La imputación sin dolo al ex alcalde y ex gobernador Sergio Fajardo, es la cortina de humo para lograr con menos ruido la preclusión de Álvaro Uribe Vélez (ÉL en adelante) este martes seis de abril, cuando la Jueza de Conocimiento decida si reafirma la decisión de la Fiscalía, o si determina que debe ir a juicio. Lo que pretendían el ente de investigaciones judiciales y la defensa de Él, era armar un escándalo monumental para minimizar el impacto de la preclusión.
Les salió muy mal la estrategia, a pesar de que los fiscales Barbosa y Jaimes se fueron a Miami, seguramente para redondear la argumentación de los falsos testigos contra el senador Iván Cepeda, y mirar desde lejos qué efectos producía la decisión contra Fajardo para regresar a recular o sostener unos días la imputación de cargos a fin de llegar con el perfil más bajo posible a la audiencia contra ÉL.
Como dijo Noticias Uno, no se ha encontrado el primer penalista, y digo yo, ni el primer economista, que considere que hubo dolo en la actuación del ex gobernador porque no era posible anticipar semejante volatilidad de la tasa de cambio, cuando esta ahora flota libremente y ya no tiene un piso ni un techo como ocurría hace un tiempo. El cambio pasó de 1.900 pesos por dólar en 2013, a 3.100 pesos en 2015 por una caída en los precios internacionales del petróleo. Eso no lo podía preveer ni Aladino, ni las Big Data Analítica del FMI y del Banco Mundial, ni los laboratorios alemanes de Inteligencia Artificial, ni Putin, ni los chinos, ni Carrasquilla y su combo de “iluminados saca plata a los pobres y regala plata a los mega ricos”, ni la hija de Alicia Arango en el Banco de la República. En lo político, todos los partidos, incluidos algunos senadores del Centro Democrático, se pronunciaron en contra de la decisión de la Fiscalía cuando se dieron cuenta de la estupidez cometida porque de aquí en adelante quedarían a tiro de Tribunal, tanto ex presidentes y políticos, como ministros, gobernadores y los bancos. Es decir, Barbosa, por ayudar a ÉL, pretendía llevarse por delante al poder político y económico.
La estrategia con Fajardo tenía tres propósitos: uno, distraer la audiencia de la posible preclusión contra ÉL; dos, sacarlo de la contienda electoral porque sin Fajardo, el que diga ÉL, le podría ganar nuevamente a Petro; y tres, porque Fajardo dejaría en el tercer lugar al que diga ÉL junto a los demás partidos de la corrupción, puesto que en el 2022 la segunda vuelta será entre Fajardo y Petro. Lo que no piensan, porque están seguros de ganar a todo precio, es que Petro le ganaría está vez al bendecido por ÉL, porque resultó fatal la experiencia con un presidente NO presidenciable, y porque además los neofascistas están desenmascarados y desacreditados ya que han resultado en desgracias nacionales: Trump, Bolsonaro, Orbán, otros, y por supuesto ÉL de acá.
Cualquiera sea la estrategia de la Fiscalía y de la defensa de ÉL (trabajan juntas porque son el mismo equipo, lo cual también es ilegal) para este lunes cinco de abril. Sin embargo, la verdad es que la jueza llegará con todas las luces iluminándola, porque el seis puede materializar el más descarado prevaricato de la justicia colombiana en el juicio a un político, o puede ser el día en que se sienta que aún hay algo de esperanza en la justicia si define que debe ir a juicio. Ella debe entender que la comunidad internacional, comenzando por Biden, Kamala, el Departamento de Estado y de Justicia, la CPI, la CIDH, la ONU, y muchos más, tienen en la mira a los falsos positivos cuyo determinador apunta a ÉL ¿por qué sino quién? Y porque no creo que otros se sigan echando la soga al cuello por salvar al determinador de tanta maldad. Posiblemente Cadena, el defendido por Cancino, será el último bobaso.
Si en derecho se habla, Uribe debe ir a juicio por dos consideraciones principales: una, porque la Fiscalía tiene que decidir con base en lo actuado con rigurosidad por dos salas de la Corte Suprema de Justicia; y dos, porque las nuevas “pruebas” con base en falsos testigos, son de personas de mala catadura, resguardadas en Estados Unidos, y cuyas declaraciones la Corte había hecho a un lado ya que no eran consistentes o porque no quisieron atender su llamado cuando oficialmente los llamaron a dar su versión, caso del Chuzo Sierra.
Pero ¿por qué ocurre esta trama de corrupción y de mala justicia? Por una simple y contundente razón. La ley 906 fue hecha para la impunidad, con el pretexto de ser una ley garantista que solo garantiza impunidad a los más poderosos, y para eso se dejó a la Fiscalía sin nadie que la controle. Es una rueda suelta que hace lo que le da la gana a la hora de impartir justicia o injusticia. Seguramente se hizo de manera deliberada cuando se diseñó, aprobó y sancionó esa ley en el primer gobierno de ÉL. Por eso todos los políticos bandidos buscan que la Fiscalía tenga sus casos, porque saben que fue diseñada para precluir o dejar vencer los términos tal como se ha visto en las últimas semanas, meses y años. Por esta misma razón, los uribistas querían acabar con la JEP para que la Fiscalía lleve sus investigaciones, pues saben que la justicia ordinaria, desde el bunker, les garantiza preclusiones o vencimiento de términos. Es decir, la impunidad está protegida y la justicia está vetada. La Fiscalía se volvió experta en anunciar con bombos y platillos la apertura de investigaciones y luego quedarse callada porque los casos se archivan anticipadamente en la carpeta de vencidos y luego van para la nube.
Lo que vive Colombia en estos días es otra manifestación más de decadencia y destrucción institucional, porque Duque ha creado una especie de absolutismo uribista con nombramientos en las Cortes o por influencia en la elección de personas de bolsillo a la cabeza de los principales organismos de control del Estado, y porque Él ha conducido a Colombia a un populismo de ultraderecha, con tácticas o políticas neofascistas o como se quiera llamar a la destrucción de la democracia en el siglo del covid.
P.D. Recomiendo leer FASCISMO, libro del filósofo norteamericano Jason Stanley.
