Sobre el paro en la vía Quibdó – Medellín

Líderes de Tutunendo, La Troje y Guadalupe acudieron a las vías de hecho el pasado sábado 17 de junio tras 9 meses de incumplimiento de los acuerdos con la alcaldía de Quibdó, pactados luego del Paro del año pasado en temas como salud, educación e infraestructuras (vías terciarias, acueducto y alcantarillado placa polideportiva, fluído eléctrico, conexión a internet). Cerraron la carretera que conecta con Medellín el pasado sábado para ejercer presión.

Como parte del compromiso de esta curul con Chocó dispusimos nuestros oficios para construir una mesa de diálogo con comunidad, iglesia católica, y líderes del paro, con el fin de ayudar a avanzar en el cumplimiento de los acuerdos. Cada mes se le hará seguimiento al cumplimiento de lo acordado con el acompañamiento de la curul.

Los manifestantes alegan que en cuanto a los acuerdos de 2023 no se ha logrado ningún avance, a pesar de que debería haberse alcanzado un progreso del 50 % en esta etapa. Aún así deciden levantar el Paro la madrugada del día domingo 18 de junio, en una muestra de voluntad de la comunidad para el diálogo y la concertación.

Según José Benigno Gamboa Palacios, vocero y representante de la mesa negociadora  “algunos de los compromisos pactados para la vigencia 2022 se encuentran inconclusos a la fecha y los que completaron un 100% en la ejecución se entregaron fuera del tiempo estipulado. Hasta el momento los órganos de control (Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo) se comprometieron a realizar seguimiento de los compromisos pactados para 2022 y 2023; sin embargo no han presentado ante ninguna de las comunidades ningún documento que respalde las acciones realizadas”.

En medio de la protesta la comunidad siempre tuvo como prioridad el establecimiento de acciones humanitarias: paso de ambulancias, carros fúnebres, adultos mayores, mujeres en estado de gestación y con niños en brazos, personas en delicado estado de salud y fuerzas militares. Esperamos que se cumplan los acuerdos y que las comunidades no tengan que exigir sus derechos fundamentales por las vías de hecho.

 

 

 

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