De acuerdo con el informe de Futuros Urbanos “Panorama del sicariato 2021-2022” “Entre 2017 y 2021 el homicidio por sicariato se duplicó, al pasar de 4.080 a 8.161 casos respectivamente” y en lo que va de 2022 ya se registran 5.072 casos, que representan el 61% del total de los homicidios ocurridos en el país.
Este informe confirma que la mayoría de los homicidios en Colombia se deben a la violencia estructural, ejecutada por delincuentes, y no a problemas de convivencia, como siguen creyendo algunas autoridades. De acuerdo con las cifras presentadas en el estudio de Futuros Urbanos, si se suman los homicidios por sicariato y hurtos registrados entre 2017 y 2021, se tiene que el país pasó del 67,2% de los homicidios por violencia delincuencial en 2017 a 79,7% en 2021.
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Frente al incremento de los homicidios y en especial de la violencia estructural, además de contar con un plan para identificar, perseguir y desarticular las estructuras criminales que están actuando en el país, es necesario contar con un plan antihomicidios que apunte a:
- Aumentar el nivel de esclarecimiento de los homicidios, que está en el 40%, es decir apenas se conoce a 4 de cada 10 homicidas. Para esto se requiere incrementar de manera sustancial el número de investigadores judiciales de la Policía y de la Fiscalía, así como de fiscales especializados en este delito.
- Identificar, perseguir, detener y judicializar a los sicarios y demás asesinos. En el caso del sicariato, algunos de los asesinos son responsables de múltiples casos, sin que hasta ahora hayan sido detenidos y judicializados.
- Trabajar de manera cercana y permanente con las comunidades afectadas. En los barrios no existe impunidad los vecinos saben quién mata, roba y comete otros delitos, y no denuncian por miedo a la retaliación de los delincuentes y porque no tienen confianza en las autoridades. En este campo debe darse una intervención integral del Estado en los territorios donde se concentra la violencia y la delincuencia, donde además de los organismos de seguridad y justicia, participen instituciones de desarrollo social.
- Combatir el comercio ilegal de armas de fuego y ejercer control y decomisar armas ilegales y legales que portan los ciudadanos en los ciudades y territorios.
- Fortalecer el sistema carcelario y penitenciario. El hacinamiento, el control delincuencial de las cárceles y la reproducción de la violencia y la delincuencia que se genera en estos establecimientos no se arregla solo con justicia restaurativa. Hay que acabar con la corrupción e ineficiencia del Inpec y la Uspec y mejorar las condiciones generales de reclusión en el país. Hoy, más del 60% de los establecimientos carcelarios no son adecuados y en la gran mayoría se violan los DD. HH.
- Ejecutar acciones contundentes en contra de las estructuras criminales organizadas de uso legitimo de la fuerza, en el marco del Estado de derecho.
- Frente a los homicidios y violencia por problemas de convivencia, hay que fortalecer y crear más organizaciones comunitarias, crear capital social, promover y capacitar a los ciudadanos en mecanismos alternativos de solución de conflictos y contar con programa de justicia cercana a los ciudadanos.
