No puedo imaginarme al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, ni a ningún otro comandante paramilitar, diseñando un plan estratégico político – económico, que incluyera las variables y los análisis de mercado mundial, los renglones de la economía más productivos, así como los análisis de suelo, agropecuarios, los estudios minero energéticos, el narcotráfico y los mercados de drogas ilícitas, las rutas para el lavado de activos, el tráfico de armas y municiones, las proyecciones políticas del país, las estrategias de comunicación, la creación de partidos y las campañas electorales, las tácticas militares y de inteligencia, la identificación de los enemigos políticos y sociales más sobresalientes y finalmente las leyes y los programas que hicieron posible que un selecto grupo de personas se apoderara de gran parte de la riqueza del país, de las empresas y sectores económicos más productivos, de las tierras más fértiles, de la cultura y el Estado.
A esta parte de las historias dolorosas de los paramilitares que nos está recordando el excomandante Mancuso, gracias a la pertinente y valerosa labor de las y los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, y que seguramente será seguida por otros comparecientes, le falta un meta relato, cuyo hilo se puede encontrar en los informes de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pero que por su carácter no pueden ser utilizados en los estrados de Justicia Transicional y Restaurativa.
Tendrán los comparecientes y en este caso el sr. Mancuso, que aportar las pruebas que soportan sus testimonios, pruebas que hagan posible una mayor precisión sobre las responsabilidades de cada una de las personas nombradas en sus relatos, los alcances de sus acciones, los autores intelectuales, los socios estratégicos, el papel de los políticos locales, de los gremios económicos, de las empresas financiadores del paramilitarismo y beneficiarias de sus actuaciones. Muchos de ellos seguramente, se mantienen hoy impolutos en el poder local, regional y nacional.
En Colombia más 800 grupos y movimientos campesinos, sociales, comunitarias, sindicales, comunales, de mujeres, resguardos, consejos comunitarios, municipios, etc., han sido reconocidos como sujetos de reparación colectiva. Éstos son procesos organizativos “que sufrieron daños colectivos, es decir, transformaciones a sus elementos característicos como colectivo debido a vulneraciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos y violaciones a los Derechos Colectivos en el contexto del conflicto armado”, como se caracteriza a partir de la Ley 1448 de 2011.
Detrás de cada sujeto colectivo de reparación, existe una historia social, política y económica que los convirtió en objetivo, en víctima, no solo de un actor armado, sino de una estrategia política y económica, ligada a la imposición de un modelo de desarrollo, que desconoce los derechos fundamentales y que busca, sin importar el dolor y las consecuencias, el enriquecimiento ilegal de unos pocos.
Identificar la organización a destruir o cooptar, establecer una estrategia de comunicaciones para desacreditarla, estigmatizar, señalar, amenazar, desplazar, exiliar o finalmente asesinar a sus directivos y familiares fue, en resumen, la estrategia que se aplicó y aún hoy se aplica, contra el movimiento sindical. A manera ejemplos hay muchos, pero podemos citar para este escrito en particular, lo sucedido con el Sindicato de Trabajadores de Telecom-SITTELECOM, sujeto víctima reconocido, perseguido y llevado al exterminio por su labor en defensa de esta importante empresa del Estado Colombiano, que posteriormente fue privatizada y desmantelada. Otro ejemplo de ello, ha sido el exterminio al que fue sometida la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- ANUC, debido a su insistencia para que en Colombia se adelantara una verdadera y profunda Reforma Rural Integral. Empero, había que debilitar a las organizaciones campesinas, asesinar a sus líderes y lideresas, para quitar del paso a las resistencias al despojo de tierras. Y así podemos citar una lista de centenares de víctimas colectivas, en veredas y ciudades.
Ahora bien, falta que el exjefe paramilitar aporte las pruebas que sustancie su testimonio, falta que entregue en los estrados de la JEP, la punta del hilo a jalar para conocer la verdad y velar el manto de impunidad que cubre los hechos y actores intelectuales que diseñaron la estrategia política, social y económica que ha contribuido a llevar al país al estado en que hoy nos encontramos. Seguramente se verán involucrados en estas verdades algunas y algunos expresidentes, exvicepresidentes, exgobernadores, exalcaldes, exconcejales, exdiputados, excongresistas y muchos otros en ejercicio de sus funciones políticas y administrativas, y también muy seguramente directivos de empresas privadas, ganaderos y productores agropecuarios, banqueros, dueños de medios de comunicación y periodistas, etc.
Deberá llegar el momento en que se remuevan las dificultades y los fueros, para que los expresidentes y exvicepresidentes respondan por el fenómeno paramilitar como estrategia y como cultura del todo vale. Llegará el momento en que la sociedad este madura para hacer posible un nuevo diseño institucional que armonice en un solo cuerpo normativo la justicia transicional y evite en el futuro tensiones entre jurisdicciones y la Corte Suprema de Justicia, un sistema capaz de cerrar la labor desempeñada por Justicia y Paz, e incorporar los nuevos retos de la Paz Total e Integral y sus salidas jurídicas y políticas.
La paz nuevamente requiere de la creatividad y la decisión jurídica de todo el sistema, para que las víctimas y la sociedad conozcamos la más amplia verdad que nos lleve a la superación de la impunidad y especialmente a la reconciliación nacional. Una sociedad sin vencedores ni vencidos, sin venganzas ni retaliaciones, en donde se garantice definitivamente la no repetición de las violencias y se goce plenamente de los Derechos Humanos.
Luis Emil Sanabria D
