La insistencia del Gobierno en no contar con la ingeniería en los caminos comunitarios para la paz total le pasará una cuenta de cobro muy dura a la pequeña ingeniería. Y no se trata de que las Juntas de Acción Comunal -JAC- no trabajen y no participen de su desarrollo local. Al revés, se trata de que ese desarrollo local quede bien hecho con el concurso de la ingeniería, como debe ser.
Desafortunadamente se han manejado imprecisiones por el presidente Petro para empujar esta iniciativa. La primera tiene que ver con que los caminos comunitarios los hacen los grandes contratistas, y la segunda, que las comunidades cuidarán y rendirán la platica. Lo cierto es que los caminos comunitarios los ha hecho la pequeña ingeniería, a punta de órdenes de trabajo como se les decía antes, o pequeños contratos. Y lo segundo niega nuestra realidad, cada vez más aplastante, en la que los políticos en el ejecutivo o en el legislativo se les olvida que la corrupción es rampante y no se puede tener la ingenuidad de planear programas o políticas contando con la honorabilidad de la gente. Menos cuando se sabe que hay una probabilidad importante que las JAC sean presa fácil de politiquería y corrupción. No menor es la preocupación de que el INVÍAS vaya a manejar una inversión de 8 billones de pesos a través de las JAC por todo el país, a toda velocidad y sin estudios mínimos.
Pero el problema va más allá, y no solo se puede dejar como un clamor de la pequeña ingeniería, que de paso, también tiene derecho a su trabajo. Es un un problema legal: en la Ley 842 de 2003, reglamentación del ejercicio de la ingeniería, dice con toda claridad que
“ARTÍCULO 2o. EJERCICIO DE LA INGENIERÍA. Para los efectos de la presente ley, se entiende como ejercicio de la ingeniería, el desempeño de actividades tales como:
- a) Los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la consultoría, la interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y viviendas de toda índole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados, riesgos, drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos y en general líneas de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica y en general todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de la comunidad” (subrayado por fuera del texto original).
Así las cosas, el programa del Gobierno, impulsado velozmente por el INVÍAS, no se puede hacer sin quebrantar esa ley. El programa nacería con vulnerabilidad jurídica entonces. Se ha mencionado que el ingeniero del municipio pondrá la ingeniería necesaria, lo cual a su vez es poco factible dado que en la mayoría de los municipios no se cuenta con un ingeniero idóneo para asumir toda esa responsabilidad.
Y es que una pequeña obra veredal, como lo es un camino en las montañas, suele enfrentar problemas geotécnicos que de no estudiarse y diseñarse bien podrían generar posteriormente fuertes problemas ambientales (erosión, remociones en masa o derrumbes como se les conoce coloquialmente) que tengan impactos desde pérdida de vidas hasta taponamientos que impidan el flujo de la economía de sus habitantes. No es como dice el INVÍAS, que obritas como un box-culvert (alcantarilla rectangular de dimensiones importantes y que hace las veces de un puente), alcantarillas, pavimento (la famosa y no siempre buena “placa-huella”) e increíblemente la aplicación de nuevas tecnologías (!!) se podían construir sin un ingeniero responsable que sepa, no solo interpretar planos y especificaciones, controlar la calidad de los materiales y la construcción, sino interpretar las condiciones cambiantes del terreno y de la realidad en la obra que impliquen tomar decisiones apartándose del diseño original o pedir ayuda calificada.
La mejor forma de armar un desastre es subestimar los riesgos que implica todo trabajo de ingeniería, y más, haciendo carreteras en la difíciles geografía y geología de nuestras húmedas montañas. Así sean pequeñas carreteras comunitarias ¿no es lo deseable para todos, las mismas comunidades y el país en general, que queden bien? No es, como se ve, solo un tema de contratación. Pero en ese frente jurídico se pueden provocar verdaderas avalanchas, que no le convienen ni al Gobierno ni a las comunidades porque ponen en riesgo la ejecución del programa.
En la misma Ley se puede advertir que los funcionarios tendrían implicaciones legales por infringir los siguientes artículos: artículo 14 “El servidor público que en el ejercicio de su cargo, autorice, facilite, patrocine, encubra o permita el ejercicio ilegal de la ingeniería…”, artículo 33, literal h: “Proteger la vida y salud de los miembros de la comunidad, evitando riesgos innecesarios en la ejecución de los trabajos…”; artículo 34, literal a: “Ofrecer o aceptar trabajos en contra de las disposiciones legales vigentes…”; artículo 35, literal b: “Respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias…”; artículo 39, literal d: “…ser guardianes de los intereses de sus clientes…” es decir, las comunidades atendidas.
Y también allí se especifica que el Consejo Nacional de Ingeniería -COPNIA- tendría que actuar por oficio, artículo 60, numeral 3. Revisando las responsabilidades del COPNIA que aplicarían a este caso específico, se encuentran: artículo 26, literal e: “Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones al ejercicio legal de la ingeniería…”; literal f: “Denunciar ante las autoridades competentes los delitos y contravenciones de que tenga conocimiento…”; el difícil literal m: “Con el apoyo de las demás autoridades administrativas y de policía, inspeccionar, vigilar y controlar el ejercicio profesional…”; y el literal p: “Velar por el cumplimiento de la presente ley y de las demás normas que la reglamenten y complementen…”. Lo ideal sería, que como órgano consultivo del Gobierno, le recomiende lo antes posible que no vaya a cometer esta infracción enorme y busque la forma de involucrar la ingeniería requerida.
Si queremos ayudar a la gente del campo a cosechar todos los impactos positivos de los caminos comunitarios que hemos aplaudido en varios artículos anteriores, hay que hacer las cosas bien. Y por supuesto, legalmente. Este es un llamado al Gobierno y sus funcionarios para que repiensen en conjunto con los ingenieros como mejorar el programa de caminos comunitarios para la paz total para que salga bien, en todo sentido, en paz.
Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz
