mucho más al país a favor de la proactividad y creación de estrategias de transformación que del desdén.
Nosotros los funcionarios públicos no podemos echar eso en saco roto, las soluciones tradicionales hace rato se nos quedaron cortas. Es nuestro deber reconocer las necesidades actuales de la gente y actuar en sintonía.
“Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe” y la ciudadanía esta cansada de pedir a gritos uno nuevo. Menos mal, siempre hay oportunidades de empezar a enmendar los errores, la más cercana: la discusión del presupuesto nacional.
En medio de esta efervescencia en el Congreso discutiremos la destinación del presupuesto de 314 billones que ya fue aprobado para el 2021, por ello invito a mis colegas a ver en estos debates la oportunidad de responder a las exigencias del pueblo en materia de salud, educación y cultura, que son en ultimas las herramientas con las que podremos reconstruir el puente entre la gente y las instituciones.
P.D.: Por favor no más casos como el de Javier Ordóñez, Julián González, Julieth Ramírez, Laura Michel Melo, Anderson Arboleda, Dilan Cruz y cada una de las víctimas de las más de 50 masacres en lo corrido del año. La vida es sagrada.
